Editorial

Contra el alma de la Noviolencia
7 de Noviembre de 2014


Aparece el vacío de cómo el Estado va a defender a pueblos que ya sienten sobre sí la amenaza física de un nuevo poder que se ejerce con toda violencia, mientras sus responsables gozan de protección especial en La Habana.

Manuel Antonio Tumiñá, coordinador de la Guardia indígena del resguardo de Toribio, de 42 años, y Daniel Coicué, integrante de la Guardia indígena de la comunidad de San Francisco, de 63 años, que el pasado miércoles cumplían labores de protección al territorio del pueblo Nasa, en el norte del Cauca, sumaron sus nombres a los treinta miembros de su comunidad asesinados desde el año pasado: quince por las Farc y los demás por paramilitares o agentes no esclarecidos, según el reporte de Derechos Humanos de estos pueblos. Ellos fueron asesinados cuando, a petición de las autoridades indígenas, estaban quitando vallas alusivas a alias Alfonso Cano que los guerrilleros habían puesto en distintos lugares del municipio indígena de Toribío, en el que también repartían panfletos y grabaciones propagandísticas del grupo guerrillero; previo a levantar las vallas, habían pedido a los guerrilleros que ellos las quitaran y se retiraran del pueblo.


La Guardia indígena es una organización de carácter cívico y comunitario creada por el pueblo Nasa, que actúa desarmada para defender sus territorios ancestrales. Por su trabajo civil, noviolento y en conexión con las comunidades que defienden mediante la conversación, la acción cívica y sus bastones de mando, la Unesco la declaró en el año 2000, Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y en 2004 recibió el Premio nacional de Paz. Por sus convicciones, este pueblo no admite presencia guerrillera en su comunidad y castiga, según la justicia indígena que en el país tiene rango constitucional, a sus miembros que se unan a la guerrilla o el paramilitarismo, además de tener objeción de conciencia para el servicio militar. Sus denuncias contra la violencia, sus reclamos por respeto a sus convicciones y sus acciones, en el marco de la unidad comunitaria, los han convertido en blanco de la guerrilla y en víctimas de impunidad.


Durante las negociaciones por el fin del conflicto armado, el frente sexto de las Farc, comandado por alias Pacho Chino, que acaba de ser enviado a la Mesa de conversaciones de La Habana, ha arreciado los crímenes contra ese pueblo, llegando a tal grado de crueldad que sus líderes han solicitado que se impulsen acuerdos humanitarios que garanticen el desminado de sus territorios, el fin del reclutamiento y respeto por su voluntad noviolenta, así como han clamado, también infructuosamente, que miembros de su comunidad lleven la agenda indígena ante sus victimarios. Mientras tanto, siguen defendiendo sus territorios y comunidades con el simbolismo de bastones de mando, la fuerza de la solidaridad y una gran confianza en sus palabras.  


El proselitismo armado de las Farc en el sur del país fue denunciado, tras la muerte de los dos miembros de la Guardia Indígena, en un comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, que señaló que “estas vallas están instaladas en diferentes sitios del Cauca, al igual que mensajes alusivos a las Farc en los sitios comunitarios y centros educativos”, acción a la que las autoridades indígenas han respondido con la determinación comunitaria de quitar las vallas y no permitir que los guerrilleros aprovechen los territorios para sus actividades. Entre pueblos que tienen fuertes razones de identidad cultural y política, el proselitismo y la agresión encuentran resistencia y reacción noviolenta que, como en este caso, impone una injusta carga de dolor a quienes la ejecutan y al pueblo que pierde vidas queridas. Pero ¿qué pasa en otras comunidades sometidas a actividades similares y falta de unidad y fuerza para contestarlas?


En los puntos hasta ahora acordados en la Mesa de conversaciones, y divulgados por el Gobierno Nacional, se han consagrado dos figuras que dan amplio poder territorial a la guerrilla de las Farc. El acuerdo sobre la política de desarrollo agrario da especial prioridad a la protección de las zonas de reserva campesina, como territorios especiales, sin aclarar su incidencia frente a los resguardos y los territorios que los indígenas buscan que sean defendidos para ellos. Y el mismo acuerdo, en el aparte de participación política, define circunscripciones especiales en zonas en las que se necesita el impulso a la participación política. Con las agresiones directas de las Farc a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y su enfrentamiento contra la determinación de esas comunidades de seguir avanzando en la consolidación de su propio proyecto político y cultural, aparece el vacío de cómo el Estado va a defender a pueblos que ya sienten sobre sí la amenaza física de un nuevo poder que se ejerce con toda violencia, mientras sus responsables gozan de protección especial en La Habana.