Editorial

Tesoros, memoria e identidad
25 de Junio de 2014


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La entrega de 691 piezas arqueológicas que las autoridades españolas de Policía y Cultura hicieron a la delegación diplomática de Colombia en Madrid, es buena noticia para un país que no conoce la suerte del 97 % de las piezas prehispánicas desenterradas por los conquistadores, evangelizadores, buscadores de oro, colonizadores y guaqueros, que las han depredado desde la Conquista hasta la actualidad. Su destino como piezas importantes para la investigación científica y la divulgación cultural, son interrogantes que las autoridades aún no despejan, en buena medida aduciendo falta de presupuesto para cuidar la memoria de la cultura nacional.


La entrega de las piezas, la mayoría de cerámica, que habían sido confiscadas en 2003 durante una operación contra el lavado de activos realizada en España, coincide con la etapa final del análisis por la Corte Constitucional colombiana de una acción popular instaurada por un ciudadano que pretende la declaración de inconstitucionalidad para el decreto mediante el cual el presidente Carlos Holguín Mallarino ordenó donar la mayor parte de las piezas del Tesoro Quimbaya a la reina María Cristina de Hasburgo. Como gran paradoja, aquel gesto diplomático que realizó el canciller Marco Fidel Suárez garantizó la conservación, en las bodegas del Museo de Arqueología de Madrid, de ricas piezas de una cultura magnífica en su orfebrería, recordada por su bello Poporo y desconocida por sus herederos, toda vez que sus piezas fueron saqueadas por buscadores de oro que llegaron atraídos por los ricos tesoros que brotaban de la tierra durante la etapa de la colonización antioqueña a tierras del Cacique Calarcá. 


La ambicionada recuperación de piezas que permanecen guardadas en Madrid debe esperar el fallo del tribunal constitucional en acción popular a la que se opone el Ministerio de Cultura, que considera inválido el argumento de inconstitucionalidad sobre el regalo, así la donación no hubiese hecho trámite en el Congreso, como era obligado en el momento en que el presidente Holguín Mallarino demostró su magnanimidad con la reina. Asimismo, deberá superar negociaciones entre los estados, proceso en el que bien vale mirar a Perú, que en situación comparable, reclamó judicialmente 35.000 piezas del tesoro inca que permanecían en la Universidad de Yale. Esa acertada actuación jurídica y diplomática le devolvió a Machu Picchu, ciudad sagrada de la antigüedad peruana, tesoros que para ellos, como para mexicanos y bolivianos, son fuente de identidad y orgullo. 


Han transcurrido 22 años desde la última vez que los medios de comunicación colombianos se ocuparon ampliamente de los temas de piezas arqueológicas de culturas precolombinas. En 1992, tractores que preparaban el terreno de la finca Malagana, en Palmira, Valle del Cauca, vieron aparecer objetos del que hasta hoy es el más reciente -pueda ser que no el último- gran hallazgo de la simbólica y bella orfebrería prehispánica (que se presume tan hermosa por el inmenso valor ritual que tenía para los pueblos que la elaboraban). Aquel hallazgo dio origen a lo que los antropólogos llaman “desastre de Malagana”, porque bastaron dos meses para que un Estado impotente y anonadado se limitara a ser testigo mudo de la forma como guaqueros y buscadores de tesoros para coleccionistas propios y extranjeros, arrasaron con valiosas piezas dejadas por un grupo humano cuya filiación y tradiciones siguen siendo incógnitos para la ciencia. La tragedia con el pueblo que habitó lo que hoy es Malagana replicó la historia de desidia, ambición e impotencia que hace que Colombia apenas pueda investigar el 3 % de las piezas de su pasado, o sea que no haya logrado construir certezas sobre los habitantes que nos antecedieron en el territorio y nos heredaron ideales, sueños, costumbres y bienes. No hay que extrañarse de que solo el 3,4 % de los colombianos se reconozca indígena y que la mayoría niegue su mestizaje. 


Colombia no tiene en su herencia cultural una civilización consolidada en sus conocimientos, organización social y creencias, como lo fueron la Azteca o la Maya, en México, y la Inca, en Perú. Sin embargo, el país sí debe su diversidad y riqueza etnográfica a los pueblos que habitaron el territorio nacional y forjaron una herencia cultural que, a pesar de esfuerzos que se realizan desde los años 60, sigue siendo una incógnita para expertos que tienen pocos elementos y menos territorios protegidos para investigar, y una verdadera rareza para quienes quisieran oportunidades para acceder a lo que el país logró conservar en territorios depredados en siglos de indiferencia que sigue amenazando la memoria.