Nacional

Without protection due to lack of resources
Sin protección por falta de recursos
Autor: Redacción EL MUNDO
15 de Septiembre de 2014


El Gobierno colombiano retirará antes de finales de año el 15 % de los esquemas de seguridad que otorga a personas amenazadas debido al déficit millonario que arrastran por el aumento de peticiones de protección y escándalos de corrupción.


Foto: Giuseppe Restrepo 

En el plantón realizado por periodistas donde solicitaban seguridad por parte de la UNP.

La situación es muy delicada porque afecta a esquemas que ya están funcionando. Nos faltan 70.000 millones de pesos para mantenerlos hasta final de año”, reconoció el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar.


Por este motivo, anunció que hoy presentarán al Ministerio de Interior una lista preliminar con 150 personas cuyos esquemas “pueden ser retirados a corto plazo”.


La UNP protege actualmente en Colombia a casi 7.500 personas que reciben amenazas de muerte principalmente de grupos paramilitares, que suponen 40 % del total, seguidos por las guerrillas de las Farc y el Eln (30 %) y amenazas de políticos locales (15 %), entre otros.


Aproximadamente 4.000 de los protegidos reciben ayudas como teléfonos móviles para avisar a las autoridades o chalecos antibalas, mientras que hasta 1.800 personas cuentan con esquemas de protección que incluyen un coche blindado y dos escoltas.


Es este último grupo el que se recortará, pues Villamizar señaló que la crisis que atraviesan afecta únicamente a los esquemas, muchos de los cuales solo podrán mantenerse hasta finales de este mes.


“Por eso estamos pidiendo recursos al Ministerio de Hacienda, pero por otro lado estamos haciendo una revisión estructural para ver qué esquemas se pueden retirar”, explicó.


La orden de recortar llegó directamente del presidente Juan Manuel Santos, aseguró Villamizar, y afectaría principalmente a “exfuncionarios que ya no ejercen un cargo público que les genere riesgo y que además viven en lugares tranquilos como Bogotá”.


La UNP calcula que el costo de un esquema de seguridad puede llegar hasta 250 millones de pesos al año, y que su presupuesto para 2014, cifrado en 380.000 millones de pesos, se les ha quedado corto.


“Así hagamos el ajuste, la demanda está aumentando a un ritmo bastante alto. Hay una disparidad entre la mejoría de la seguridad objetiva del país frente a las solicitudes de protección, que obedece a que el programa funciona bien, somos un poco víctimas de nuestro propio éxito”, apuntó Villamizar.


Se trató en total de tres listas algo diferentes entre sí que el grupo paramilitar Águilas Negras envió en varios correos electrónicos, en los que instaron a los activistas a abandonar el país en 15 días.


“Hemos cotejado las tres listas y hay 86 nombres en común. De todos los amenazados, cuyo número ronda los 100, hemos conseguido obtener datos de contacto de la mitad, y actualmente estamos verificando el peligro que corren”, comentó el funcionario.


El líder de la trama habría sido el ahora exsecretario de la Unidad, Julián Marulanda, que se fugó a Estados Unidos tras conocerse el fraude.


El otro gran causante de la escasez es el escándalo de corrupción que salpicó a la UNP el pasado agosto, cuando se descubrió que funcionarios de la institución habían desviado hasta 600 millones de pesos de los contratos que mantienen con empresas privadas de seguridad, aunque se estima que la cantidad es mucho mayor.



Los protegidos

La UNP otorgó la concesión de la seguridad a las empresas Protección 33, Esquemas de Protección Siglo XXI y Sevicol-Superior cuyo contrato está valorado en más de 165 millones de dólares para dos años y medio.


Actualmente, el 76,7 % del funcionamiento de la protección en el país está en manos privadas, explicó a principios de año el portavoz de Somos Defensores, Carlos Guevara.


Esta organización, compuesta por varias ONGs, denunció en un informe presentado en febrero que los líderes sociales y defensores de derechos humanos protegidos por la UNP solo representan 7,4 % del total, que se completa con miembros del Gobierno, políticos, magistrados, sindicalistas, periodistas e incluso desmovilizados de grupos armados ilegales.