Editorial

Espectáculo sin verdad
19 de Septiembre de 2014


El fracaso, sin embargo, ha sido hábilmente ocultado por los organizadores de un espectáculo con ribetes personalistas y por medios de comunicación anhelantes de tragedias que escenificar.

Como si fuese el circo romano y no parte del recinto parlamentario, la Comisión Segunda del Senado albergó el miércoles un debate inútil para la democracia, en el que el país asistió a la reducción a mínimos de la capacidad inquisitiva y argumentativa del Congreso, y lesivo para el propósito de esclarecer la verdad sobre las múltiples facetas y atrocidades de la violencia colombiana desde 1966, cuando fueron creadas las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, Farc. El fracaso, sin embargo, ha sido hábilmente ocultado por los organizadores de un espectáculo con ribetes personalistas y por medios de comunicación anhelantes de tragedias que escenificar para mantener la atención del honorable, que, a su vez, asiste creyendo ser protagonista cuando apenas se le ha reducido a espectador asustado.


Después de varios intentos, el senador Iván Cepeda consiguió que la Comisión Segunda del Senado -de Política Internacional, Defensa y Fuerza Pública- citara su anhelado debate contra el expresidente Álvaro Uribe. Para lograr el propósito que se había fijado desde que se conoció la elección al Senado del exmandatario, hizo una convocatoria a debatir el paramilitarismo, que es una sola de las facetas, la más investigada y judicializada por cierto, de la corrupción de la actividad política por los responsables del conflicto interno. 


No dejaba de ser exótico que la célula, presidida por el líder del Partido de la U en el Senado, acelerara un debate anacrónico mientras ignora los incidentes de los problemas contemporáneos. En efecto, el paramilitarismo fue motivo de amplias discusiones en el año 2005, cuando se debatió y aprobó la Ley de Justicia y Paz; en los años siguientes, a raíz de la desmovilización de los bloques de autodefensas y, sobre todo, del destape de la parapolítica; ello no significa que ante la existencia de nuevos datos o pruebas, que no aparecieron en el debate del miércoles, el país deba abstenerse de discutir la faceta del horror propinado por la ultraderecha. 


Hoy, la discusión de los colombianos, así las mayorías congresionales no la escuchen, gira sobre las negociaciones en La Habana, los vínculos de algunos connotados políticos con las Farc y la falta de investigaciones judiciales a esos casos. En el momento, las preocupaciones de la opinión política se relacionan con la falta de verdad sobre la connivencia de líderes y organizaciones sociales, sindicales y comunitarias con las guerrillas de extrema izquierda y sus agentes políticos; hoy, las preguntas del ciudadano menos avisado pasan por la indolencia de los jefes guerrilleros para reconocer su participación de crímenes de lesa humanidad y sus miedos se relacionan con los riesgos que enfrenta por la alianza militar y no solo de negocios, entre las Farc y las bacrim, demostrada en la masacre de Tierradentro, cerca a Montelíbano, Córdoba. 


Interesado en fabricar una idea unilateral del horror, el convocante al debate convierte en delito lo que fue legal, mientras que los llamados a defender la norma hacen conveniente silencio para garantizar su cómoda posición actual, más próxima al citante que al sometido a escarnio. A interés de las Farc, se ha extendido la especie según la cual el apoyo del gobernador Álvaro Uribe a las Convivir es prueba de sus vínculos con grupos criminales; quienes la promueven ocultan habilidosamente que esas asociaciones de ciudadanos se reunieron libremente para apoyar al Ejército ofreciéndole información oportuna y fidedigna sobre la presencia guerrillera en zonas en las que el Estado había estado ausente. Por cierto, nos extraña la saña sobre la intervención del gobernador que obedecía directrices de la Presidencia de la República y el olvido sobre el protagonismo en ese proceso de quienes siguen activos en el Congreso, como el doctor Serpa, o el Gobierno, como el doctor Cristo.


El fallido debate recuerda la necesidad de esclarecer la verdad histórica, identificando la participación o connivencia de líderes de distintos grupos con los grupos responsables de la violencia. Estos hechos, por supuesto, no se aclaran con debates citados con nombres propios o con comisiones ad-hoc, sino mediante procesos jurídicos convocados con interés de buscar la verdad, con recursos suficientes y por instituciones y funcionarios independientes de cualquier interés político y ajenos a todo ánimo vindicativo, que fueron justamente las características ausentes en un debate que algunos pretenden convertir como histórico en los anales de nuestro congreso, pero que en realidad va a encontrar su justo lugar en el olvido de las próximas generaciones.