Editorial


Informes de la situaci髇
30 de Junio de 2014


Inquieta que el Gobierno, sin que medie el referendo sobre los acuerdos con las Farc, los ponga en marcha renunciando a exigir a su contraparte en la Mesa actuaciones equiparables.

Autoridades internacionales y académicas cuya imparcialidad se da por descontada acaban de entregar inquietantes informes sobre el estado de cultivos ilícitos y las características de las minas antipersonal y no convencionales en Colombia. Los análisis monitorean dos fenómenos concurrentes entre sí y con las Farc y las bacrim. Por la gravedad de lo dicho, deberían generar respuestas oficiales y debates razonables.


Según el informe de la ONU y el Ministerio de Justicia, Colombia registró en 2013, 48.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, las mismas que en 2012. Por primera vez desde 2008, y a diferencia de lo sucedido en Perú y Bolivia, el país no registró menos siembra. El informe destaca que en Antioquia, Chocó, Bolívar y Cauca fueron erradicadas 5.554 hectáreas de cultivos ilícitos. En contraste, estos departamentos, en hecho que nos ocupará a espacio, han visto el aumento de la minería ilegal. Durante el 2013 crecieron, en 5.792 hectáreas, los cultivos en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, departamentos agobiados por los bloques Oriental y Sur de las Farc, los que, con el que está al Norte de Antioquia, más dudas dejan sobre su voluntad de desmovilización.


Los cultivos ilícitos se expanden, coinciden los analistas, porque las Farc los protegen con las minas antipersonal y los artefactos explosivos; los siembran en zonas bajo protección, como parques naturales o territorios indígenas, y los defienden, como ocurrió entre octubre de 2013 y marzo de 2014, con ataques armados contra los equipos de la Fuerza Aérea que los combaten. 


Al terminar la pasada semana se reunieron en Medellín, por convocatoria del Ministerio de Defensa, Ruta N, la Corporación In-nova y el Centro Internacional de Desminado del Ejército Español, expertos en desminado que buscan tecnologías seguras para erradicar las minas y los artefactos equiparables. El encuentro confirmó que Colombia es, después de Afganistán, el segundo país del mundo con más víctimas por estos artefactos; también, que se necesitarían 64 años para desminar el territorio nacional. Lo más grave, sin embargo, es la revelación de que las Farc ya no usan minas convencionales, sino peluches y juguetes para niños, botellas plásticas o de vidrio y otros aparatos corrientes, que rellenan con pólvora y elementos dañinos, no degradables y no detectables. De los 10.751 colombianos víctimas de minas antipersonal entre 1990 y mayo de 2014, 1.064 fueron menores de edad.


El acuerdo sobre cultivos ilícitos, que incluyó la lucha contra las minas antipersonal, es desequilibrado en su concepción y fijación de responsabilidades, como aseguramos el 18 de mayo, y como se confirma con las declaraciones y actuaciones de los ministerios de Justicia y Defensa frente a estos informes. 


Tras conocer el informe sobre la “estabilización” de los cultivos ilícitos, el doctor Gómez Méndez, ministro de Justicia, explicó que el país enfrenta “el cambio de enfoque” en la política antinarcóticos. ¿Será esta la misma acordada con la guerrilla? Ella impone al Gobierno crear un “Programa integral de sustitución de cultivos de uso ilícito” vinculado al programa “reforma rural integral”. Además de lo discutible que es que haya aceptado la pobreza como causa unívoca de los cultivos ilegales, inquieta que el Gobierno, sin que medie el referendo sobre los acuerdos con las Farc, los ponga en marcha renunciando a exigir a su contraparte en la Mesa actuaciones equiparables.


El 1 de diciembre de 2013 reclamamos, como lo veníamos haciendo desde 2002, buscar aliados internacionales que acompañaran “la búsqueda de una tecnología que facilite la detección y destrucción segura y eficiente de las minas”. La iniciativa de apoyarse en centros de investigación es un paso significativo por ese deber humanitario; sin embargo, parece también el primero de ejecución del acuerdo para poner “en marcha un programa de desminado  y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar” y liberar a la guerrilla de su responsabilidad con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición en esta tragedia humanitaria. 


Junto al reconocimiento respetuoso y dignificante que brinde garantías integrales de justicia transicional a las víctimas de las Farc, las conversaciones de La Habana deben garantizar verdad sobre sus actividades y financiación ilícita y las conexas para mantenerla. Es deber del Gobierno y la guerrilla garantizar que así ocurra.