Columnistas

Sin rodeos
Autor: Jaime A. Fajardo Landaeta
24 de Septiembre de 2014


Como resultado de sus investigaciones la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de algunos líderes políticos, sociales y gremiales de la región de Urabá, acusados de supuestos vínculos con el bloque paramilitar Élmer Cárdenas ...

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Como resultado de sus investigaciones la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de algunos líderes políticos, sociales y gremiales de la región de Urabá, acusados de supuestos vínculos con el bloque paramilitar Élmer Cárdenas, según se desprende de las revelaciones de su líder, alias El Alemán.


Si bien se debe apoyar al ente investigador, no sobra decir que es necesario esperar los resultados del proceso y no adelantarse a plantear opiniones que puedan lesionar el buen nombre de los implicados o violentar el debido proceso y su derecho a la defensa. El caso nos permite adentrarnos en un problema que requiere de juicioso análisis, para hacer claridad acerca del manejo que debe darse al posconflicto y al proceso de reconciliación de los colombianos.


Durante muchos años, Urabá estuvo azotada por diversos grupos armados que dejaron una elevada cantidad de víctimas y personas desplazadas, al igual que un problema de tierras todavía no resuelto. Primero fueron las Farc, luego el Epl, más adelante los paramilitares y hoy el llamado Clan Úsuga. También hizo presencia temporal la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del Eln. Ahora es un territorio que espera disfrutar de los beneficios del proceso de paz.


Cada grupo ilegal según sus características, origen e ideología, determinó la manera de actuar. Denominador común: todos los ciudadanos estaban sometidos a sus normas, o padecían las fatídicas consecuencias. Aunque es cierto que hubo sectores que acogieron sus decisiones sin ningún reparo y se convirtieron en colaboradores de primer nivel, principalmente aquellas personas que venían de afuera de la región.  Podríamos afirmar que sólo con el aval de los paramilitares se podía construir algún proyecto en la región, pues supieron substituir la institucionalidad y recibieron el apoyo de importantes sectores, hasta el momento en que se concretó su desmovilización.


¿Todas las personas, instituciones y gremios que soportaron el accionar de esos grupos pueden ser señalados como colaboradores y por ende objeto de judicialización? ¿En el posconflicto este asunto no admitirá una solución diferente para consolidar la institucionalidad? Si prima este criterio entonces el posconflicto se reduciría a un proceso de construcción masiva de cárceles para quienes admitieron la presencia de un grupo ilegal. De hecho serán miles las personas que tendrán la misma suerte en el proceso de paz que se lleva a cabo con las Farc, pues son muchos los territorios donde solo se reconoce a dicha guerrilla y no a las instituciones democráticas. La Fiscalía y la Presidencia de la República tienen que evaluar esta situación para plantear las alternativas requeridas.


Acompañamos a la Fiscalía en su empeño por desmontar todas las influencias delictivas de los grupos ilegales en los territorios pero creo que es importante, para la paz, aclarar este aspecto vital para el posconflicto.


Punto final: Que el liderazgo empresarial de Guillermo Gaviria Echeverri inspire a las nuevas generaciones. A su distinguida familia, nuestra solidaridad de siempre.