Editorial

¿Cuántas vidas?
10 de Noviembre de 2014


Qué insensato resulta hablar de bienestar económico cuando el trabajo no garantiza vida y seguridad para las personas y no ofrece desarrollo a pueblos.

El rescate, a la medianoche del sábado, del cuerpo de uno de los doce mineros sepultados en la mina La Cancha de Amagá, y el avistamiento, al cierre de esta edición, de nueve personas más, es penosa confirmación de la tragedia sospechada desde el pasado 30 de octubre, cuando se conoció del accidente causado por la explosión de una bolsa de agua aledaña al socavón ubicado en la vereda La Ferrería. Con dolor, extendemos un saludo solidario a los deudos, los mineros de la cuenca de la Sinifaná y a las autoridades enfrentadas a los daños que causa la minería ilegal.


Tras la tragedia, autoridades de Amagá y la Gobernación de Antioquia insistieron en la legalidad del socavón donde se presentó el accidente. La versión fue desmentida ayer por el diario El Espectador, que tomó resoluciones, comunicados y documentos privados en los que la Superintendencia de Sociedades alertaba, con urgencia, a autoridades y responsables empresariales por el riesgo inminente en cuarenta bocas de mina abiertas en terrenos que pertenecen, hasta que los reintegre al Estado, a la sociedad Industrial Hullera, en liquidación obligatoria desde el año 2003. Mediante resolución del 7 de mayo de 2014, el organismo de vigilancia ordenó “a la autoridad minera competente proceder de acuerdo a lo establecido en el código minero, para evitar una catástrofe con ocasión de la actividad de minería ilegal que se ejerce en dicha zona”. En la misma agrega que “de no adoptarse las medidas pertinentes por parte de la autoridad minera competente, se podrían generar hechos que eventualmente comprometerían la responsabilidad de los entes del Estado”. La Gobernación de Antioquia comunicó que mantenía contacto con las autoridades ambientales, de policía y de Amagá y que había contratado un estudio topográfico en la vereda La Ferrería, donde operó Industrial Hullera. Las medidas no alcanzaron a proteger vidas que, según la alerta, estaban en serio riesgo.


La resolución 2014-01-233097 suscrita por la superintendente Ángela María Echeverri Ramírez, delegada para los procedimientos de insolvencia, incluye una frase de gran importancia, en tanto se refiere a una práctica descuidada por el Estado a pesar de que tiene grave impacto en la minería. Dice el documento oficial: “Es preciso advertir que si bien es cierto, los mineros ilegales se encuentran en la zona, los mismos no están por cuenta de la sociedad en liquidación, como tampoco ostentan la calidad de acreedores de la concursada”. Se confirma, pues, como hemos denunciado en los accidentes de Buriticá y Remedios, y en operaciones del Occidente de Antioquia, que las minas cumplidoras de obligaciones de seguridad laboral, protección a los trabajadores, cuidado del medioambiente y pago de impuestos y regalías enfrentan la invasión de mineros ilegales que las autoridades dejan pasar, en Amagá, por temor a la pérdida de ingresos para la mayor parte de los treinta mil habitantes del municipio, personas que, sin importar su edad, condiciones de salud o responsabilidades con los suyos, se arriesgan en socavones que este año se han llevado casi treinta vidas. 


El Grupo de Salvamento y Seguridad Minera de la Agencia Nacional Minera publicó a comienzos de octubre un informe que pasó casi desapercibido para la opinión pública y que merece ser estudiado con detenimiento por las autoridades y, en especial, por los líderes de opinión que impulsan la campaña contra la minería formal, que, a más de cumplidora de sus deberes, está controlada por sindicatos de trabajadores que imponen el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Según ese documento, a 9 de octubre se habían presentado en el país setenta emergencias mineras, que dejaban 94 personas muertas, setenta heridas y 23 ilesas. Indica, además, que el 71 % de las emergencias se presentaron en minas formales, pero la accidentalidad en minas ilegales representa más pérdidas fatales: hasta comienzos de octubre habían muerto cincuenta mineros en esas explotaciones, que, por demás, no tienen garantías de protección personal para los heridos ni las familias para deudos que quedan en máximas condiciones de desprotección y riesgo de repetir la tragedia de sus parientes. 


Qué insensato resulta hablar de bienestar económico cuando el trabajo no garantiza vida y seguridad para las personas y no ofrece desarrollo a pueblos que, como los de la Cuenca de la Sinifaná, están sometidos a tal precariedad que ni avizoran sus posibilidades con otras actividades que pueden ofrecer prosperidad y vida segura a los habitantes presentes y futuros.