Editorial

El Concejo tiene la palabra
20 de Julio de 2014


Apreciamos el debate que adelanta el Concejo y nos parece oportuno que EPM hiciera los ajustes que ha anunciado, para garantizar a la Corporación que la entidad valora el activo que posee y que lo que busca es defenderlo.

A partir de mañana, el Concejo de Medellín iniciará el estudio de una nueva versión del Proyecto de Acuerdo mediante el cual Empresas Públicas de Medellín (EPM) busca la autorización que le permita vender su participación accionaria en Isagén una vez se concrete la venta del 57,61 % de las acciones de la Nación a un inversionista privado, con el fin de evitar una posible pérdida de valor de la inversión que tiene la empresa antioqueña en la generadora y que, de paso, se convierta en un actor pasivo frente a las decisiones del nuevo mandamás que saldrá de entre las multinacionales GDF Suez, de Francia; China Huadian Corporation; Duke Energy, de Estados Unidos, y Gas Natural Fenosa, de España, las cuales participarán en una subasta prevista para mediados de agosto, salvo que alguna  acción judicial, de las que aún siguen su curso en contra de la iniciativa, altere los planes del Gobierno.


El pasado viernes, en el debate al Proyecto de Acuerdo 240 en la Comisión Primera, la iniciativa de EPM de recibir una autorización del Cabildo para desinvertir en Isagén estuvo a punto de hundirse, pues la mayoría de los concejales estaban en desacuerdo por considerar que no se podía perder la rentabilidad que actualmente se obtenía por la participación en la generadora, o que no todas las inversiones de EPM tienen que ser mayoritarias. Las tesis que desde la Gerencia General de la entidad se esgrimieron en el sentido del peligro que corre su inversión en el nuevo escenario, al parecer no fueron suficientes para convencer a la mayoría de los corporados.


Como lo hemos expresado de manera reiterada en estas mismas líneas, no estamos a favor de la venta de Isagén, pero el riesgo que se corre, de no autorizarse la desinversión por parte de EPM, una vez se concrete la enajenación de las acciones de la Nación y se surta la Oferta Pública de Acciones (OPA) que el comprador estará obligado a hacer, es que la entidad quede al margen de las decisiones, que su presencia en la Junta Directiva quede en entredicho ante una mayor participación del nuevo dueño en el total de la empresa, lo que puede lograr mediante la emisión de acciones, y, por ende, que quede condenada al silencio sobre decisiones que puedan comprometerla.


Apreciamos el debate que adelanta el Concejo y nos parece oportuno que EPM hiciera los ajustes que ha anunciado, para garantizar a la Corporación que la entidad valora el activo que posee (y por ello intentó partcipar con Cemig en la subasta). Lo que sucede es que si el Estado se empecina en enajenar su activo, no queda otra salida que la desinversión por parte de EPM para aprovechar la oportunidad que trae consigo la OPA obligatoria, pues sería el único escenario en el que las acciones se le pagarían al mismo precio que se las pagarán al Estado. Por fuera de ese escenario, la depreciación de las acciones se tiene por segura y el detrimento patrimonial sería inevitable. 


Como ha demostrado hacerlo en los momentos claves de la vida institucional de Empresas Públicas de Medellín, el Concejo debe velar por los intereses de la ciudad y tomar una decisión favorable frente al Proyecto de Acuerdo con ajustes que le será presentado mañana, el cual condicionará la autorización a desinvertir a que se concrete la venta de acciones por parte del Estado, pues si esta no se produce, naturalmente que no tendría sentido que EPM saliera de una empresa probadamente sólida y estratégica como es Isagén. Cabe anotar que solo la justicia podría hacer posible este escenario, pues como es de amplio dominio, contra esta iniciativa privatizadora cursan aún tres procesos, uno de ellos en cabeza del Comité por la Defensa de Isagén, que logró en un primer momento la suspensión de la venta, medida cautelar que fue revocada por el Consejo de Estado y contra la cual se instauró una Acción de Tutela que alega que con esa actuación se falló de fondo en un asunto que solo tenía que referirse a las medidas cautelares, configurándose la violación del debido proceso.


Pero si la venta efectivamente se da, como quiere el Gobierno Nacional, desinvertir sería lo menos dañino, pues, como ya expresamos, el precio de la acción que tendría que ofrecer el nuevo dueño en la OPA, permitiría obtener el mejor retorno posible. Es ilusorio seguir pensando que con un nuevo socio mayoritario, la rentabilidad de la inversión se mantenga en los niveles actuales y menos aún que EPM pueda incidir en el gobierno de la entidad cuya nueva obligación será la rentabilidad de su operación, aún a expensas de la estabilidad de un mercado esencial para el desarrollo económico del país.