Editorial

El despertar de la justicia
27 de Junio de 2014


Las decisiones con que la Sala Plena y una sala de conjueces del Consejo de Estado anularon las elecciones de los magistrados Francisco Ricaurte y Alberto Rojas en el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, respectivamente...

Las decisiones con que la Sala Plena y una sala de conjueces del Consejo de Estado anularon las elecciones de los magistrados Francisco Ricaurte y Alberto Rojas en el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, respectivamente, confirman las preocupaciones del magistrado Nilson Pinilla, que el pasado lunes recogimos en estas columnas, sobre los carruseles de nombramientos, pagos de favores y clientelización de las altas cortes. Tras el mea culpa colectivo del Consejo de Estado y el respaldo general a las declaraciones del magistrado Pinilla, se ha abierto el necesario debate sobre unas de tantas manifestaciones de la crisis de la justicia y sobre las reformas constitucionales que el próximo Congreso deberá realizar en procura de restaurar su majestad. 


En el origen de la Constitución del 91 se vivían grandes frustraciones con la Justicia, que nacían en el crecimiento desmedido del narcoterrorismo, la impunidad en delitos comunes, la corrupción administrativa y, entre los conocedores, el sistema de cooptación para elegir magistrados de las altas cortes, sistema que condujo a cerrar el acceso de ilustres juristas sin padrinos a órganos en los que hubieran podido prestar importante servicio. La reforma establecida por la Constituyente no acabó con los roles de nominadores o electores que tenían los magistrados, sino que creó complicados mecanismos que crean peligrosas interdependencias de las cortes entre sí y con el Consejo de la Judicatura, de todos con los órganos de control y de ellos con el Congreso, que elige, a partir de ternas que hacen las Cortes, al procurador y al contralor, y de ternas de las Cortes y el presidente, a los magistrados de la Corte Constitucional. 


El modelo definido por la Constituyente conduce a que, como sucedió con el magistrado Ricaurte, hasta antier presidente del Consejo Superior de la Judicatura, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado pueda participar, y hasta ser voto decisivo, en la elección de un candidato nominado por el Consejo Superior de la Judicatura. Después de haber terminado su período ese ciudadano puede aspirar al Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, o a ser contralor General o procurador General, lo que le implicará buscar su elección o nominación entre los magistrados a los que antes había nombrado. El juego de postulaciones y nombramientos se convierte, como señaló el doctor Pinilla, en origen de un complejo entramado de favores y contraprestaciones en el que a los más altos jueces del país “les ofrecen dádivas” y ellos, contrariando el principio ético de que “no las pueden recibir” terminan aceptando lo que debieran rechazar. 


Cuando la magistratura se ve envuelta en complejos entramados que el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz define como “clientelares”, su condena es la renuncia a su función de intérprete pura de la Constitución y las leyes para proteger las instituciones y los derechos de los ciudadanos, y en cambio adoptar la de tramitadora de nombramientos, receptora de intrigas, y buscadora de favores entre quienes no tienen interés o aspiración al buen funcionamiento de la justicia. Como consecuencia de esas prácticas indebidas, magistrados respetables como los doctores Pinilla y Gaviria Díaz reclaman “terminar con la capacidad nominadora” de las cortes. Su posición coincide con las expectativas de la presidente del Consejo de Estado, doctora Claudia Rojas, quien ha señalado que con las decisiones tomadas el pasado miércoles, “se trata de evitar aquello de yo te elijo tú me eliges” y se garantiza que “con esto arranca la reforma a la justicia”.


La crisis generada por el sistema de elección de los magistrados no se puede resolver, como plantean algunos periodistas en los grandes medios de comunicación, con algunas valientes sentencias o con la denuncia de poderes individuales conseguidos en el manejo de los mecanismos de la nominación y designación. La reforma a la justicia que el país reclama con urgencia, y con la que, como dijimos el pasado 23 de junio, quedó en deuda el Congreso, ha de poner como prioridad definir un sistema de elección y control a los magistrados que garantice la independencia de sus actuaciones y la liberación de las cadenas de intercambio de votos y favores que terminaron por restarle solemnidad a los actos de la justicia, la rama del poder público sobre la que descansa el Estado de Derecho.