Columnistas

Entre la omisión y el olvido
Autor: Manuel Manrique Castro
24 de Septiembre de 2014


Las comunidades indígenas aparecen cuando las afecta una tragedia como la de La Guajira y sin ella, continúan en el limbo. Alto precio el que pagan con pocas garantías de solución.

Las comunidades indígenas aparecen cuando las afecta una tragedia como la de La Guajira y sin ella, continúan en el limbo.  Alto precio el que pagan con pocas garantías de solución.  Más costoso, sin embargo, el largo silencio en que viven desde siempre.  Estando en el olvido y viviendo  a su suerte, les llegó el conflicto armado e, indefensas y desprotegidas, poco o nada pudieron hacer sino poner los muertos, presenciar el reclutamiento de sus jóvenes y niños, quedar en medio del fuego cruzado entre guerrilla y paramilitares o salir huyendo hacia realidades llenas de cemento, hostiles y desconocidas, donde reciben maltrato y discriminación mientras su realidad de siempre sigue el implacable curso de la omisión estatal.


Del millón 400 mil indígenas colombianos, 3.4% de la población nacional,  el 40 por ciento  son menores de edad,  sumidos  -como sus comunidades-  en la exclusión y aprisionados por el conflicto armado.  Tienen más riesgo de morir cuando nacen, la desnutrición crónica los afecta varias veces más que al resto de niños en Colombia. Cada niño desnutrido tiene dificultades de aprendizaje y su edad adulta resulta comprometida porque habrá desarrollado menos sus capacidades. En La Guajira hay 4,000 niños desnutridos. Las oportunidades educativas limitadas y los avisos luminosos de las mejorías sociales poco llegan hasta allá.  Mientras predomine una mirada pública centralista que se acuerde de ellos  al vaivén de las crisis y los perciba como la suma de problemas puntuales, hoy la enfermedad, mañana el reclutamiento, y quién sabe cuándo la educación o la protección, nos toparemos con una pared que impide su reconocimiento como colombianos cuyos derechos deben ser reconocidos con prevalencia.  


Hizo bien la Corte Constitucional, como en muchos otros casos, cuando en el Auto 004 de 2009 no sólo dijo que urgía la “protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado”  sino alertó también sobre el riesgo de exterminio en que están 34 de los 102 existentes en el país. 


Dos años después, a fines del 2011, el foro: Niñez indígena: entre la exclusión y el exterminio, realizado en el Congreso y convocado por los representantes Angela María Robledo y Hernando Hernández, concluyó con recomendaciones puntuales a las entidades del Estado para dar fin a la exclusión y evitar nada menos que el riesgo de exterminio de muchos de ellos.  Ni las decisiones de la Corte Constitucional, menos aún las recomendaciones surgidas de una Mesa con amplia representación institucional han hecho significativa diferencia.  Mientras estos debates tenían lugar, 2,969 niños de La Guajira murieron entre 2008 y 2013. 


El inicio del gobierno Santos es propicio por un lado, para introducir en el capítulo de política para la niñez del Plan de desarrollo 2014-2018,  una sección destinada a la niñez indígena que, además de rigor programático, tenga recursos y la fuerza política necesaria para orientar con visión garantista, visión de largo plazo y en estrecho diálogo con las comunidades indígenas, los asuntos que, hace tiempo, están largamente identificados.  Por otro, introducir,  en ese Plan de Desarrollo y en el marco de los Diálogos de paz de La Habana, consideraciones específicas relacionadas con los  5 temas de la agenda de conversaciones y  que, sin excepción,  tocan de manera delicada y particular a los pueblos indígenas del país.  Antioquia, a este respecto tiene mucho que aportar.


Los próximos meses  serán críticos para encaminar definitivamente realidades que no aceptan más dilaciones y una las más importantes es darles a los pueblos y  niños indígenas el presente y futuro a que tienen derecho y  la Constitución nacional les reconoce.