Editorial

SOS por Tarazá y el Bajo Cauca
15 de Agosto de 2014


El crimen cometido el martes ha obligado al país a volver sus ojos a los periodistas amenazados en las regiones y un poco al Bajo Cauca, una región cuya tragedia cotidiana permanece oculta.

Terrorismo, solo así se puede nombrar el infame asesinato del colega Luis Carlos Cervantes, ocurrido el martes en el corregimiento La Caucana, de Tarazá. La ejecución de las amenazas proferidas desde 2010, al parecer a raíz de sus denuncias sobre un carrusel de corrupción en contratos públicos y alianzas ilegales entre algunas autoridades policivas y administrativas de Tarazá y las bandas criminales, representa una triste derrota en la lucha que en el Bajo Cauca se libra entre quienes, como Cervantes y muchos líderes sociales, buscan construir una sociedad legal y los poderes ilegales que mantienen dominado ese territorio. Por eso, la reacción a este crimen no puede limitarse a buscar responsabilidades por el estado de desprotección en que se encontraba Cervantes, sino que también la justicia, los medios de comunicación, los periodistas y todos los que hoy nos dolemos de lo sucedido, tenemos que reaccionar ante esta nueva notificación de la violencia, la corrupción y la ilegalidad a la región y al Gobierno.


Hasta ahora, se ha puesto especial énfasis en la desprotección del colega y en entender por qué, a pesar de las urgentes y múltiples peticiones de Cervantes, se le retiró el esquema de seguridad personal. Las aclaraciones sobre el contexto de la decisión deben servir a la Unidad Nacional de Protección, a su director Andrés Villamizar, al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) y a sus asesores, entre ellos la Federación para la Libertad de Prensa (Flip), para afinar los elementos de análisis sobre el riesgo y las complejidades que rodean a los periodistas más vulnerables que, como ellos bien han señalado, son quienes se enfrentan cotidianamente a los criminales en los entornos locales y apartados de las grandes ciudades. 


En su análisis, en entrevista con RCN, sobre el proceso de toma de decisiones que condujo a quitar la protección al colega Cervantes, el director de la UNP señaló la falta de actuaciones de la Fiscalía en los procesos por las denuncias que él había interpuesto, como uno de los motivos para desestimar la gravedad del riesgo. El organismo investigador no ha contestado a esa observación pero sí actuó en forma que desconcierta a la opinión pública al delegar la investigación a un fiscal asentado en Tarazá, desconociendo que es un ciudadano en igual o mayor peligro que el colega que durante cuatro años soportó las amenazas en su contra, porque contaba con la protección del Estado y la solidaridad de las redes de periodistas, en especial los gremios regionales. El asesinato de un periodista, además de ser el máximo crimen contra un ser humano, es un ataque a la libertad de prensa y a la democracia, y en consecuencia, su esclarecimiento debe atenderse oportuna y eficazmente.


El colega Cervantes era uno de los catorce colegas antioqueños amenazados después de haber denunciado redes criminales o corruptas. Los ocho que trabajan en el Bajo Cauca se atrevieron a denunciar, aun a sabiendas del riesgo, porque están hastiados de la toma de esa región por organizaciones criminales que se enriquecen con la minería criminal o con la extorsión a los mineros legales, con la producción de pasta de base de coca, con el abuso de los recursos públicos dilapidados en corrupción y con la extorsión a empresarios, habitantes y hasta profesores, según denuncias hechas ante autoridades nacionales. Hace un año, Luis Carlos había cambiado el periodismo por la locución, pero las amenazas no cesaron, como no han terminado para los colegas que cumplieron con ser guardianes de la democracia y la libertad, aun cuando las condiciones no estaban de su lado.


El crimen cometido el martes ha obligado al país a volver sus ojos a los periodistas amenazados en las regiones y un poco al Bajo Cauca, una región cuya tragedia cotidiana permanece oculta para la agenda informativa nacional, a pesar de que guarda muchas similitudes con la que enfrenta el Puerto de Buenaventura, ciudad asolada por las bacrim y las Farc que es, a la vez, puerta del comercio por el Pacífico. Desde los años setenta, con algunos altibajos, las mafias, las bandas criminales y las Farc han formado un eje de amenaza a la Troncal Occidente que se sustenta en la ocupación territorial de los municipios de Tarazá, en la margen occidental, y Cáceres, en la margen oriental del río Cauca. Según la Fundación Ideas para la Paz, esto les permite garantizar el corredor de control que va del Catatumbo a Urabá y que tiene fuerte presencia en el Nudo de Paramillo. La amenaza, precisaba el gobernador Fajardo, no se cierne sobre un ciudadano periodista, recae sobre un territorio estratégico que ha sido abandonado a su mala suerte. Por eso, la intervención no puede ser asumida por alcaldes asustados; por el Gobierno Departamental, limitado en su capacidad; es un reto del Gobierno Nacional, las autoridades militares y de Policía, y, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación.