Editorial

De lesa humanidad
8 de Octubre de 2014


La interpretaci髇 de la norma del Estatuto de Roma y la forma de aplicarla en Colombia se ha dejado en manos de funcionarios judiciales, que hasta ahora la han aprovechado para evitar impunidades por prescripci髇 de los t閞minos para investigar.

El 25 de agosto de 1987 está escrito con letras de dolor en las páginas de la infamia de Colombia. En tan solo once horas, el paramilitarismo asesinó al profesor Luis Felipe Vélez, presidente de Adida, y a los médicos y líderes de Derechos Humanos, Héctor Abad y Leonardo Betancur Taborda. Estos crímenes son de los más emblemáticos de una serie de asesinatos sucesivos cometidos contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, artistas e intelectuales repudiados por la extrema derecha. El maestro Vélez cumplía sus actividades sindicales y, además, era reconocido como simpatizante de la Unión Patriótica, calidad que también se le atribuye al médico salubrista Betancur Taborda. El médico Abad Gómez, además de connotado defensor de Derechos Humanos y dirigente liberal, promovía ideas de tolerancia a través de sus columnas en EL MUNDO y de libros y documentos sobre la violencia, los pensamientos y las situaciones que la favorecen, que reposan en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Sus vidas están inscritas en la galería de los memorables de Antioquia.


La declaratoria que la Fiscalía hizo de esos crímenes como de lesa humanidad revierte la prescripción que pesaba sobre ellos y permite reabrir investigaciones, aplazadas en su momento, que permitirán identificar a los autores materiales y dilucidar quiénes fueron los determinadores de una ola de violencia que sacudió a esta región a fines de los años ochenta. Por las condiciones de la Ley de Justicia y Paz, que permite penas alternativas para esos crímenes si se han cumplido plenamente los requisitos de verdad y reparación, pero las niega si se ha faltado a esos requisitos, la disposición del órgano acusador deja abiertas posibilidades de condenas por la justicia colombiana o la Corte Penal Internacional a los determinadores y los responsables de los crímenes que merecen tal calificación.


En hecho que constituye un triste reconocimiento de su precaria capacidad para investigar hasta los delitos contra la sociedad, la Fiscalía ha usado el estatuto de “crimen de lesa humanidad” para conjurar la prescripción de procesos por crímenes que no fueron investigados y juzgados con oportunidad, abriendo paso a discusiones de gran importancia para el presente y futuro de las decisiones judiciales, sobre la razonabilidad de las declaratorias y sobre el abuso de la figura para salvar las responsabilidades de la justicia colombiana en la resolución de casos emblemáticos, como los que hoy nos ocupan. En efecto, la categoría penal de “lesa humanidad” se ha fijado para garantizar el cumplimiento de la justicia en casos definidos con precisión, no para suplir las incapacidades de la justicia cuando ellas ocurren.


Los crímenes de lesa humanidad están definidos por el Estatuto de Roma como aquellos generalizados, o sea que se cometen contra la población a fin de reducirla o aniquilarla; que son sistemáticos, o sea planificados y cometidos en forma regular para lograr el propósito del determinador, y que afectan a personas protegidas especialmente por el Derecho Internacional Humanitario. El asesinato selectivo y programado, el despojo, el destierro, entre otros, pertenecen a esa clase de crímenes que por su gravedad son imprescriptibles que deben juzgar los estados o, en su defecto, la comunidad internacional.


La Fiscalía colombiana ha proferido actos de declaración de crímenes de lesa humanidad para los cometidos por el narcoterrorismo en el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán y de los ministros Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra, que permanecían impunes y sin investigación. Entre los crímenes cometidos por el paramilitarismo, han recibido tal calificación los asesinatos del senador Manuel Cepeda y de los arriba mencionados. Se negó a hacerlo en el homicidio del humorista Jaime Garzón, mientras que la Corte Suprema de Justicia hizo lo propio con el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri, directora nacional de Acción Comunal. No hay declaratorias de lesa humanidad por crímenes cometidos por las Farc o el Eln. Dado que no existe ley que taxativamente identifique estos delitos y fije los procedimientos para su declaratoria, la interpretación de la norma del Estatuto de Roma y la forma de aplicarla en Colombia se ha dejado en manos de funcionarios judiciales, que hasta ahora la han aprovechado para evitar impunidades por prescripción de los términos para investigar.  Pero es importante señalar, que para los casos en los que sí se han dictado condenas a reos ausentes, como son muchos de los crímenes cometidos por el secretariado de las Farc, la declaratoria de lesa humanidad también operaría, para efectos de evitar concesiones abusivas y nugatorias del Derecho Internacional, como las que se han esbozado en el marco de las actuales negociaciones con ese grupo narcoguerrillero.