Editorial

No se imponen los derechos
29 de Septiembre de 2014


Es antidemocr醫ico, pues, castigar a quien no quiere participar imponi閚dole lo que en realidad es el punto culminante de su derecho democr醫ico.

Un acto que repite lo tramitado en anteriores proyectos de reforma constitucional,  los senadores Horacio Serpa, liberal, y Roy Barreras, de la U, intervinieron la que inicia tránsito para incluir un artículo de voto obligatorio, que el Gobierno, necesitado como está de sumar votantes en próximos comicios, aceptó pero dándole “carácter temporal”. Así ha quedado reabierto el debate sobre este mecanismo exótico a nuestras instituciones y recurrente en los debates congresionales, como sucede con todos los grandes temas de la democracia.


El voto obligatorio surgió con la democracia moderna por iniciativa de holandeses, que lo abolieron, y belgas, que pretendían educar en el ejercicio de este derecho naciente. En América Latina fue importado por los argentinos, que lo adoptaron en 1912, generando un contagio que llegó a Chile (1913 hasta 2012). Sin embargo, fue en los años treinta cuando, impulsado por el miedo al comunismo que emergía con fuerza en Occidente, se extendió por Sudamérica y parte de Centroamérica. Hoy, este imperativo rige en 22 países del mundo, entre ellos diez latinoamericanos.


Los promotores del voto obligatorio alegan, sin que eso sea comprobable, su potencial pedagógico, pues vincula a los ciudadanos a la democracia, su carácter de legitimador de los gobiernos de origen popular. En gracia de discusión, conviene revisar sus efectos en las democracias latinoamericanas que lo adoptaron, así luego lo hubieran derogado, y en la participación electoral de los ciudadanos en esas y otras democracias.


Entre los países latinoamericanos más entusiastas con la figura, se cuentan Argentina, como ya lo mencionamos; Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú y Panamá. Supongamos que la obligación de votar garantiza que la ciudadanía reconozca la democracia como valor insustituible y que se apresta a defenderla. Los hechos, tozudos, demuestran que los países con voto libre, como Colombia, Costa Rica, México incluso, han sido refractarios a tentaciones dictatoriales de cualquier orden y alérgicos a los autoritarismos, mientras que sus más consagrados defensores, como Argentina, Brasil, Uruguay o Ecuador, se han movido entre dictadores de mano férrea y presidentes autoritarios alérgicos a las libertades democráticas.


Los insistentes en el voto obligatorio alegan también que sería legitimador de la democracia y de los gobiernos, en tanto así se garantiza mayor presencia ciudadana en las elecciones. Con esa idea están aceptando, sin análisis suficiente, la premisa filomarxista según la cual los votantes se abstienen solo por desinterés en el sistema o desencanto con la política y sus representantes, desconociendo que esa inasistencia, común a todas las democracias, también expresa la voluntad de delegar la elección en quienes se considera tienen mayor capacidad para ejercerla con sabiduría. Así las cosas, el abstencionista reconoce falta de conocimiento, o de interés, de los programas de los partidos y los aspirantes, mientras que quien participa es quien se siente seguro de decidir lo que conviene al bien común, porque tiene claro qué es lo mejor para la sociedad. Es antidemocrático, pues, castigar a quien no quiere participar imponiéndole lo que en realidad es el punto culminante de su derecho democrático: que su decisión pese lo mismo que la de cualquier otro ciudadano.


Si lo que se busca es llegar a participaciones fuertemente representativas, los hechos son contrarios al querer de los promotores de la obligatoriedad. Hasta en los países que han consagrado el voto obligatorio y que cuentan con las capacidades para la exigibilidad a través del cobro de multas o la imposición de trabajos comunitarios, la abstención electoral puede bordear la de las democracias libres. En la primera vuelta de 2002 en Ecuador, liderada por el expresidente Lucio Gutiérrez, la abstención ascendió a 37 %, mientras que once años después, en 2013, bajo el mando del autoritario Rafael Correa, bajó a 19 %. En Colombia, la abstención histórica bordea la mitad del censo electoral; por ejemplo, en la primera vuelta presidencial alcanzó el 52 % en 2002 mientras que subió al 60 % en la primera vuelta de 2014.


La discusión retrotraída por el Congreso hace volver la mirada al voto como derecho que muchos ciudadanos disfrutan como privilegio y ejercen con responsabilidad, mientras otros tantos lo delegan a quienes consideran que tienen la conciencia, e incluso la preparación, para ejercerlo. Ampliar la cantidad e independencia de los electores debe ser una conquista de la pedagogía democrática, aun en ciernes, no de afanes autoritarios que atienden presiones e intereses emergentes.