Editorial

Cr韒enes ambientales
9 de Julio de 2014


Si la p閞dida de capacidad de exportaci髇 de petr髄eo, y de obtenci髇 de divisas producto de esa actividad econ髆ica, es motivo de inquietud, ni se hable de la preocupaci髇 que deber韆 extenderse por la recurrencia de estos cr韒enes con impacto ambiental, dirigidos contra infraestructura civil.

El reciente atentado en el que guerrilleros del frente 48 de las Farc, según fuentes del Gobierno Nacional, impusieron a los conductores de una caravana de 23 carros cisterna derramar 5.000 barriles de petróleo sobre una carretera del valle de Guazmez, Putumayo, ha dirigido el interés de los medios nacionales de comunicación hacia los atentados terroristas de las Farc y el Eln contra la infraestructura petrolera, crímenes que el Eln comenzó a cometer desde los años 80 y que hoy son responsabilidad de ambos grupos guerrilleros, según sus áreas de influencia. 


Según un estudio de la Defensoría del Pueblo divulgado hace ya seis años, la reiteración de esos ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas dejaba un millón de barriles de petróleo derramados en los campos colombianos, en lo que ese organismo calificó como uno de los mayores desastres ambientales del mundo.


Desde el año 2004, los atentados contra la infraestructura petrolera llegaron a su nivel más bajo en el año 2011, cuando, según datos del Ministerio de Defensa, fueron perpetrados 31 atentados con derrame de petróleo, y tocaron su cénit en el año 2013, cuando se llegó a 259 ataques distintos. En 2014, año en el que las guerrillas han decretado tres ceses unilaterales al fuego, se han cometido 65 atentados que, como el país conoce y el Gobierno Nacional calla, se facilitan por la protección de los gobiernos de Venezuela y Ecuador a los responsables. 


Los autores de estos crímenes excusan sus atentados en que son acciones contra las multinacionales que operan en el país, falsedad inaceptable si se considera que por cada peso que los operadores obtienen por venta de petróleo colombiano, 81 centavos llegan a la Nación, por la vía de la participación de Ecopetrol en estas operaciones, las regalías y otros impuestos. Son, pues, recursos de desarrollo los que se derrochan en acciones macabras que han impedido que el país alcance plenamente su capacidad de producir 1’007.000 barriles diarios de crudo. Por cuenta de los 39 atentados cometidos por el Eln y los 24 perpetrados por las Farc en este año, el país ha producido, en promedio, 984.000 barriles diarios, cifra que nos deja con 20.000 barriles diarios menos de los esperados.


Si la pérdida de capacidad de exportación de petróleo, y de obtención de divisas producto de esa actividad económica, es motivo de inquietud, ni se hable de la preocupación que debería extenderse por la recurrencia de estos crímenes con impacto ambiental, dirigidos contra infraestructura civil, por tanto prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, y sancionables en el marco del Estatuto de Roma. 


Desde el año 2008, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional documentar la forma como el petróleo derramado sobre fuentes de agua que surten acueductos de los municipios vecinos a los vertimientos y que son utilizadas en regadíos agrícolas, afectaban la salud humana. Han transcurrido seis años del pedido, sin que se conozcan investigaciones que documenten los efectos de esos atentados sobre la salud de los habitantes de regiones donde las aguas de consumo humano, los animales de caza y pesca, la vegetación y los suelos sufren los impactos de los derrames. Y han pasado casi treinta desde que estos atentados se recrudecieran, sin que el país haya desarrollado tecnologías que permitan recuperar más del treinta por ciento del petróleo derramado en los atentados.


Análisis de expertos ambientalistas internacionales señalan que se necesitan cuando menos diez años para recuperar afectaciones sobre las aguas, que quedan cubiertas por películas que impiden el paso del oxígeno y la luz, acabando con la vida de seres acuáticos; los campos, en los que los derrames agotan el humus acabando con las fuentes de vida de árboles y plantas y con los pastos que nutren a los animales. Ello, para no mencionar los daños a la piel y el pelambre de mamíferos y la afectación sobre las aves, recuérdese, si no, que pocas imágenes de la naturaleza son tan crueles como las de aves ateridas de frío porque el petróleo que inmoviliza sus plumas acaba con su protección contra el frío. 


El Gobierno Nacional asegura tener más de ochenta pelotones de soldados destinados a proteger la infraestructura en riesgo por atentados terroristas con gran capacidad de daño y de impacto a largo plazo. Este despliegue, por lo menos en los dos últimos años, no ha logrado, aunque sea eso, regresar la ocurrencia de atentados a los que se tuvieron en los años 2008 a 2010, con menos de 35 en cada período, un nivel todavía indeseable pero menos grave que el del año pasado y de lo que va corrido en éste.