Política

The seats belong to the parties
Las curules son de los partidos
Autor: José Ignacio Mejía / Nacho
15 de Julio de 2014


El caso del concejal Nicolás Duque calentó aún más la situación interna del Cabildo de Medellín, pues hasta dividió la unidad de la mesa directiva.



 La situación política y jurídica del concejal Nicolás Duque fracturó las opiniones de la actual mesa directiva del Cabildo de Medellín, que integran el presidente Jaime Cuartas, y los vicepresidentes Carlos Mario Mejía y Robert Bohórquez. El secretario General, Víctor Piedrahíta no hace parte de la mesa.

El caso del concejal de Medellín, Nicolás Duque Ossa, no se trata de un simple asunto de un escaño, sino de una profunda e interesante discusión jurídica con directas implicaciones políticas, en lo que no puede pasar de agache la mesa directiva del Cabildo de la ciudad.


Y esta situación tiene tantas repercusiones constitucionales y legales, que hasta provocó discrepancias o dividió a los directivos de la corporación.


En este caso no puede imperar el colegaje, la camaradería o la solidaridad de cuerpo, sino que, nada menos, tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución y de la ley, que los concejales de Medellín juraron acatar.


Y por esto el concejal de Cambio Radical, Robert Bohórquez, en su calidad de vicepresidente segundo, se apartó de las decisiones que el presidente de la corporación ha tomado en el caso del concejal Nicolás Duque.


Tras confirmar que se marginó de la opinión de sus colegas directivos, dijo que respeta totalmente los estatutos de los partidos políticos, que son ley de la República, y sus derechos como propietarios de las curules que mediante avales tienen en las corporaciones públicas.


Igualmente dijo que no entiende cómo el presidente del Concejo no le quitó también a Duque el derecho a la voz, lo que igualmente fue solicitado por el Partido de la U, en cumplimiento de la Ley de Bancadas, mediante la cual este corporado ya perdió el derecho al voto y no puede seguir representando a esa colectividad, pues fue expulsado por doble militancia o lo que se conoce también como transfuguismo político.


En estos casos el Concejo de Medellín no puede actuar como una instancia, valorar o calificar la situación del concejal Duque, sino en acatamiento a la Ley de Bancadas, cumplirla e impedirle el derecho a la voz y al voto tal y como lo pidió el Partido de la U en una comunicación que dirigió al presidente de ese Cabildo, Jaime Cuartas, desde finales de junio.


Fuerza de ley


En otras palabras, expresaron abogados, esa petición del Partido de la U al directivo del Concejo de Medellín tiene fuerza de ley, es de obligatorio cumplimiento, no queda a la discreción de los directivos, quienes carecen de facultades para fraccionar o dosificar las sanciones.


Los directivos de esta corporación deben entender que ya en Colombia ningún corporado avalado por un partido puede marcharse de la noche a la mañana llevándose la curul y anunciar que pertenece a otra bancada. Esa burla se acabó en Colombia.


Pero este asunto es mucho más complejo, toda vez que el Partido de la U, con base en jurisprudencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado también pidió al presidente del Concejo de Medellín que le restituya la titularidad de la curul, pues ya Nicolás Duque no los representa como concejal, al ser expulsado por doble militancia, debidamente comprobada y confesa por el mismo corporado, según lo expresa la comunicación de ese partido.


En otras palabras, el Partido de la U está  reclamando al presidente del Concejo, Jaime Cuartas, que expulse a Duque de la corporación y le devuelva la curul con la persona que sigue en la lista, que es la abogada Lina García.


Al respecto, trascendió que los contrarios a cumplir esa petición argumentan el supuesto vacío jurídico para quitarle la curul a Duque.


Sin embargo, la jurisprudencia existente hoy zanjó esa duda al disponer que el poder sancionatorio radica en los partidos políticos.


Ese vacío jurídico existía antes de entrar a regir la Ley Estatutaria 1475 de Reforma Política y las sentencias C490 del 2011 y la C334 muy fresquita del 4 de junio de este año, con las cuales los partidos políticos en Colombia dejaron de ser garajes.


Esas disposiciones recalcaron aún más que el legislador estatutario difirió en los estatutos de los partidos o movimientos políticos las sanciones por doble militancia de un militante o de un corporado, lo que implica obligatoriamente que el titular de ese poder sancionatorio recae sobre  los partidos, lo cual implica que ya no existe vacío jurídico, porque existe un régimen de partido y las curules son de los partidos y no de las personas.


Con base en esas disposiciones, el Partido de la U consideró que por doble militancia el concejal Nicolás Duque ya no tiene la calidad de militante de esa corriente, requisito sustancial para el ejercicio del cargo de concejal, por lo cual no los representa y no personifica sus intereses.


Así las cosas, pidió que le regresen la curul.


Y si los directivos del Concejo no cumplen con esas obligaciones de ley, podrían ser investigados por un supuesto caso de prevaricato y disciplinariamente por la Procuraduría, alertaron expertos del Derecho.



Otro sofisma

Políticos del Centro Democrático como el congresista electo Óscar Darío Pérez y hasta el mismo concejal Nicolás Duque han expresado que la curul es de este cabildante porque el voto por él fue preferente.


Sin embargo, peritos en Derecho calificaron ese argumento como otro sofisma jurídico.


Dicen que no es válido afirmar jurídicamente que un partido por participar en un proceso electoral por el voto preferente, las curules elegidas pertenecen a los candidatos.


Y agregan que la modalidad de lista cerrada como la de voto preferente hacen a los partidos, estatutariamente, dueños de las curules.


Las curules son de los partidos y así lo dejó sentado el Consejo de Estado, Sección Quinta, en jurisprudencia del 11 de julio de 2011 con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo.


Este magistrado advirtió que la preponderancia  política radica en los partidos y movimientos políticos sobre los individuos o candidatos y que las curules pertenecen a los partidos y no a los candidatos.


Toda esta temática electoral se vio reforzada recientemente con la sentencia de constitucionalidad 334 del 2014.