Editorial

Una herramienta contra la ilegalidad
10 de Octubre de 2014


Las licencias ambientales son, en este sentido, una herramienta contra la ilegalidad, pues el no darlas, lo único que incentiva es el aumento de territorios explotados por los ilegales.

La esperada modificación del Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamentó el título octavo de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, para hacer más eficiente y riguroso este proceso, fue anunciada el miércoles por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, quien solo dio a conocer los tres cambios que a juicio del funcionario son “esenciales” con respecto a la norma anterior. Al cierre de esta edición, el documento esperaba la firma presidencial y por lo tanto no se había publicado, por lo que tendremos que ceñir nuestro análisis a lo dicho por el ministro.


La primera novedad, entonces, tiene que ver con la “mejora en la calidad de los estudios de impacto ambiental que entregan los solicitantes”, lo cual se promoverá mediante el rechazo en un lapso de 20 días de aquellos que no cuenten con unos criterios mínimos de calidad, así como la eliminación de la entrega por capítulos de los planes de manejo ambiental, lo cual afectaba los tiempos de respuesta y el trabajo del equipo evaluador. La segunda novedad es la incorporación de “visitas al campo durante la evaluación”, algo inédito hasta el momento, y la tercera es el “requerimiento de información adicional por una sola vez, a través de una reunión con el solicitante”, donde se le explique qué información adicional se requiere y se aclaren las dudas que de parte y parte pueda haber sobre el proyecto de licenciamiento. Nada se dijo sobre la participación de las comunidades, aspecto que se ha convertido en uno de los principales “palos en la rueda” de cualquier proyecto minero.


El decreto ha recibido el apelativo de “licencias exprés” puesto por los ambientalistas para rechazar la pretensión del Gobierno de reducir los plazos de entrega de los permisos, los cuales se mantuvieron en 90 días para la expedición de una licencia nueva y en 60 días para la modificación de una ya existente, tiempos que, en la práctica, no se han estado cumpliendo (el proceso puede durar hasta dos años), en gran medida por la limitada capacidad institucional para evaluar tantas solicitudes, y por las trabas e ineficiencias que este decreto pretende eliminar.


Aunque no demorarán en aparecer nuevos detractores de la iniciativa -algunos de ellos beneficiarios de lo engorroso de los trámites- consideramos que el esfuerzo del Gobierno Nacional por facilitar las cosas a los distintos actores que requieren del licenciamiento ambiental, manteniendo el rigor sobre las exigencias para el debido manejo de los recursos naturales, es positivo, pues no solo se han tenido en cuenta los reclamos de las organizaciones ambientalistas sino que, por fin el Estado decide asumir responsabilidades coherentes con su visión de la minería como una de sus locomotoras para el desarrollo. Vale la pena llamar la atención sobre la desinformación que cunde entre los críticos del proceso de licenciamiento de proyectos mineros, al acusarlos sin sustento del grave deterioro de los recursos naturales que es evidente en ciertas zonas del país. Desconocen que es la minería ilegal la que, en la gran mayoría de los casos, al no responder a ninguna regla de juego, afecta de manera irreparable el ecosistema y la salud pública con el uso indiscriminado de maquinaria y elementos contaminantes como el mercurio y el cianuro, no deja regalías y se apoya en la violencia y la corrupción para mantenerse. Las licencias ambientales son, en este sentido, una herramienta contra la ilegalidad; el no darlas a empresas plenamente identificadas que se comprometen con planes de manejo ambiental, lo único que incentiva es el aumento de territorios explotados por los ilegales, como lo evidencia la situación actual, en la que solo el 1,1 % del territorio nacional, equivalente a 1,3 millones de hectáreas, está legalmente licenciado, mientras que en 307 municipios del país las Farc, el Eln y las bacrim son las que se lucran de esta actividad.


Tal vez el país no ha entendido la dimensión de la problemática en zonas como el Bajo Cauca o el Nordeste antioqueño, o ha olvidado las muertes en los socavones informales de Amagá, Buriticá o Valle del Cauca, o no se percata de la contaminación en los ríos del Chocó. A nosotros nos resulta bastante claro que la única forma de atacar la ilegalidad es, precisamente, facilitando a las empresas formalmente constituidas las herramientas jurídicas para el desarrollo de su labor, con los debidos controles, a fin de que la explotación que el país ha asumido y ha declarado como fuente de desarrollo, aporte la riqueza que se espera y no la ruina que en muchos lugares está dejando.