Editorial

Medidas de protecci髇
21 de Junio de 2014


La ley es un avance, sin duda, pero tambi閚 un reto al Gobierno y la Justicia que deber醤 demostrar voluntad de hacerla valer, pero cuidando en no convertirla en una trinchera jur韉ica sin control.

La violencia intrafamiliar y la violencia sexual son agresiones recurrentes y poco denunciadas. El silencio y el miedo de las víctimas ocultan a agresores sistemáticos que además gozaban del cobijo que les ofrecían normas que desconocían o minimizaban la gravedad de esos delitos, mientras imponían fuertes cargas a las víctimas que denunciaban. Por esas condiciones, las leyes que aumentan las penas en situaciones de violencia intrafamiliar, declarada exequible por la Corte Constitucional, y establecen garantías para víctimas de violencia sexual, sancionada recientemente por el presidente Santos, prometen reducir la impunidad en este campo.


 


Según un informe de la Policía Nacional, Medicina Legal recibe en promedio una denuncia cada 17 minutos por hechos de violencia intrafamiliar. Ambas instituciones reconocen que apenas el 21 % de estos delitos son denunciados ante autoridades competentes. En Medellín, la tercera ciudad afectada, las víctimas presentaron 5.173 denuncias en 2013, de las cuales 4.318 (el 83,6 %) fueron interpuestas por mujeres. Al negar una demanda de inexequibilidad que consideraba que las nuevas penas eran “desproporcionadas” la Corte Constitucional dejó en firme las reformas a los artículos 299 de la Ley 599 de 2000 y 33 de la Ley 1142 de 2007, mediante las cuales el legislador aumentó los castigos por la violencia intrafamiliar. Esta importante decisión es un buen paso pero no puede ser el final, hacia la protección de las víctimas de sus propios familiares.


 


El pasado miércoles, en acto en la Casa de Nariño, el presidente Santos sancionó el proyecto de Ley que “garantiza el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial violencia en el conflicto armado”. Esta iniciativa tipifica delitos asociados a las agresiones y la dignidad de las personas abusadas o usadas como objetos sexuales, en muchos casos como botines de guerra, y fija los procedimientos para investigar y sancionar estos hechos, así como las acciones a adoptar para, en situaciones de conflicto armado, poder declararlos crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles. 


 


El primero, más notorio e impactante cambio en la Ley 244 de 2014, y que vale para todas las víctimas, es la modificación del proceso de investigación y la adopción de mecanismos inmediatos de protección a los denunciantes. En virtud de la norma, las víctimas pasan de ser responsables de la carga de la prueba, que será asumida por el Estado, o fuentes de duda, para convertirse en sujetos que merecen credibilidad, protección de la justicia y recuperación sicológica; esta transformación debería propiciar la denuncia de parte de quienes habían guardado silencio.


Le Ley 244 se enfoca muy especialmente en las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, quienes empiezan a ganar visibilidad, como demostró la cumbre mundial sobre “Violencia sexual y conflicto” que culminó el pasado 13 de junio en Londres y que convocó a 130 países para emprender acciones de denuncia de ese delito y apoyo a sus víctimas. La presencia de la actriz Angelina Jolie dio realce a un encuentro que presidieron el canciller británico, William Hague, y el secretario de Estado de la Unión Americana, John Kerry.


 


Tan loable como difícil es la aspiración de la importante Ley 244. Su primer reto es conseguir que las víctimas de agresiones sexuales en el conflicto colombiano identifiquen los derechos que les fueron violados y exijan su restitución. Ello no dará lugar a equívocos en situaciones, por ejemplo, de agresión sexual en un asalto armado; sin embargo, las situaciones de agresión sexual en el marco del conflicto están rodeadas de zonas grises, presiones invisibles o amenazas simbólicas que representan un enorme reto para las autoridades que asumen la defensa de una ley para la protección a las víctimas de delitos como abuso sexual, desnudez, prostitución, embarazo o aborto forzados y trata de personas. Prueba de los interrogantes que se abren la ofrece el abismo que existe entre el Registro Nacional de Víctimas, ante el que están inscritas 4.672 víctimas de violencia sexual, y las investigaciones de ONG lideradas por Oxfam y Casa de la Mujer, que mencionan que cerca de 375.000 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. La ley es un avance, sin duda, pero también un reto al Gobierno y la Justicia que deberán demostrar voluntad de hacerla valer, pero cuidando en no convertirla en una trinchera jurídica sin control.