Editorial

Inevitable desenlace
12 de Julio de 2014


La Ley Estatutaria y esta determinaci髇 del Consejo Nacional Electoral, le dan un entierro de tercera a la participaci髇 de Colombia en dicho Parlamento, cuya eliminaci髇 ya fue acordada por los pa韘es miembros y esperamos se produzca m醩 temprano que tarde.

El Concejo Nacional Electoral anunció que no declarará la elección de representantes por Colombia al Parlamento Andino luego de que en las elecciones del pasado 9 de marzo los votos en blanco fueran mayoría por encima de los sufragios obtenidos por los seis partidos y movimientos políticos que presentaron candidatos, pese a que en diciembre pasado el Congreso de la República había aprobado un proyecto de Ley Estatutaria que derogaba la elección por voto popular de los representantes ante este organismo.


La elección, en la que la Registraduría Nacional del Estado Civil, según sus propios cálculos, se gastó $25.000 millones de pesos, dejó como resultado el voto en blanco de 3.623.193 colombianos, mientras que por la lista del Partido Conservador, encabezada por Rafael Antonio Flechas Díaz, votaron 947.774 personas; por la del Partido Alianza Verde, encabezada por Leonor Zalabata Torres, votaron 815.628, colombianos; por la del Polo Democrático Alternativo, encabezada por Jaime Dussan Calderón, hubo 721.681 sufragios; por la del Partido Opción Ciudadana, liderada por Edison Bioscar Ruiz Valencia, sufragaron 309.970 colombianos; por la del Partido Unión Patriótica, con Lilia Clemencia Solano Ramírez a la cabeza, sufragaron 256.779 personas, y por la del Movimiento Político Cien Por Ciento Colombia, liderada por Cesar Augusto Bateman Romero, votaron 137.670 personas.


La razón por la cual estos grupos políticos pudieron aspirar a una curul en el desahuciado Parlamento, sin el menor sonrojo ante su evidente interés en los espurios beneficios y privilegios que la nominación les podría dar, básicamente las mismas de Senador de la República según la derogada Ley 1157 de 2007, y sin consideración alguna por los costos que para el Estado colombiano había significado mantener esa representación, tasados en $30.000 millones desde 1993, fue que a la fecha de las elecciones del pasado 9 de marzo, el proyecto de Ley Estatutaria no había recibido la sanción presidencial y se encontraba en estudio por parte de la Corte Constitucional, que finalmente en abril pasado se pronunció, como casi todo el país lo esperaba, declarando exequible la norma.


En términos de dicha Ley Estatutaria, la representación de Colombia ante el Parlamento Andino tendrá que volver a ser definida por el Congreso de la República de entre sus integrantes, como ocurría hasta antes de 2010, cuando se dio por primera vez la elección popular de los delegados, en una campaña que tampoco fue ajena a la polémica. En aquella ocasión, como lo expresamos en nuestro editorial del 18 de febrero de 2010 “Parlamento Andino: inútil despilfarro”, los propios candidatos -67 personas agrupadas en doce listas- se quejaron de la falta de interés del electorado, de los medios y del propio Gobierno en esa elección, y argumentaban que la falta de información impedía a los ciudadanos tener las herramientas para ejercer adecuadamente su derecho a elegir, cuando lo que quedaba en evidencia era la inoperancia del organismo, cuyos resultados eran casi nulos, dado que solo puede emitir recomendaciones no vinculantes. En términos prácticos, la Ley Estatutaria y esta determinación del Consejo Nacional Electoral, le dan un entierro de tercera a la participación de Colombia en dicho Parlamento, cuya eliminación ya fue acordada por los países miembros y esperamos se produzca más temprano que tarde.


El Parlamento Andino se remonta a 1966 con el Acuerdo de Bogotá, pero sus normas y disposiciones legales quedaron consignadas en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969 por los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, cuando se creó el llamado Pacto Andino, convertido luego en la Comunidad Andina de Naciones – CAN. Como “órgano deliberante y de control” de dicha Comunidad, el Parlamento fue formalmente creado el 25 de octubre de 1979 en La Paz y entró en vigencia en enero de 1984. Los representantes, 25 en total (cinco por cada país), tenían períodos de cinco años, pero tras el retiro de Venezuela en 2006, no solo el Parlamento se redujo a 20 representantes, sino que su ya cuestionado papel quedó mucho más en evidencia, hasta el punto de abrirse el debate para su clausura.


Aunque no podemos negar que respiramos tranquilos tras conocer la decisión del Consejo Nacional Electoral, nos queda el sinsabor de los cuantiosos recursos gastados en su funcionamiento desde que la sede se trasladó a Bogotá y lo oneroso que resultó el proceso electoral del pasado 9 de marzo para elegir la representación colombiana, para llegar finalmente a un desenlace que era inevitable y en el cual vale destacar el papel de la ciudadanía que acató la opción del voto en blanco como respuesta a una convocatoria sin sustento. En este caso la elección no podrá ser repetida, como señala el artículo 258 de la Constitución, pues ya no existen cargos a los cuáles aspirar.