Columnistas

緼 qui閚 sirve la justicia colombiana?
Autor: Iv醤 Guzm醤 L髉ez
11 de Noviembre de 2014


La sabidur韆 popular, fuente y esencia del inmortal Don Quijote de la Mancha, es tan rica en nuestro medio que no existe tema vedado para ella, y tal vez, como el mejor columnista o escritor sat韗ico, interpreta la realidad...

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ivanguzman790@gmail.com


La sabiduría popular, fuente y esencia del inmortal Don Quijote de la Mancha, es tan rica en nuestro medio que no existe tema vedado para ella, y tal vez, como el mejor columnista o escritor satírico, interpreta la realidad de forma verdaderamente certera y deliciosa: en una tertulia de amigos, a donde llega gente humilde, ¡no faltaba más!, contaron la siguiente historia, a manera de chiste: El presidente de Bolivia, Evo Morales, invitó a palacio a un expresidente  colombiano, y hablándole de sus ministerios, concluyó: “Y para finalizar, señor Presidente,  éste es el  Ministerio de Mares”. “¡Pero cómo! -Interrumpió el mandatario colombiano-, ¡si ustedes no tienen mar!”. A lo cual respondió el boliviano: “Pero ustedes tienen Ministerio de Justicia..., y sin embargo...,  dicen que en Colombia, no hay justicia”.  


Sin duda el Presidente boliviano, o el chistoso, dio en el clavo: la percepción histórica es que en Colombia no tenemos justicia. Los abuelos hablaban de que “La justicia es para los de ruana”; Álvaro Salóm Becerra, el extraordinario escritor Bogotano, decía que “La justicia es un perro rabioso que sólo muerde a los de ruana”; y hoy, el porcentaje de opinión desfavorable hacia la justicia colombiana, es del 98%. El aparato judicial colombiano cuenta con cinco órganos máximos, independientes entre sí, encargados de la administración de justicia: La Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. De otro lado, como órganos de control de la función pública están la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, el grado de impunidad es aterrador. Todos los magnicidios, por ejemplo, desde el asesinato del general Uribe Uribe, hasta nuestros días, pasando por el de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado, Guillermo Cano, entre cientos de anónimos, están en la total impunidad.  


Tal y como lo afirma la investigadora y asesora del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes, Magdalena Holguín, “Las cifras de impunidad en Colombia son aterradoras; esta se ha mantenido en un porcentaje cercano o superior al 90 por ciento. Los casos de impunidad no sólo se limitan a los crímenes más violentos; el continuo desfalco que sufren las entidades públicas y los interminables casos de corrupción administrativa al nivel nacional y local son también actos que rara vez llevan al castigo de quienes los cometen. Muchos de los funcionarios públicos comprometidos en estos casos –por increíble que parezca– afirman tajantemente que no están dispuestos a renunciar a sus cargos. Otros optan por “fugarse del país” y pedir asilo a un gobierno “amigo”, invocando persecución política. Y si la opinión pública obliga a la justicia, los castigos son irrisorios y sujetos a retaliaciones de los encartados o a rebajas de penas en segundas y terceras instancias. Para muestra, el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, donde uno de los hermanitos Moreno Rojas,  el exsenador Iván,  condenado a escasos 14 años por semejante traición y defraudación a Bogotá y a la Patria, ya advirtió que presentará su caso a la Comisión Interamericana de derechos Humanos, con el argumento de que “hay un complot en su contra”. Y ocurren cosas llenas de misterio que la comunidad no entiende. Es el caso del proceso contra el secretario de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia Restrepo y otros tres funcionarios de la Gobernación de Antioquia, que se inició luego de que le revocaran la adjudicación del contrato por 90 mil millones de pesos, para construir los 4,1 kilómetros que conecta la Avenida 80 con el Túnel Fernando Gómez Martínez, al consorcio Coparco, conformado por las firmas Conasfaltos, Arquitectura y Concreto y Copcisa, y la adjudicaran después a Ferrocol - Loma Hermosa, integrado por Ferrovial y Colpatria. Ahora resulta que Irma Trujillo Ardila, procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, modificó la decisión de primera instancia del pasado 14 de mayo que destituyó e inhabilitó a Valencia para ejercer cargos públicos por un periodo de 11 años, y la redujo a  una simple suspensión de 8 meses para el secretario Mauricio Valencia Restrepo y suspensiones en el ejercicio de sus cargos por 8, 6 y 10 meses respectivamente, a Sebastián Álvarez, gerente de Proyectos Estratégicos; Juan Carlos Restrepo, director general de Proyectos Estratégicos y Orlando España, director de Asuntos Legales del departamento. 


Puntada final: antes, se acostumbraba que el funcionario público implicado en “estas cosas” presentara renuncia definitiva al cargo. Hoy, no sólo permanece sino que solicita apelaciones de la mano de un “buen abogado”, hasta que se le exonere de cualquier culpa. Como en el caso del exalcalde Alonso Salazar Jaramillo. Hay quienes hasta se atreven a demandar al Estado. Asunto de transparencia, dirán algunos.




Comentarios
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Arley
2014/11/20 09:18:32 pm
Es triste que en un pa韘 se siga presentando esta situaci髇 de falta de justicia, ocasionando el detrimento de las instituciones y fomentando indirectamente la violencia. Ya que al no haber justicia, las personas la toman por propias manos y amparados en el hecho de que nadie investiga, y si lo hacen lo mas seguro es que resulte inculpado alg鷑 inocente. Tomando esto de referencia, no me imagino el futuro que le espera a nuestros hijos, al vivir en un pa韘 dirigido por personas indolentes, que tan solo buscan enriquecer sus arcas a costas del desangre de una regi髇.