Columnistas

El Congreso de Servicios P鷅licos
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
27 de Junio de 2014


Esta semana se realiza el XVI Congreso Nacional e Internacional de Andesco, en el que diferentes actores del sector de los servicios p鷅licos domiciliarios, las tecnolog韆s de la informaci髇 y las comunicaciones TIC y la televisi髇...

Esta semana se realiza  el XVI Congreso Nacional e Internacional de Andesco, en el que  diferentes actores del sector de los servicios públicos domiciliarios, las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC y la televisión,  presentarán sus puntos de vista sobre el estado del sector y sus avances actuales. 


Desde la perspectiva jurídica, creo que los temas que resultan de interés para el avance del sector, la consolidación de la teoría del servicio público y del desarrollo social del país, básicamente se concentran en los siguientes asuntos: 


En materia de servicios públicos debe imperar la lectura del derecho a partir de la doctrina constitucional, siguiendo la orientación contenida en las sentencias C-634-11 y C-588-12 de la Corte Constitucional  y tomando en consideración que durante los 20 años de vigencia de la ley 142, los avances significativos del sector se han originado en sus  sentencias.


Por los fundamentos  de la teoría del servicio público y por el rol que el Estado tienen en este tipo de asuntos,  en la actualidad se hace imperativo avanzar en la definición, contenido y efectos de la  distinción entre “actividades industriales y comerciales” propias de los particulares, “funciones públicas” derivadas de las potestades que desarrolla el Estado  y “servicios públicos”,  que no son lo uno, ni lo  otro, sino una actividad especial, sujeta a la intervención del Estado, en la que no obstante que pueden intervenir los particulares la libre iniciativa privada y la competencia no son ilimitadas. [C-263-13]


Sólo a partir de brindarle contenido a expresiones como “la economía social de mercado” podremos avanzar con paso firme en este tipo de distinciones que a la hora de aplicar leyes como la 1712 y la sentencia C-274-13, adquieren una notoria importancia. 


Si los servicios púbicos determinan la calidad de vida individual de las personas y el desarrollo de la sociedad, y si además el constituyente ha decidido  dedicarles un capítulo especial en la Constitución,  (el capitulo V del Título 12, artículos 365 a 370),  es apenas natural que deba concluirse,  como en efecto lo hace la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007, que ellos están sujetos a un  régimen jurídico  especial, el cual no se deriva de la naturaleza Estatal, privada o mixta  del agente que los presta, sino,  de los efectos que ellos tienen sobre las personas y sobre la sociedad.   


En relación con el régimen especial de los servicios público, en la sentencia C-263 de 2013, la H.  Corte Constitucional expreso:  “ …, cuyo régimen especial pone de presente “la importancia que el Constituyente otorgó a los servicios públicos como instrumentos para la realización de los fines del Estado Social de Derecho, así como para la plena vigencia de los derechos constitucionales que garantizan una existencia digna . …”


Uno de los efectos que se originan en el cambio del alcance del concepto de servicio público, es el relativo al de “servidor público” pues este término que antes estaba reservado exclusivamente a los servidores del Estado, y que en la práctica se asimilaba al de “funcionario público” en la actualidad tienen una nueva dimensión y alcance, que es reconocida en sentencias como la C-722 y la C-736 de 2007 y la C-338 de 2011  de la H. Corte Constitucional, del cual se deriva que la expresiones servidor público y a la vez particular no resulten ser excluyentes.


Sin embargo el verdadero contenido especial del régimen del los servicios públicos, no es un tema orgánico o instrumental, sino que por el contrario,  se asocia a su compromiso con los valores propios del Estado Social de Derecho como son (i) el derecho de los usuarios con menor capacidad de pago a ser subsidiados y aún a que se les permita acceder en condiciones especiales al mínimo vital de los servicios; (ii) al derecho de los usuarios a que no se les suspenda el acceso a los servicios públicos, sin que se les garantice previamente el derecho al debido proceso pleno, y (iii) la realización del ejercicio del derecho a la igualdad en todas las etapas del servicio, lo que implica una protección especial para los usuarios, la aplicación de políticas de universalización de los servicios y la protección a las personas en condiciones especiales de indefensión como es el caso de los recicladores.


No debemos cansarnos en reiterar la importancia que para la teoría del servicio público tiene la normalización del derecho de los más pobres a ser atendidos con el mínimo vital en servicios públicos,  y que doctrinas como las contenidas en las sentencias C-150 de 2003, T-546 de 2009, T-717 de 2010 y la T-793-12,  sean llevadas a la Ley o a la regulación, para que las empresas puedan atender las necesidades básicas de sus usuarios, sin que ello implique la descompensación del sistema o la pérdida de calidad del servicio para todos los usuarios.  


*Docente y asesor