Editorial


Las verdades de la historia
24 de Agosto de 2014


Se repite, pues, la perspectiva centralista que tanto daño hizo a los foros regionales de víctimas, en los que se optó por privilegiar voces aliadas sobre perspectivas plurales.

En cumplimiento del anuncio del pasado 5 de agosto, y en lo que asoma como desarrollo del subtema Verdad, que hace parte del quinto punto, Víctimas, la Mesa de conversaciones en La Habana instaló el pasado jueves la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, integrada por doce expertos y dos relatores con mandato de producir, en cuatro meses, análisis particulares que deberán nutrir un documento de consenso, que reflejaría puntos de disenso y discrepancias, sobre los orígenes, causas e impactos del conflicto armado. El documento debe ser “insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad”.


La comisión fue nombrada en forma paritaria, situación que ha propiciado que se hagan descripciones de qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda se encuentra cada uno de los académicos, quienes, a propósito, no deben sentirse cómodos en una clasificación política, no intelectual. Esta decisión que le dio al Estado -que no es solo el gobierno del doctor Santos- igual representación que a las Farc, es fruto de un paso atrevido que contribuye a afianzar una negociación de pares equiparables en su legitimidad, representatividad y respeto a las leyes de la guerra, situación muy distante a la inicial de la búsqueda de un acuerdo entre un Estado legítimo en su origen y acciones y una guerrilla que devino en grupo narcoterrorista, al que la sociedad le tiende su mano para facilitarle que cese en sus acciones de guerra y pueda desmovilizarse con garantías de recibir justicia, gozar de seguridad personal e integrarse a la sociedad.


Los expertos que conforman el grupo de trabajo son ciudadanos colombianos, dos de ellos naturalizados, que cuentan con importantes trayectorias periodísticas o académicas en la investigación social. La vida profesional de los dos relatores y de once de los doce expertos se ha desarrollado en centros de investigación, medios de comunicación o universidades con sede y actividad permanente, así algunas veces vayan a las regiones, en Bogotá. Significa, pues, que el pensamiento y la experiencia de las regiones en las que se ha vivido el conflicto, y que tienen universidades de gran prestigio internacional y nacional, queda prácticamente eliminado de la visión que se formará para sustentar este punto de la negociación. Se repite, pues, la perspectiva centralista que tanto daño hizo a los foros regionales de víctimas, con la ausencia de Antioquia, por ejemplo, en los que se optó por privilegiar voces aliadas sobre perspectivas plurales, así ello significara menospreciar a quienes tienen conocimiento, experiencia y capacidad de documentar hechos y explicaciones que Colombia debe conocer y reconocer, para seguirlas discutiendo en sano ejercicio de búsqueda de la verdad.


Cuando las partes de la Mesa otorgaron a la Comisión la responsabilidad de “generar conclusiones que contribuyan a la comprensión del contexto histórico para superar el conflicto”, le entregaron atribuciones de escritora de la verdad histórica de un país complejo y diverso como Colombia. En los años sesenta, cuando inició su última batalla por afianzar el comunismo en China, Mao Tse Tung emprendió la Revolución cultural, contra “las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura y los viejos modos de pensar”; con su implementación a sangre y fuego entre 1966 y 1977 pretendió borrar la memoria de un pueblo que demostró gran apego a su historia milenaria. El ejemplo, repetido en Cuba, fue reeditado por Hugo Chávez, cuyo ideólogo, José Vicente Rangel, orientó la reescritura de los textos escolares de las escuelas oficiales para dar tratamiento socialista a todos los campos del saber, incluidas las matemáticas. 


La sombra totalitaria en Colombia no tiene esos alcances, pero asoma peligrosamente en conceptos y metodologías que recortan la representación plural de universos amplios, como el de víctimas o el académico, o pretenden cercenar, mediante el ejercicio autoritario del poder, los derechos de opositores o críticos incómodos, como sucedió en el mal tramitado episodio de matoneo en redes, amenazas justicieras y la puesta en acción de todo el andamiaje estatal y de la mesa de negociaciones, para más que rechazar, silenciar toda voz disidente, como  la de la representante María Fernanda Cabal, que aunque no muy bien fraseada, recogió a amplios sectores que se interrogan por la forma como se ha desarrollado el proceso de reconocimiento de las víctimas, su selección como representantes en La Habana, y el carácter del emotivo encuentro que le dio a los sentimientos y las formas el lugar protagónico que merecían la razón y las palabras. En el camino de la reconciliación, la unanimidad es un precipicio, no una senda segura.