Editorial

Cadenas de la pobreza
24 de Junio de 2014


Al limitar a los niños su derecho a la educación se les impone a ellos y sus familias la permanencia en la pobreza, que podrían comenzar a superar educándose.

Los eventos con que gobiernos, instituciones multilaterales y organizaciones filantrópicas conmemoraron el 25 aniversario de la proclamación de los Derechos del Niño, por Unicef, y el Día contra el Trabajo Infantil, recogieron los esfuerzos por generar conciencia social y crear cultura ciudadana sobre el carácter prioritario que los derechos de los niños deben tener en sociedades que se presumen de bienestar y protectoras de los derechos humanos.


La escasa cobertura mediática a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es mínima si de trabajo infantil se trata (0,6 % en Colombia en un año); el conformismo de la mayoría de los gobiernos para fijarse metas mínimas de intervención y la poca atención política dada a estas conmemoraciones, contrastan con el compromiso e interés de algunos entes privados, como la Fundación Telefónica o la Agencia Pandi, cuyos informes permiten profundizar en las denuncias sobre las violaciones a los derechos de la infancia que se concentran y agravan con la niñez trabajadora y promover transformaciones culturales que permitan la comprensión y el rechazo a estos hechos.


De acuerdo con la OIT, hoy en el mundo, el 11 % de la población menor de 18 años, o sea 168 millones de personas, tienen en el trabajo su principal, y a veces única, actividad vital. De ellos, la mitad, o sea 85 millones, se ocupan en labores peligrosas para su vida o su salud, o sea que son niños sometidos a las peores formas de trabajo infantil. La Fundación Telefónica ha identificado a América Latina como continente en el que es prioritario combatir estas prácticas; según sus indicadores, en esta región hay trece millones de niños trabajadores, de los cuales 9,6 millones están sometidos a las peores formas de trabajo infantil. Según el reporte del Dane a diciembre de 2013, en Colombia hay 1’670.000 niños trabajadores frente a los 1’795.000 registrados en 2012. Qué lejos está este indicador de la propuesta del Plan de Desarrollo del gobierno que está terminando, que se había comprometido a bajar la cifra a 1’149.300 niños en el 2013.  Con esos indicadores no es posible declararse tranquilos, como lo han hecho voceros oficiales, porque el país ha registrado a la mayoría de trabajadores menores de edad y las labores que los ocupan.


El 34 % de los menores trabajadores en Colombia están en actividades comerciales, primera fuente de su ocupación, y una cifra similar se encuentra en agricultura, la mayoría en empresas familiares. A ellos se suma la escandalosa cifra de 66.000 niños ocupados en la minería, que representa un peligro para su vida y pone en serio riesgo su salud, así como la inquietante de niños reclutados por guerrillas, bacrim y mafias, que serían entre 6.000 y 14.000, según informes expertos. Además, se cuentan los niños que la Agencia Pandi describe que se ocupan en trabajos invisibles, porque son la servidumbre o los trabajos domésticos que se realizan en el mundo privado cuando ocupan más de 14 horas semanales de los niños. En Antioquia se registran 68.000 niños trabajadores, 14.252 de ellos en oficios dañinos o denigrantes, como mendicidad, prostitución o minería.


A través del proyecto ProNiño, la Fundación Telefónica está desarrollando un centro experto sobre el trabajo infantil. Sus investigaciones confirman que los niños trabajadores están limitados en el goce de sus derechos a la salud, la educación y la recreación, que deberían ser irrenunciables. Al limitar a los niños su derecho a la educación se les impone a ellos y sus familias la permanencia en la pobreza, que podrían comenzar a superar educándose. Es falso, pues, que el trabajo infantil genere bienestar.


Telefónica ha construido, además, una importante red de experiencias de carácter nacional y subregional, que son ya consideradas exitosas en sus resultados por la comprensión ciudadana de la gravedad de los hechos y la asunción de su corresponsabilidad en acabarlo o limitarlo a las condiciones en que no hace daño a los menores entre 14 y 17 años. América Latina espera ver inscrita, más pronto que tarde, la experiencia que ahora inicia el Gobierno de Chile constituyendo el Observatorio Nacional de Trabajo Infantil y un Consejo Asesor, herramientas que serán la base de su batalla para acabar con el trabajo de los 229.000 menores de edad que laboran en ese país. Saludar estas acciones, junto a las que se libran contra la desnutrición materna y de menores de 5 años y contra el embarazo adolescente, es ofrecer la bienvenida a medidas eficaces contra la pobreza.