Editorial


Otras víctimas sin voz
30 de Agosto de 2014


Insistimos que es a ellos, como a toda la sociedad, a quienes deben representar las víctimas seleccionadas a participar en La Habana. Su participación allí no puede limitarse a la solución de sus casos personales.

El informe “No más cuentos” que seis ONG entregaron a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra se constituye en importante punto de partida para la discusión sobre los avances e incumplimientos de los compromisos del país, como firmante de la Convención de los derechos de la infancia y de los acuerdos internacionales en derechos humanos. Como todo documento que aborda situaciones tan complejas como las de los menores de 18 años en Colombia, este documento debe ser analizado por los distintos actores, a fin de mejorarlo incluyendo temas y voces que aportarían a profundizar sus análisis sobre la gestión pública, el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las consideraciones sobre el impacto de la violencia en los niños, niñas y adolescentes.


Como han señalado otras organizaciones expertas en el tema, como la Agencia Pandi, este informe ratifica que el Estado colombiano sí ha incrementado los recursos que se destinan a la atención a la infancia. Esta mayor dedicación, sin embargo, no consigue resolver los problemas de descoordinación entre entidades, que conducen a incoherencias en las intervenciones, ni subsanar los malos impactos que provoca la determinación de concentrar en el despacho de la dirección nacional del Icbf el 80 % de las decisiones de gasto. Como toda recentralización, esta ha producido torpezas y aumentado la incapacidad para atender a los niños vulnerados y más aún la de prevenir futuros daños. Los impactos en comunidades indígenas y campesinas se documentan como ejemplos de la mala gestión derivada de esta medida administrativa. 


En el contexto de balance final al cumplimiento de los ODM y comienzo de la discusión sobre los propósitos comunes de la humanidad que deberán reemplazarlos, el informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se limita a una somera afirmación sobre los límites en el país. En el llamado de atención sobre tareas pendientes para la atención a la infancia, se destaca el inmenso desequilibrio entre la atención a los niños de las grandes ciudades y el abandono a los de la ruralidad, en especial indígenas y niñas quienes, según este documento, tienen mayores riesgos de deserción escolar y de ser víctimas de la violencia.


El informe, en decisión comprensible en la coyuntura presente, se concentra en el análisis a los impactos económicos de la violencia sobe los niños, dando especial énfasis al reclutamiento forzado, el desplazamiento y las medidas de protección y su condición de víctimas de crímenes de lesa humanidad, en perspectiva de la justicia transicional y el Marco Jurídico para la Paz. Dados los mínimos análisis que el país tiene sobre la victimización de los niños y sus familias, este informe genera una alerta importante sobre las necesidades de niños que han sido sometidos a todas las formas de violencia, sin que hayan recibido hasta ahora, ni se otee en el horizonte que las vayan a tener, medidas suficientes de amparo y reparación. Insistimos que es a ellos, como a toda la sociedad que ya tan acostumbrada no se da ni cuenta de su victimización constante en esta guerra declarada por los grupos armados ilegales, a quienes deben representar las víctimas seleccionadas a participar en La Habana. Su participación allí no puede limitarse a la solución de sus casos personales.


Con respecto al reclutamiento forzado de menores de edad, práctica con las que las Farc han afectado a la población de 31 departamentos y que persiste por “la irrupción en las escuelas, las amenazas permanentes y hasta las promesas de condiciones mínimas de subsistencia”, desluce en el documento la tergiversada interpretación que pretende equiparar la atención humanitaria que brindan las jornadas cívico-militares con el afán de paramilitares, guerrillas y criminales por involucrar a los niños y niñas en sus actividades, induciéndolos, además, a tratos crueles y degradantes y a realizar actividades contrarias a la dignidad humana y su desarrollo. En idea que ya había planteado la doctora Beatriz Restrepo Gallego, pero que sigue sin llegar a los debates sobre un acuerdo con las Farc, se reclama mirar a las realidades vividas tras la desmovilización del paramilitarismo, según las cuales los niños reclutados “no son considerados como víctimas del conflicto armado y por lo tanto no son sujetos de las medidas administrativas y judiciales que conduzcan al restablecimiento de sus derechos y su reparación”, todo ello considerando que los niños, niñas y adolescentes “han sido desatendidos en los marcos de justicia transicional aprobados recientemente”.