Columnistas

Hoy, 20 años de la Ley 142
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
11 de Julio de 2014


Ojalá, en fechas como esta, en todo el país se haga lo de Medellín, y es aprovechar para pensar en los usuarios, más que en las estructuras jurídicas y en los negocios.

Hoy 11 de julio de 2014, se conmemoran 20 años de vigencia y aplicación de la ley 142 de 1994, la cual fue  Publicada en el Diario Oficial N° 41.433, el lunes 11 de julio de 1994; en la ciudad de Medellín, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Secretaria Municipal  de Calidad y Servicio a la Ciudadanía, a través de su subsecretaria se Servicios Públicos y las Empresas Públicas de Medellín, han considerado que se trata de un momento oportuno para hacer una reflexión en torno al rol de los usuarios de los servicios, su organización a través de los comités de desarrollo y control social y la representación  de los usuarios por los vocales de control.


Aunque no puede desconocerse la importancia que la Ley ha tenido en la reordenación del sector y los avances que se han concretado en mayores coberturas y mejor calidad de los servicios, aún falta mucho por hacer, y entre los asuntos que en adelante requieren de una mayor atención, están los referidos a la reglamentación, promoción y pedagogía de los derechos de los usuarios y   de sus organizaciones. 


Gran parte de los veinte años de vigencia de la Ley,  se han destinado a consolidar la estructura organización del sector, fortalecer la regulación económica y social de los servicios, reordenar el régimen jurídico de la empresas, tecnificar el sistema tarifario, y a estructurar un sistema de contribuciones y subsidios que hagan sostenible la prestación del servicio a los usuarios con menor capacidad de pago; y aunque todos los avances de una de otra manera están dirigidos a mejorar las condiciones de prestación de los servicios a los usuarios, no puede afirmarse que los derechos de estos se hayan constituido en el núcleo central de los avances del sector.


Aunque una conmemoración lo que obliga es a hacer una mirada al pasado, en el caso de los servicios públicos, sí  mirada involucra a los usuarios, debe hacerse hacia el futuro, pues lo que hoy se requiere es definir los hitos de lo que debe ser una política pública de Corto plazo, que vincule en forma efectiva a los usuarios y sus organizaciones  en la prestación de los servicios. 


La política de que se habla debe partir de las siguientes bases estructurales:


Un nuevo paradigma. Una modificación sustancial en los paradigmas de la participación y del control, pues a diferencia de los esquemas convencionales en las que la regla de conducta, es la de vigilar y castigar, en el caso de los servicios públicos, la labor de participación para la gestión y control de los usuarios sobre las empresas,  debe tener como objeto el que se vigila para que las cosas salgan bien, esto es, se presten  servicios  universales en condiciones de alta calidad.


Apropiación del concepto de usuario. En servicios públicos debe hablarse de “usuarios” que es una categoría jurídica de origen administrativo y no de clientes que corresponde a un concepto propio del derecho comercial, el usuario que debe concebirse como la parte débil de una relación entre desiguales, justifica plenamente la intervención del Estado para lograr su justa protección.


Participación en las decisiones. Los usuarios tiene derecho a organizase a través de sus asociaciones, las que en los términos de los  artículos 2º y  78 de la Constitución, tiene derecho a participar en el estudio y adopción de las decisiones que les concierne,  tal como lo interpretó la Corte Constitucional en la sentencia C-150-03, al hacer obligatoria su participación en la expedición de la Regulación que pueda llegar a afectarlos.


Régimen reglamentario.  Aunque en el contexto de la Ley 142, las relaciones empresa-usuarios son fundamentalmente contractuales, este tema ha tenido profundas modulaciones en la adecuada interpretación de los artículos 9º y 133 de la ley y en el desarrollo de diferentes competencias regulatorias por las Comisiones de Regulación. En materia de protección de los usuarios más regulación y menos libertad económica debe ser el propósito de todos.


Aplicación de la doctrina constitucional en protección de los usuarios. Finalmente,  dos temas especiales por construirse en los que deben participar los usuarios son los asociados al derecho al mínimo vital en servicios públicos y la protección del derecho de los usuarios al debido proceso en todos los casos que por decisión de la empresa se les pueda negar, suspender o terminar el suministros de los servicios, en estos dos temas, la clausula de Estado Social de Derecho, debe imponerse a las interpretaciones meramente comerciales.


Ojalá, en fechas como esta, en todo el país se haga lo de Medellín, y es aprovechar para pensar en los usuarios, más que en las estructuras jurídicas y en los negocios.