Nacional

Defensoría del pueblo inicia cruzada por crisis humanitaria en Chocó
4 de Septiembre de 2014


Jorge Armando Otálora se mostró particularmente molesto por la ausencia de diversos funcionaros de alto nivel durante una reunión que mantuvo con varios responsables en la ciudad de Quibdó.


EFE


El Defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, anunció hoy que va a iniciar una "cruzada" en la que promoverá acciones contra los funcionarios que no atiendan los reclamos de los habitantes del departamento del Chocó que viven una situación que considera de "crisis humanitaria".


A través de un comunicado, Otálora anunció que tomará estas medidas, que podrán ser de carácter jurídico y administrativo, tras visitar el departamento y conocer de primera mano los problemas y necesidades de los habitantes de dicha región colombiana, que limita con Panamá y alberga uno de los principales puertos del país.


"Si el Gobierno y las demás entidades del Estado no atienden las denuncias de los ciudadanos, se instaurarán acciones de tutela y populares, así como denuncias judiciales y disciplinarias contra los funcionarios que no cumplan con su deber, y si aún no es suficiente, se acudirá a los organismos internacionales", destacó.


Otálora se mostró particularmente molesto por la ausencia de diversos funcionaros de alto nivel durante una reunión que mantuvo con varios responsables en la ciudad de Quibdó, capital del departamento, lo que en su opinión muestra que Chocó "está en un segundo y tercer nivel".


Representantes de la Iglesia colombiana también denunciaron el pasado mes de julio la "grave crisis humanitaria" que viven los habitantes del Chocó y que afecta al derecho a la vida, a la libre movilización, a la salud, la vivienda y la educación, entre otros.


Desde hace 17 años este territorio padece especialmente las consecuencias del conflicto armado que se prolonga en el país desde hace más de medio siglo, y que ha provocado que los actores armados y el narcotráfico dominen los motores económicos del Chocó, basados principalmente en técnicas extractivas relacionadas con la minería.


Además de los problemas de salud, educación, servicios públicos y orden público, ya conocidos y denunciados por Otálora, el Defensor del Pueblo observó durante su visita al Chocó una "grave problemática" generada por la minería ilegal que se está multiplicando en la región.


En referencia a este asunto, afirmó temer que el departamento "no la pueda soportar" y que "vaya a acabar con el Chocó" por el daño ambiental que esta práctica conlleva sobre terrenos y ríos.


"¿Qué va a pasar con el Chocó cuando ya ni tierra tenga?", se preguntó Otálora.


Asimismo, pidió una "atención especial ante el reclutamiento de niños para cometer delitos" y la situación general de los menores en la región, por lo que pidió a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, que tome medidas al respecto.


"Llegó el momento de actuar", concluyó.