Economía

Ilegal mining in a legal limbo
La minería ilegal, en limbo jurídico
Autor: Olga Patricia Rendón Marulanda
19 de Septiembre de 2014


Las discusiones entre la minería ilegal, la artesanal y la tradicional en Colombia no han superado el tema del discurso porque no existe una normatividad ni una ley que establezca esos conceptos.


Foto: Cortesía 

La minería ilegal, además de no generar ingresos para la Nación, tiene un gran impacto ambiental y un mayor riesgo laboral para quienes la practican.

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Twitter: @olgarendonm


En Colombia se viene hablando de la minería ilegal y criminal como la actividad extractiva que se hace por fuera de las concesiones mineras y de los permisos temporales otorgados por el Ministerio de Minas y Energía y por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), pero en ninguna ley está conceptualizado qué es y cómo diferenciarla de la minería tradicional o artesanal que han desarrollado las familias por generaciones en los territorios mineros.


Así lo explicó, Andrés Felipe Iguarán, asesor de la Procuraduría General de la Nación en el Grupo Minas, Hidrocarburos y Regalías, en el IV Seminario Internacional de Minería - Gran Debate Minero Nacional, en el marco de la X Feria Colombia Minera 2014, “no existe una figura jurídica que diga qué es la minería ilegal y hay que definirlo si queremos hacer una política minera seria”.


Por su parte Andrés Felipe García Azuero, defensor Delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente, dijo que “la minería ilegal, como el narcotráfico, está infiltrando la sociedad colombiana y generando una catástrofe ambiental, económica y social en muchas regiones del país. Hace unos años vimos narcotraficantes como Pablo Escobar en el Congreso, es decir, el narcotráfico infiltró todos los estamentos y espacios de la sociedad y siento que, guardadas las proporciones, algo similar está pasando con la minería”. Y es que “las guerrillas, las llamadas bacrim, estructuras asociadas claramente al narcotráfico, han estado metiéndose cada vez más en la minería y esto está generando una catástrofe ambiental, económica y social en muchas regiones del país”, dijo el funcionario.


Y ese problema no solo es un asunto de jueces, los mismos mineros manifiestan que el limbo jurídico en el que se encuentra la minería los afecta directamente, por ejemplo, Carlos Ignacio Vélez, minero de Zaragoza y miembro de la Confederación Nacional de Mineros (Conalminercol), indicó que “nosotros queremos estar dentro del marco legal  en lo minero y en lo ambiental. Nosotros no queremos privilegios, solo queremos que nos oigan y que nos digan qué tenemos que hacer, pero con unas normas claras, porque no estamos ni siquiera definidos, yo en este momento no sé si soy minero artesanal, tradicional, informal o criminal”.


Al finalizar el conversatorio acerca de La participación ciudadana en la industria minera, el senador de la República, Guillermo García, que estuvo como asistente, manifestó su preocupación con que el Estado no tenga claros estos conceptos porque finalmente puede judicializar al inocente y no sancionar a quien sí está incurriendo en el accionar criminal.