Editorial

La indolente L閞ida CDO
10 de Julio de 2014


La empresa responsable de la obra y funcionarios reci閚 llegados al proceso presionan a las autoridades de Medell韓 para que adopten medidas que vulnerar韆n los derechos de los habitantes a disfrutar de una vivienda digna y una ciudad segura.

Desde el 11 de octubre de 2013, día en el que el Dagrd ordenó desalojar la torre 6 del edificio Space para evitar la inminente tragedia por el colapso de una torre construida con graves irregularidades, la empresa responsable de la obra y funcionarios recién llegados al proceso presionan a las autoridades de Medellín para que adopten medidas que vulnerarían los derechos de los habitantes a disfrutar de una vivienda digna y una ciudad segura. En su afán, apelan a sofismas y medias verdades, atractivos para hacer titulares escandalosos pero que en definitiva se apartan de los hechos concretos.


Desde la noche del 12 de octubre, cuando ocurrió el colapso de la torre sexta del edificio Space, las autoridades han trabajado para ofrecer respuestas a los perjudicados. Lo que ha sido aparente lentitud para la toma de decisiones judiciales y la adopción de medidas administrativas acordes a la gravedad de la situación, confirma, como dijimos el pasado 12 de junio, la objetiva voluntad de respetar el debido proceso y los derechos de deudos, dueños, habitantes y constructores. Porque la ciudadanía reconoce prudencia y seriedad en las disposiciones, sigue atenta a la reparación a los perjudicados en sus derechos patrimoniales, la demolición de los edificios en riesgo y las sanciones penales y administrativas que establezcan las investigaciones pertinentes.


Dados la historia empresarial y el reconocimiento a la trayectoria política y gremial de su principal accionista, el ingeniero Álvaro Villegas Moreno, la constructora Lérida CDO gozó del respeto del gremio de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, y de la confianza de miles de familias que les compraban las viviendas a las que llevarían a sus hijos. Muchos, por ejemplo, pasaron por alto, como declararon los damnificados, la debilidad de las interventorías y hasta daños que ya eran evidentes en el momento de la compra de sus apartamentos. Esa credulidad, y las normas nacionales que eliminaron la exigencia de contar con un concepto oficial para recibir los edificios, fueron manto protector de irregularidades que hoy saltan a la vista.


En estos nueve meses, la Fiscalía ha iniciado acciones penales mientras la Alcaldía, con apoyo del Ministerio de Vivienda, ha actuado para proteger los derechos de los perjudicados. Sus esfuerzos han tropezado con las estrategias urdidas por la firma constructora para no notificarse de la orden de demoler la unidad residencial Space y reclamar confianza en dudosos estudios técnicos que pretenden desestimar las conclusiones arrojadas por la investigación de la Universidad de los Andes. Ahora, tan graves como la negativa de Lérida CDO a notificarse son las determinaciones de intervención y liquidación adoptadas por la Superintendencia de Sociedades, que limitaron la capacidad de la familia Villegas Mesa para ejecutar la orden de la Inspección de Policía de El Poblado, y la decisión de sus delegados de reclamar, contra todo concepto técnico, que se permita la rehabilitación de los edificios.


La Procuraduría, tan diligente en la defensa de los derechos de los ciudadanos, debe garantizar el respeto a la ley por los funcionarios públicos y los delegados de la Superintendencia de Sociedades. La opinión pública, por su parte, está llamada a permanecer vigilante para que se restituyan los derechos de los perjudicados y a acompañar a las autoridades en la defensa de los derechos a la ciudad segura y a la vivienda digna para quienes la perdieron en Space y en las otras obras que CDO Lérida hizo sin cumplir las normas constructivas. El Congreso, que falló al no dar trámite al proyecto de ley del Ministerio de Vivienda que fortalecía la capacidad vigilante de las curadurías urbanas y las oficinas de Planeación, y al Gobierno y brindaba oportunidades de aseguramiento a los compradores de vivienda, queda con el deber de adoptar la legislación que se erija como barrera protectora para los ciudadanos que luchan por su derecho a la vivienda y para las autoridades municipales que velan por su realización bajo normas de seguridad que garanticen la protección de la vida.