Editorial

El tribunal de aforados
1 de Octubre de 2014


A pesar del contexto y del tono político del abogado Montealegre, el Gobierno y el Congreso proponen mantener la discusión en el plano argumentativo, a fin de aclarar sus desacuerdos sobre la institución que debería garantizar la investigación y el juzgamiento a los más altos dignatarios del Estado.

Es lamentable el espectáculo que ha ofrecido el fiscal General, Eduardo Montealegre, al buscar convertir la incipiente discusión sobre el tribunal de aforados en un nuevo pulso de poder y hasta cuestión de honor personal. Impacta que haya incurrido en comparaciones abusivas con las que consigue minimizar, hasta convertirlos en anécdotas, hechos que han herido el alma nacional, como la toma al Palacio de Justicia, y extraña que tan distinguido funcionario apele a consignas populistas y llamados a los jueces y fiscales para que hagan protesta en las calles y juzgados. A pesar del contexto y del tono político del abogado Montealegre, el Gobierno y el Congreso proponen mantener la discusión en el plano argumentativo, a fin de aclarar sus desacuerdos sobre la institución que debería garantizar la investigación y el juzgamiento a los más altos dignatarios del Estado.


Sea esta, por cierto, oportunidad para reclamar del Gobierno y el Congreso un uso más eficiente de las herramientas tecnológicas, gracias al cual se garantice la oportuna publicidad de los textos aprobados en cada debate, a fin de nutrir los análisis juiciosos de los temas. En el caso en comento, nos quedan vacíos importantes en detalles sobre constitución, objeto y funcionamiento; temas que pueden marcar la diferencia en su operación y utilidad.


Según lo publicado, el debate tiene origen en la iniciativa sobre la conformación de un tribunal de aforados, que reemplazaría la Comisión de Acusaciones como ente investigador de los altos cargos, dadas las dudas que persisten sobre su conformación, funcionamiento e imparcialidad. En el primer debate, el Senado determinó que el tribunal también cubra a los dignatarios de la justicia, que, por decisión de la Constitución de 1991 y determinación del Consejo de la Judicatura de 1994, no tienen juez, y definió que el Tribunal de Aforados cumpla tanto las funciones de investigación que corresponden a la Comisión de Acusaciones, como las de juzgamiento, en cabeza del Senado. Este cambio está en la base de las discusiones que persisten entre Congreso y Gobierno.


Según se ha explicado, el tribunal de aforados pretende ser instancia de investigación y juzgamiento para el presidente, los magistrados de las cortes, el fiscal y las cabezas de los órganos de control. En consecuencia, tendría atribuciones de vigilancia y castigo sobre funcionarios que necesitan garantías de no ser víctimas de la politización de la justicia, enfermedad exacerbada en tiempos recientes, pero que al mismo tiempo deberían actuar a sabiendas de que no gozan de inmunidades que les dan patente de corso para abusar de su poder temporal.


Reconocer la importancia de tener un órgano capaz de controlar a los altos dignatarios no significa admitir que el camino inequívoco sea crear un tribunal especial, semejante al existente en España o a los constituidos en Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña, donde los juicios a dignatarios son adelantados por el Congreso, que los investiga y juzga, y tienen cierre en las altas cortes. Si el Gobierno y el Congreso buscan en ese modelo una salida al desencanto con la Comisión de Acusaciones, no deben descuidar aquellas importantes situaciones en que ese órgano ha frenado investigaciones que se consideraban necesarias, pero también aquellos procesos en que ha acertado, entre los que son notorios la acusación al expresidente Samper ante la plenaria de la Cámara, o la profunda investigación, en cabeza del doctor Horacio Serpa, por la actuación del presidente Betancur en la toma del Palacio de Justicia, la cual cerró con la declaración concluyente de que el Gobierno había actuado en el marco de la Constitución y la Ley.


Las líneas precedentes destacan la profundidad del problema sometido a estudio del Congreso y la necesidad de atemperar la discusión, en procura de que los distintos participantes contribuyan a que el país defina un procedimiento institucional sólido que garantice el ejercicio del control equilibrado y suficiente a todas las personas con responsabilidades públicas y realice así el balance de pesos y contrapesos entre las ramas del poder.