Editorial

Cargas onerosas e injustas
6 de Agosto de 2014


El pliego de cargos que la Superintendencia de Industria y Comercio formuló contra cinco empresas fabricantes de pañales desechables para bebés, que habían suscrito un acuerdo de precios y distribución contra los usuarios...

El pliego de cargos que la Superintendencia de Industria y Comercio formuló contra cinco empresas fabricantes de pañales desechables para bebés, que habían suscrito un acuerdo de precios y distribución contra los usuarios, ampliamente divulgado en medios de comunicación, y la dura batalla que libra el ministro de Salud para expedir el decreto que permitiría la producción de medicamentos biotecnológicos en el país, apenas mencionado por algunos colegas, ponen el dedo en la llaga sobre sectores empresariales que pretenden sobrepasar el límite de las ganancias razonables por su trabajo, a costa de necesidades básicas de la población y los escasos recursos de la salud de los colombianos.


El acuerdo de los productores de pañales para manejar precios y oferta de los productos, justamente descrito como una cartelización, es un asalto a los presupuestos de centenares de miles de familias para los que estos son productos que no pueden sustituir, pues no hay en el mercado algo semejante que garantice igual higiene y comodidad para los bebés, o es tan escaso que se hace inaccesible. Según los cálculos del Gobierno, las empresas que hicieron este acuerdo, que compromete a 44 funcionarios, han vendido 11.300 millones de pañales en los últimos quince años. Lo que no precisó el superintendente Pablo Felipe Robledo es la fecha en que iniciaron los acuerdos contra los consumidores, hechos que son delicados en toda circunstancia y que se vuelven gravosos contra las mayorías cuando se trata de productos de primera necesidad cuyo valor tiene que ser asumido enteramente por las familias.


Por otro lado, una carta filtrada a medios de comunicación y enviada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, descubrió las presiones de las farmacéuticas estadounidenses, apoyadas por la Cámara de Comercio de ese país y por su gremio en Colombia, contra el proyecto de decreto que crea las condiciones para la formación de una industria nacional de biomedicinas, que desarrolle fármacos de origen natural para la atención de enfermedades que amenazan la vida humana, como el cáncer, o causan graves daños al cuerpo, como la artritis reumatoide. Las falacias usadas para manipular a los pacientes y hacerlos copartícipes de la presión a los gobiernos, y que indican que solo los medicamentos originales garantizan la eficacia del tratamiento, reeditan discusiones de los años noventa, que algunos en el mundo pensaron superadas cuando la Organización Mundial de la Salud consiguió imponer el derecho universal de la salud y, por tanto, pudo garantizar la producción de genéricos, especialmente para paliar los síntomas del Sida, en Sudáfrica y Brasil. 


En los recurrentes episodios en que acude al lobby para defender sus privilegios a mantener marcas únicas y cobrar por ellas ingentes sumas, la industria farmacéutica ha alegado su derecho a obtener ganancias justas por las investigaciones que sustentan los desarrollos de nuevas medicinas, argumento similar al usado por los fabricantes de software para combatir los esfuerzos por crear programas de uso amplio y sin pago de licencias. Aunque a la industria les cabe razón en lo que hace referencia a su derecho a la remuneración acorde a su esfuerzo, se desborda en su pretensión e impone pesadas cargas a los sistemas públicos de salud, como ocurre en Colombia, o a pacientes con recursos limitados. Por eso, a falta de autorregulación, los estados abocados a esa presión se han visto en la obligación de imponer controles de precios, como lo hizo el Gobierno del doctor Santos frente a una amplia lista de medicamentos, o a crear oportunidades para el desarrollo de productos con características iguales, como los genéricos de origen químico ya usados en el mercado nacional o biológicos que se producirían en las fábricas que el doctor Alejandro Gaviria busca que se instalen en Colombia.


El Gobierno tiene la oportunidad de unirse a los países que garantizan el derecho a la salud sin atentar contra la libertad de empresa, lo que realizará si el doctor Santos firma el decreto puesto en discusión hace cuatro meses y que hoy está en su despacho. Y la de ratificar las decisiones de la SIC para garantizar que los derechos a la justa retribución de los productores no se conviertan en cargas imposibles de pagar. Sus decisiones serán señales importantes sobre la voluntad de equilibrio entre las debidas garantías al libre mercado y las necesarias protecciones a los derechos de los consumidores.