Editorial

El silencio sobre los inocentes
4 de Noviembre de 2014


El doctor de la Calle insiste en el libreto que ha permitido minimizar a las v韈timas y que se realiza con procedimientos varios.

Al finalizar la trigésima ronda de conversaciones en La Habana, el jefe negociador del Gobierno hizo una fuerte declaración sobre el desarme de la guerrilla, tema a discutir una vez se definan los acuerdos sobre la restitución de los derechos de las víctimas de las Farc y de agentes de la Fuerza Pública en razón del conflicto con ese grupo terrorista. Así, el doctor de la Calle insiste en el libreto que ha permitido minimizar a las víctimas y que se realiza con procedimientos varios, como el ocultamiento mediante estrategias como el desconocimiento de sus organizaciones como voceras ante la Mesa de conversaciones; su mínima participación en las delegaciones a La Habana; el maltrato y la reducción de sus demandas a peticiones privadas de perdón. Por ese desconocimiento, miembros de la Mesa Nacional de Víctimas y los participantes en el Foro Colombia abraza a las víctimas de las Farc han declarado insatisfechas sus exigencias de que la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, sean los resultados mínimos de este proceso.


El cinismo de las Farc frente a los colombianos que siguen victimizando ha llegado a máximos en el trato a quienes piden respeto por sus derechos o que han puesto en evidencia la crueldad a que llegó esa narco-guerrilla, pero está presente en cada intervención pública que les implique asumir responsabilidades por su guerra contra el pueblo colombiano. En efecto, a la tímida declaración de responsabilidades en la que afirmaron “reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda, que al prolongarse ha generado mayores y múltiples impactos” (como si se tratara de daños colaterales involuntarios), le siguió la agresiva manifestación en la que aseveraron que “evidentemente nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad” y posaron de sufridos declarando que “algunas voces se han venido alzando buscando confundir al pueblo colombiano y a la comunidad internacional”. Por eso hemos insistido a la Fiscalía General de la Nación, para que cumpla con su deber de revisar y evaluar -al menos entre los delitos atroces sobre los cuales ya hay sentencias en firme contra el secretariado de las Farc- como crímenes de lesa humanidad y violaciones al DIH por las Farc. ¿Si los representantes de nuestro Estado de derecho, no cumplen con este mínimo, que se puede esperar de las Farc?


Algunos dirán que las Farc buscan el máximo provecho y los mínimos sacrificios en una negociación a la que fueron invitados como pares del Estado, así les faltaran legitimidad política, supremacía militar y apoyo internacional. Ello no justifica la cicatería del Gobierno frente a ciudadanos que debe defender según mandato constitucional, mismo que incumple cuando hace fiestas declarando, como lo hizo el presidente Santos, que “lo que hicieron las Farc -yo tengo que reconocerlo, es un paso importante- de asumir responsabilidad en los crímenes por fuera de lo permitido en una guerra como la que estamos librando” y cuando omite pronunciarse frente a la exigencia de esa guerrilla para que el Estado colombiano asuma la “responsabilidad principal y general” respecto a todas las víctimas en Colombia.


Ante tamaño desequilibrio, cabría esperar que los sistemas de control institucional, en especial el Congreso y los órganos de justicia y los de control social, en particular los partidos y medios de comunicación, se convirtieran en garantes de que el proceso garantice restitución de derechos a las víctimas. La realidad muestra que solo la Procuraduría, limitada en recursos y potestades, y las propias víctimas, a través de sus organizaciones, siguen luchando por sus derechos.


La Fiscalía, que sería garante de la verdad y la justicia, está tan empeñada en hacer lobby internacional para su propuesta de impunidad que aún no presenta iniciativa para fortalecer, con hombres preparados y máximo uso de tecnologías de inspección, su capacidad investigativa, de manera que no se repita la dependencia de los testimonios interesados y los testigos falsos que han contaminado el proceso penal al punto de que el organismo tuvo que crear un grupo especializado en la investigación de falsos testimonios. La opinión es juez realista del silencio de los partidos, y el matoneo de algunos de sus voceros a las víctimas, así como de la complicidad de los medios de comunicación con el ocultamiento de esas verdades, situaciones que prohíjan la ridiculización de sus realidades y la minimización de la legitimidad adquirida, a su pesar, cuando les fueron conculcados sus derechos y les ha sido negada su condición de justos reclamantes frente a una guerrilla arrogante y un estado indolente.