Columnistas

Se respira desconfianza
Autor: Jaime A. Fajardo Landaeta
20 de Agosto de 2014


En alguna medida se podrían justificar las aprensiones de las Farc frente a los alcances de la justicia transicional y el cumplimiento que de éstos pueda hacer el Estado.

fajardolan@une.net.co


@JaimeFajardoLan


En alguna medida se podrían justificar las aprensiones de las Farc frente a los alcances de la justicia transicional y el cumplimiento que de éstos pueda hacer el Estado. Pero, a la par, carecen de lógica las afirmaciones de su jefe máximo al poner en duda que este año se logre un acuerdo. Ahí pesa el hecho de que gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez generaron unos niveles de desconfianza inmensa en la posibilidad de poner fin al conflicto armado en Colombia.


Lo que se presentó como un triunfo de la institucionalidad, al desmovilizar una parte de las estructuras de las Auc y entregar a algunos de sus cabecillas a la justicia de los EE. UU., no lo fue, pues éstas perviven bajo otros perfiles y se incumplieron los acuerdos que dieron paso a una ley de justicia y paz aplicada con más ruido que resultados. El objetivo era silenciar la verdad y aparecer ante la opinión pública como auténticos líderes de la paz y la reconciliación. Mientras tanto los verdaderos impulsores del paramilitarismo, las grandes cadenas económicas del narcotráfico y las cúpulas que los dirigen, cerraban filas ante esa monstruosidad que los libera, por el momento, de rendir cuentas ante la justicia colombiana y -por qué no- ante la internacional.


Las Farc deben entender que la justicia transicional es la mejor salida al proceso de negociación y a la reparación, no repetición y verdad que reclaman las víctimas. Además, tendrán que esforzarse para que estos criterios se cumplan sin que caigamos en las voces que piden revancha y solo condenas. Que comprendan que están vigentes unos parámetros internacionales que el gobierno y la sociedad en general deben garantizar. Hay que generar un modelo propio de justicia transicional, que los organismos internacionales deben respetar, situado en un punto medio entre las necesidades de la paz y la aplicación de justicia que concrete esos propósitos.


Todo es posible acordarlo mientras todo se acuerda; basta con que esos mínimos o “máximos” que exige la lucha por la paz se cumplan con clara voluntad política de las partes, lo que implica disposición de la guerrilla a la desmovilización, la entrega de armas y a la reinserción a la vida política del país.


Lo que resulta inadmisible es que algunos responsables de la violencia y del conflicto armado en el país, muchos de ellos “propietarios” de las tierras nuestros campesinos, se hayan dedicado a criticar y a sabotear el proceso de La Habana, mientras intentan echarle tierra a las acciones criminales que con su actitud, pasiva o activa, propició el baño de sangre padecido. La construcción de la memoria histórica del conflicto los pondrá en evidencia, para que no se queden predicando como los Doce Apóstoles, mientras el supremo bien de la paz se impone definitivamente.