Columnistas

Reforma al equilibrio de poderes: La forma sí afecta el contenido
Autor: Sofia Alejandra Gaviria Correa
22 de Octubre de 2014


Tras la aprobación en segundo debate de la Reforma al equilibrio de poderes es preciso resaltar que, aunque se lograron grandes avances, se dejaron de lado otros muy importantes.

Tras la aprobación en segundo debate de la Reforma al equilibrio de poderes es preciso resaltar que, aunque se lograron grandes avances, se dejaron de lado otros muy importantes. 


La expectativa de mayor y más eficaz participación política de la mujer en el país sufrió un gran revés con el aplazamiento, hasta el 2022, de la puesta en vigencia de la “lista cremallera”.   


El discutido parágrafo al artículo 120 de la Constitución de 1886, que creó el Frente Nacional, resolvió la alternancia de los partidos políticos en el poder durante cuatro períodos en el Ejecutivo, y pospuso así la verdadera democracia durante ese mismo lapso. Del mismo modo, a través del inciso que retrasa la entrada en vigor de la “lista cremallera”, se está posponiendo la democracia,  impidiendo que las mujeres puedan acceder a la participación política en igualdad de condiciones hasta dentro de ocho años. Esto es claro, pues, como decíamos en el artículo anterior, mientras no haya listas cerradas con el modelo de “lista cremallera”, es imposible alcanzar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, competir contra la cultura machista y contra el poder de los varones electorales. Por ende, lo que obtuvimos fue una victoria pírrica. Es un avance, pero no es la evolución que estaba pidiendo el país.


Otro tema fundamental en el que tampoco se adelantó es el de la descentralización. Habíamos propuesto, al igual que lo hizo Cambio Radical, que el Senado estuviera compuesto por 67 curules de circunscripción nacional y 33 de circunscripción departamental: una para cada uno de los departamentos y una adicional para Bogotá. Sin embargo, esta idea fue hundida también por la “aplanadora” del Partido de la U.  


Esto es lamentable, pues esa representación territorial legítima de toda la geografía nacional en el Senado es una auténtica necesidad democrática. En un mundo cada vez más globalizado, donde el medio ambiente, las selvas, los ríos, los páramos deben ser objeto de la protección y del cuidado no sólo del Ejecutivo, sino también de los legisladores, cancelar la posibilidad de esa representatividad de todos los departamentos, con el argumento de que son muy pocos los colombianos que habitan algunos de ellos es un razonamiento absolutamente desfasado de las tendencias a las que está apuntando el mundo.


Y el voto obligatorio también fue, desafortunadamente, hundido, sin la debida discusión, de modo antidemocrático, por el Partido de la U y el Polo Democrático. ¿De dónde ese temor de que se ejerza una verdadera democracia y de que se pueda interpretar que el abstencionismo dramático que hay en Colombia no es fruto de la apatía política, sino del hecho de que, durante las elecciones, no se generan las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos puedan ejercer ese derecho fundamental y, al mismo tiempo, ese deber?  El voto obligatorio conllevaría la ampliación de la jornada de votación, la diversificación de la forma de votar y el establecimiento de la obligación del Estado de garantizar a los electores el traslado hasta las urnas, especialmente en los lugares más recónditos de muchos municipios del país, para que todos los colombianos puedan, por fin, ser incluidos en la democracia.  Colombia perdió esa oportunidad, justamente en las fechas en las que celebramos el centenario del magnicidio del gran pensador liberal Rafael Uribe Uribe, quien, con lucidez, argüía, hace más de un siglo, que:  “El sufragio obligatorio es indispensable en países incipientes, donde no se ha despertado todavía el interés por las luchas electorales (…) Haciéndolo obligatorio, se induce al ciudadano a meditar acerca de la mejor manera de hacerlo (…)  y el resultado de la elección sería la aproximación más humanamente posible a la verdad del querer nacional”. 


Por último, debo confesar que me aparté de la propuesta que presentó el senador Roy Barreras sobre el Tribunal de Aforados, puesto que alteró totalmente la esencia de la propuesta inicial de Viviane Morales, mi compañera de batallas. Barreras buscaba reducir el tribunal a un simple espacio investigativo, quitándole el propósito original, que era que en Colombia, al igual que en los países más civilizados, como Suecia y Alemania, no exista ningún funcionario público con fueros especiales que no pueda ser juzgado. Precisamente a eso debe apuntar nuestra democracia. 


Este segundo debate que se hizo en la plenaria del Senado era una gran oportunidad para mostrarle al país que este es un Congreso renovado; pero, desgraciadamente, pesaron más los intereses personales y electorales de algunos partidos que los intereses de la Nación.  


*Senadora de la República


Codirectora del Partido Liberal