Editorial

Ministros sin cartera
26 de Agosto de 2014


Algunos de los candidatos act鷄n p鷅licamente como si ya estuvieran nombrados, y en consecuencia, respondieran por funciones y obligaciones, y estuvieran sujetos a los controles institucionales de la democracia.

El 13 de agosto, cuando apenas había transcurrido una semana de su posesión, Juan Manuel Santos anunció cambios en la planta de cargos de la Presidencia de la República, mediante la transformación de las consejerías presidenciales en una pequeña planta de superministros, que incluiría al vicepresidente, con funciones de ministro coordinador de infraestructura; a un nuevo superministro coordinador (jefe de Gabinete lo han llamado para homologarlo al Gobierno británico), y a tres ministros consejeros, el de Gestión Pública, el de Comunicaciones y el de Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad. Por la intervención del presidente y las posteriores de quienes fueron anunciados a ocupar esos cargos, el país ha conocido las motivaciones y expectativas que sobre ellos tienen el exministro británico Tony Blair, asesor en la construcción del modelo; el presidente Santos, y los propios nominados.


Cuando las organizaciones se hacen complejas se precisa entregar a su cabeza la orientación y planeación y delegar en personas de gran confianza la responsabilidad de apoyar y controlar la ejecución; esas soluciones han sido implementadas con gran éxito en el sector privado, en gobiernos de otras latitudes (como el Británico que se ha señalado como modelo de las decisiones del doctor Santos) e incluso en el país, como sucede en Medellín, que para ello creó las vicealcaldías, como secretarías de despacho que coordinan áreas específicas de ejecución. Por su estructura y funciones de asesoría y coordinación, esos funcionarios están llamados a mejorar la coordinación interna del Gobierno y a aliviar al jefe de Estado, a fin de que asuma plenamente responsabilidades de conducción del país y planeación del Gobierno, mientras sus asesores actúan en el seguimiento y el diálogo cotidiano con los 16 ministros, los 18 consejeros presidenciales y las decenas de directores de institutos y entes descentralizados. 


Según las explicaciones ofrecidas por el Gobierno Nacional, los nuevos superministerios se van a instituir mediante modificaciones a la planta de cargo de la Presidencia de la República, en lo que se anuncia será una fusión y modificación de las altas consejerías presidenciales, organismos que con el paso del tiempo aumentaron su número y obligaciones. A pesar del anuncio inicial del presidente Santos y de las intervenciones mediáticas de los candidatos a los cargos, no es claro si la totalidad de consejerías desaparecerán o si las nuevas tendrán otro rango. 


Si el ciudadano se atiene a lo que se ha publicado en medios de comunicación, pensaría que los cargos ya fueron creados y los funcionarios responsables, fueron nombrados debidamente, y algunos hasta posesionados. La realidad, sin embargo, es otra. Los documentos jurídicos producidos por la Presidencia de la República hasta el pasado 21 de agosto, última fecha de publicación, en la página web, de decretos y resoluciones de esa dependencia, no incluyen actos administrativos recientes de transformación de la planta de cargos o el manual de funciones de la Presidencia de la República, y menos de nombramientos de los candidatos a los cargos anunciados. A pesar de esto, algunos de los candidatos actúan públicamente como si ya estuvieran nombrados, y en consecuencia, respondieran por funciones y obligaciones, y estuvieran sujetos a los controles institucionales de la democracia. La mayoría de los nominados han dado declaraciones a los medios de comunicación y otros han ido más allá. El pasado sábado, en la convención de Asobancaria, en Cartagena, por ejemplo, el vicepresidente de la República comprometió a los ministros de Vivienda e Infraestructura -sobre los que no tiene mando formal, aunque sí político- a cumplir cronogramas y terminar proyectos. Y el pasado 14 de agosto, el doctor Martínez Neira fue vocero oficial -o sea, como ministro-consejero- para hablar ante medios de comunicación sobre la elección de contralor General de la República, ello además de actuar en reuniones de bancadas.


Mientras los cargos no hayan sido creados y sus titulares nombrados, las actuaciones no tienen validez jurídica ni pueden llevar la vocería del Estado, pues un ciudadano solo puede asumir responsabilidades públicas cuando existe un cargo y se produce un nombramiento para ocuparlo respondiendo por funciones específicas, con una remuneración determinada. Sin decretos de creación de cargos y funciones, ni de nombramiento, resulta inútil opinar sobre la idoneidad y legitimidad de la medida, las personas nombradas y lo más importante aún, el regimen jurídico que controlará sus actuaciones. La circunstancia actual, en que ciudadanos particulares, algunos personeros de intereses legítimos pero ajenos a los del Estado, se toman atribuciones públicas, dibuja una delgada línea de equívocos y contradicciones originada en quien debe encabezar la defensa de la institucionalidad en Colombia.