El Mundo

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En el artículo anterior se explicó por qué hay que hablar de la reforma constitucional de 1991 y no de la Constitución de 1991. A las reflexiones hechas, cabe agregar una: la historia constitucional de Colombia no comenzó en ese año. Teníamos un Estado de Derecho, se le hicieron algunas reformas que no lo cambiaron esencialmente, sino en aspectos secundarios. Y en el afán de aparentar transformaciones fundamentales, se hicieron tonterías. Por ejemplo, crear organismos como la Defensoría del Pueblo, que nadie ha podido saber para qué sirve; o establecer la moción de censura de los ministros sin darse cuenta de que sería inoperante por su misma estructura. Prueba de su inutilidad: en casi 24 años no ha habido un solo ministro censurado, a pesar de las torpezas, indelicadezas, faltas disciplinarias y delitos en que han incurrido algunos.

De otra parte, no es verdad que la reforma de 1991 haya sido el resultado de un gran consenso nacional. Si lo hubiera sido  no llevaríamos poco menos de cuarenta reformas. Y no estaría hoy el Congreso improvisando otra “gran reforma” sin un plan definido, sin metas concretas, sin una estrategia política. Veamos:

El Gobierno presenta un proyecto de acto legislativo hecho por aprendices, no por una comisión de expertos en derecho constitucional. Y eso, que es apenas un borrador, empieza a cambiar, sometido al vaivén de los titulares de prensa, al humor de los congresistas, al influjo de  ideas absurdas. A alguien se le ocurre obligar a la gente a votar, a cambio de dádivas o amenazada por multas o por otros castigos, porque entre más votos más democracia: voto obligatorio;  otros se oponen a volver a las circunscripciones departamentales para la elección de senadores, porque les interesa mantener el sistema actual que atomizó los partidos, corrompió la política y deja medio país sin representación en el senado: seguirá la circunscripción nacional. Todo tiene sin cuidado al gobierno. Como si fuera un espectador y no un actor, el Ministro del Interior con nada está comprometido: para él nada es importante pero todo puede serlo. Hay que hacer una reforma, sea cual fuere, como si fueran imperativas las palabras del personaje de “El gatopardo”: “Cambiarlo todo para que todo siga igual.”

Y lo peor de todo: como muchos congresistas votan sin leer, se hacen reformas sin estudio, regresivas y contrarias al interés general. Valga un  ejemplo.

En la Reforma de 1936, durante la República Liberal, se hicieron cambios no de forma sino de fondo, entre ellos, el relativo al derecho de propiedad, que se definió como “una función social que implica obligaciones”. En consecuencia, se estableció la expropiación sin indemnización, por razones de equidad, en los casos determinados por el legislador y mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Así se abrió una puerta que habría permitido cambios impensables –y benéficos- en la sociedad colombiana, particularmente en el campo del dominio de los medios de producción.

¿Qué ocurrió? Que en 1999, durante el gobierno de Pastrana, por medio del Acto Legislativo número 1, se suprimió la expropiación sin indemnización previa, con el pretexto de “darles gusto” a ciertos inversionistas extranjeros. Ese fue un retroceso, no censurado por nadie, ni  siquiera por los que posan de izquierdistas.

Hoy la justicia vive su peor momento. La corrupción ha invadido desde juzgados municipales hasta altos tribunales. Y lo que se diga sobre la degradación del ejercicio de la profesión de abogado, es pálido reflejo de la realidad. Sin embargo, se piensa que todo cambiará, con la supresión del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Para reemplazarlo por qué? ¿Qué estudios se han hecho? 

Por fortuna, esta reformita tendrá un final peor que el de la anterior. ¿Por qué? Porque, se repite, a nadie le interesa. Además, no hay un Darío Echandía, que defienda la de hoy como aquél defendió la de 1936. Y Juan Manuel Santos no renunciará, como lo hiciera Carlos Lleras Restrepo para salvar la de 1968: ¡algo va de Pedro a Pedro!  

Finalmente:  tan maltrecha, tan desaparecida, anda la justicia, que sus “servidores” llevan más de dos semanas en huelga, y esto ya no es noticia. ¡A nadie le hace falta, porque en la práctica, en general,  no existe! Es como las brujas: sí las hay, pero no hay que creer en ellas.