Editorial

La defensa de Belén de Bajirá
8 de Julio de 2014


Inspector de policía, rector de colegio, recaudador de impuestos que no se pueden cobrar, son entre otras, figuras que simbolizan el ejercicio de un gobierno paralelo que hasta ahora ha sido tolerado, ¿a conveniencia?, por el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación.

Al instalar la Comisión de Deslinde para el diferendo territorial por el corregimiento Belén de Bajirá, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha reavivado el conflicto limítrofe que la Gobernación del Chocó inició en junio del 2000, al sancionar la Ordenanza 11 que anexaba a ese departamento los 2.015 kilómetros cuadrados de ese corregimiento de Mutatá. La ordenanza fue anulada en 2007 por el Consejo de Estado, pero el conflicto sigue vivo.


La reapertura del debate jurídico, que el director del Igac, Juan Antonio Nieto Escalante, atribuye a su afán por atender el mandato de la Ley 1447 de 2011, ha permitido constatar que durante los 14 años que ha pervivido el conflicto por la soberanía sobre ese territorio, y especialmente en los siete años transcurridos tras la anulación de la ordenanza, las sucesivas administraciones departamentales chocoanas han acudido a vías de hecho para ejercer soberanía en territorio adscrito, habilitado y desarrollado históricamente por Antioquia. Esas actuaciones, evidentes hasta para el más desprevenido visitante a la región, confirman que la discusión no se resuelve en el campo técnico en el que el doctor Nieto pretende erigirse en “árbitro imparcial” y definitivo, sino en el político, en el que es necesario presentar y defender los argumentos de soberanía, derecho y equidad que le dan la razón a Antioquia, así como ofrecer especial atención a los intereses de los decisores de peso, los habitantes y los congresistas.


En la nueva etapa de esta discusión, y según las escuetas declaraciones de la directora del departamento de Planeación, doctora María Eugenia Ramos, Antioquia aspira a que los decisores reconozcan  y validen las inversiones históricas en servicios públicos de acueducto y alcantarillado, educación, salud y desarrollo de infraestructura, que hacen que este corregimiento sobresalga en su entorno por la calidad de vida de sus habitantes. Este fue un argumento de gran peso en el inicio del debate, pero ahora se ve desvirtuado por el despliegue de recursos que, a pesar de no tener sustento jurídico, ha hecho la Gobernación del Chocó. Inspector de policía, rector de colegio, recaudador de impuestos que no se pueden cobrar, son entre otras, figuras que simbolizan el ejercicio de un gobierno paralelo que hasta ahora ha sido tolerado, ¿a conveniencia?, por el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación.


El otro escenario para la discusión sobre este territorio es el Senado de la República, donde se había avanzado en el debate de un proyecto que ratificaba la soberanía de Antioquia sobre el corregimiento limítrofe. El proceso, sin embargo, se vio truncado en el año 2008 debido al lobby en contra de esa aceptación que lideraron las exsenadoras Dilián Francisca Toro, vallecaucana, y Piedad Córdoba, antioqueña que declaró defender las aspiraciones del departamento del que era oriundo su padre. Un Congreso de la República sin identidad territorial y en el que Chocó cuenta con simpatías naturales y Antioquia con las antipatías que alimenta la prensa capitalina, es difícil escenario que la Gobernación y la clase política regional no pueden descuidar.


Quienes han seguido este azaroso conflicto se declaran listos para apoyar las acciones de la Gobernación de Antioquia en procura de garantizar el reconocimiento de los habitantes tradicionales de Belén de Bajirá como los legítimos voceros del territorio y, en consecuencia, beneficiarios de inversiones realizadas a lo largo de la historia en demostración de una fuerte voluntad de equidad. También expresan determinación de trabajar con el Congreso, que tendrá la última palabra en este proceso, para que actúe con criterios de equidad y justicia, y no con el interés particular, y tal vez regional, de perpetrar una injusticia contra Antioquia y los propios bajireños.


Por encima de diferencias políticas en la conformación de los gobiernos y la Asamblea Departamental en los años que ha pervivido el conflicto, los líderes antioqueños han garantizado continuidad en las acciones jurídicas y políticas dirigidas a garantizar la soberanía sobre Belén de Bajirá. En esta coyuntura, corresponde a la sociedad acompañarlos en la vigilancia al apresurado director del Igac y el respaldo ante los debates del Congreso, a fin de prevenir el zarpazo que desde hace casi tres lustros pretenden darnos el Chocó y sus aliados centralistas.