Editorial

Las batallas del agua
9 de Agosto de 2014


En estos casos hay más abusos y negligencias concretas, que el cacareado y manipulado “cambio climático”.

Se necesitaron solo algunos meses de ubicación de entables de minería ilegal e informal en las riberas de los ríos que riegan el tramo medio del Cauca en Antioquia, para que las aguas tomaran el color rojizo que sorprende a quienes pasan por la región y asusta a los habitantes de la zona, conocedores de que tras la sedimentación que colorea las quebradas y los ríos, hay trazas de mercurio y cianuro, materiales de los que abusa la minería ilegal y que se acumulan en los peces y aguas de tomar donde se convierten en asesinos silenciosos. Borrar esa huella demanda años de acción recuperadora de suelos y aguas y de vigilancia severa sobre la actividad minera para que garantice, como hoy es posible hacerlo gracias a la investigación científica, que su actividad no sea depredadora del entorno. 


La mancha rojiza que sigue creciendo en el Bajo Cauca y ha comenzado a extenderse en el Cauca Medio, en especial en cercanías a Santa Fe de Antioquia, donde siguen apareciendo, en forma incontrolada, entables informales e ilegales que lavan el oro extraído en forma irregular de Buriticá y otras apresuradas excavaciones en tierras vecinas a ríos y quebradas, todo ello con la tolerancia o resignación de autoridades de los municipios afectados y de los responsables de la vigilancia ambiental, así como del silencio ¿temeroso? de ciudadanos que apenas si alcanzan a lanzar algunas quejas individuales por el daño ambiental a sus municipios y el impacto perverso sobre las costumbres.


Un grupo de habitantes de Santa Fe de Antioquia acudió a los mecanismos de participación ciudadana para demandar claridad sobre intervenciones de empresas de ingeniería y mineras vigiladas que utilizan agua para sus actividades productivas, la cual les es facilitada por una empresa pública. Ese control ciudadano ha de garantizar que las empresas y las instituciones cumplan con sus obligaciones, que no pongan en riesgo el derecho al agua de los seres vivos y que los organismos responsables cumplan con su obligación de ejercer rigurosa vigilancia sobre el uso de ese y otros recursos naturales. Quedan preguntas, sin embargo, sobre por qué ese control se ejerce con contundencia y con amplificación cuando se dirige contra empresas visibles y responsables, y es inexistente cuando se trata de la red de mineros ilegales, algunos pocos artesanales, que crece a ritmos nunca antes registrados.


En coincidencia con la noticia de la denuncia de los habitantes de Santa Fe de Antioquia se informó sobre las conclusiones de la Contraloría General de la Nación en su análisis a las responsabilidades de la trágica sequía de Paz de Ariporo, Casanare, hecho profusamente divulgado el pasado marzo, cuando murieron casi diez mil animales, entre los nativos y los de cría. El estudio coincide con el veredicto que en marzo había emitido el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que atribuyó la desecación de las fuentes de agua a abusos por parte de productores agropecuarios, ganaderos y mineros, a descuidos en la construcción de obras de infraestructura y a falta de vigilancia de las entidades garantes del cumplimiento de las licencias ambientales y de la protección de los recursos naturales de esa región. Queda así demostrado, una vez más, que en estos casos hay más abusos y negligencias concretas, que el cacareado y manipulado “cambio climático”. Como lo temíamos y hemos expresado en diversas ocasiones, este caballito de batalla de algunos científicos justamente preocupados por los daños al ambiente por emisiones tóxicas, ha terminado convertido en instrumento útil a propagandistas en busca de notoriedad, o en la excusa perfecta para evadir responsabilidades individuales y directas por daños ambientales locales que no se explican por el alcance global del calentamiento global.


El hallazgo confirmado denuncia la ligereza en el tratamiento de los impactos a los bienes naturales, interpela a las autoridades que omitieron vigilar las zonas afectadas por daños ambientales y critica los procesos de comunicación y educación ambiental, que han sido grandilocuentes para proferir amenazas no verificables y muy tímidos para promover el conocimiento de la naturaleza, el respeto por sus elementos y la acción personal y colectiva protectora de bienes heredados de los mayores y que deben ser legado a las generaciones por venir, buscando que el control ciudadano sea amplio, universal y garantista de la vida natural y humana.