Editorial

El Centro tiene futuro
10 de Agosto de 2014


Las acciones de las autoridades están llevando a la criminalidad a reaccionar de manera violenta para tratar de conservar los espacios que durante mucho tiempo controlaron bajo la mirada indiferente, cómplice o resignada de quienes viven...

Una semana atrás, después de la reunión que el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, sostuvieron con representantes de los comerciantes del Centro de la ciudad, se anunció la creación de un Grupo de Tareas Especiales integrado por fiscales y Policía judicial para atacar el microtráfico, la extorsión y el hurto en todas sus modalidades, así como el refuerzo con 300 policías de Unipol de un cuerpo especial destinado a prevenir la invasión del espacio público durante la temporada de fin de año, como medidas para avanzar en el Plan Integral de Intervención de la Comuna 10, una tarea en la cual la Administración Municipal viene trabajando desde el inicio de su mandato y cuyas metas se han venido cumpliendo no solo en materia de seguridad sino en todos los demás componentes contemplados, que incluyen la movilidad, el desarrollo económico, la convivencia, la legalidad y la infraestructura.


Los hechos de los últimos meses, desde que en el mes de junio se interviniera el Bazar de  los Puentes y posteriormente se evidenciara el enfrentamiento entre estructuras criminales por el control territorial del Centro, han vuelto a crear entre la opinión pública la sensación de que en el corazón de la capital antioqueña las cosas están empeorando, cuando, por el contrario, estos hechos lo que muestran es que las acciones de las autoridades están llevando a la criminalidad a reaccionar de manera violenta para tratar de conservar los espacios que durante mucho tiempo controlaron bajo la mirada indiferente, cómplice o resignada de quienes viven, laboran o simplemente transitan por esas zonas, en las cuales tampoco las autoridades habían puesto decididamente la atención.


Porque la situación actual del Centro y de la Comuna 10 en general, no es nueva. Ya en el pasado reciente los brotes de inseguridad habían generado el éxodo de instituciones y residentes, que dejaron el terreno abonado para que la delincuencia se apoderara de los espacios vacíos. La nueva realidad era la de un sector con 90.000 habitantes, según cifras oficiales, pero en el cual transitan a diario más de un millón de personas, que desde todos los puntos del Valle de Aburrá convergen para trabajar, hacer trámites o buscar algún servicio público o privado. Incluso los delincuentes, según las investigaciones oficiales, llegan desde otros sectores de la ciudad para delinquir en el Centro.


Consciente de que un problema de esta magnitud no se resuelve solo con policías, la Administración Municipal incluyó en su Plan de Desarrollo el Plan de Intervención Integral cuyos resultados más visibles han sido el cierre de 47 “ollas de vicio” solo en la Comuna 10; la ampliación en esa zona de trece a 66 cuadrantes de Policía gracias a la llegada de los 2.000 nuevos agentes; la gestión del grupo de fiscales dedicados a atacar los delitos de alto impacto, como el homicidio y el hurto de motos, automóviles, personas y establecimientos, y el uso de la tecnología mediante la instalación de 250 cámaras de vigilancia para ayudar a los procesos ante la Fiscalía. Pero aparte de la seguridad, el Plan contempla para el cuatrienio la inversión de $2,1 billones para volcar toda la oferta institucional en la Comuna 10, mediante obras de infraestructura que van desde el Tranvía de Ayacucho hasta la reconstrucción de andenes, o desde Centros de Salud como el de San Lorenzo hasta la intervención en el puente sobre la calle San Juan para la pretroncal del Metroplús.


Es apenas natural que la seguridad sea el tema más importante para la ciudadanía y que, en la medida en que se dan los resultados, sea mayor la exigencia hacia las autoridades, de modo que los logros se pasan por alto. Pero no se puede soslayar que las acciones para la recuperación del Centro no son aisladas y, por tanto, tienen unas metas concretas a mediano y largo plazo, que cuentan con amplios recursos económicos y tecnológicos y una visión integral que involucra, como ya dijimos, las dimensiones de movilidad, desarrollo económico, convivencia, legalidad e infraestructura. En este contexto, los anuncios hechos tras la reunión de la semana pasada tampoco se pueden tomar como acciones de choque sino como la continuación del acompañamiento que el Gobierno Nacional, a través de su política de seguridad ciudadana, le hace a la ciudad. La planeación y la articulación de dichas acciones favorecen las decisiones del Gobierno para enviar los 300 policías de Unipol, que trabajarán de la mano con los defensores del Espacio Público, y la creación del Grupo de Tareas Especiales.


Adicionalmente, la Administración Municipal ha asumido el reto de hacer frente al fenómeno de la población en situación de calle que se visibilizó tras la intervención de las “ollas de vicio”. Mediante el Sistema de Protección a la Vida, que hasta el año pasado estaba en capacidad de resocializar a 60 personas por año, se toman las medidas para atender a los 3.100 habitantes de calle que hay censados en la ciudad y rehabilitar a unos 300 al año, lo que en el mediano plazo debe ayudar a cambiarle la imagen a la Comuna 10, uno de los aspectos que más se critican por parte de la ciudadanía. 


Lo que es claro para nosotros es que la articulación de estas acciones con el ordenamiento territorial demuestra que la elevada inversión que se está haciendo en la Comuna 10 permitirá hacer del Centro un entorno sostenible, pues además de un lugar seguro, será un espacio atractivo para la vivienda y el comercio, en el que la formalidad retome su espacio y las entidades del orden privado que han considerado abandonar el lugar, se queden definitivamente y hagan parte de esa nueva realidad que está en construcción para el corazón de Medellín y el Valle de Aburrá.