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Primero lo primero
Autor: Manuel Manrique Castro
18 de Junio de 2014


Cesó la ríspida segunda vuelta electoral y llegó la decisión ciudadana depositada en las urnas: Juan Manuel Santos continuará en la presidencia de la República hasta el 7 de agosto de 2018.

Cesó la ríspida segunda vuelta electoral y llegó la decisión ciudadana depositada en las urnas: Juan Manuel Santos continuará en la presidencia de la República hasta el 7 de agosto de 2018.  


De inmediato al país le corresponde sacar las lecciones de una campaña electoral dolorosa para el tejido social y la democracia.  Los ganadores tienen el reto de incorporar a su futura estrategia gubernamental las voces que escucharon a lo largo de las últimas semanas, especialmente aquellas que decían: no estoy de acuerdo con Santos aunque si estoy a favor de la paz.  


Necesitan también humildad y aguda lectura de los resultados  para asumir su victoria.   Después de un triunfo como el del domingo, con un reacomodo de fuerzas políticas tan significativo,  no puede haber –simplemente- más de lo mismo.  Ese “corregir, ajustar y reformar” tiene que verse en los hechos. 


En los debates electorales,  las opciones para la paz y la agenda social de Colombia  fueron los temas más reiterados.  Mientras las negociaciones con los grupos armados ilegales continúan, ahora con el Eln a bordo,  la multiplicación de esfuerzos orientada a los derechos humanos de la población, no da tregua.  Más aún, son base fundamental para que cualquier acuerdo de paz caiga en tierra fértil y acelere sus efectos. 


Oportunidad inmejorable también para que el Gobierno, en esta nueva etapa que le otorga la voluntad popular y tomando en cuenta que todo colombiano es ciudadano desde su nacimiento,  defina estrategias claras para asegurar avances cualitativos en la realización de los derechos de los menores de edad.   


Una primera e indispensable decisión es reforzar, con visión integral como manda el Código de Infancia y Adolescencia, el seguimiento a lo que sucede en departamentos y municipios.  No es suficiente que el Gobierno Nacional diseñe,  apruebe y contribuya con recursos.  


Si no se acompaña la calidad y transparencia del accionar  de concejos y ejecutivos municipales, tan adictos a la obra física,  mal pueden garantizarse resultados significativos para niños y niñas.   De igual manera si carecemos de una ciudadanía activa y comprometida con el indispensable control social,  capaz de cerrarle las puertas al flagelo de la corrupción y de garantizar la pertinencia y calidad de las decisiones gubernamentales. 


La tarea, cuando se trata de la niñez,  es asegurar generaciones respetuosas de los derechos de los demás, amantes de la paz,  protegidas adecuadamente contra violencias y maltrato de cualquier índole,  bien preparadas para los retos de la realidad actual en todas las dimensiones de su existencia y desde los primeros momentos de su vida; conscientes también del valor de su  contribución al bienestar colectivo y al desarrollo del país.   Para lograrlo no es suficiente un gobierno con buena voluntad, es indispensable cambiar muchas piezas de la maquinaria estatal. 


En este esfuerzo hay que romper con la desigualdad y la disparidad prevaleciente.  Niños que por ser afro descendientes o indígenas resultan ciudadanos de segunda,  aquellos que por vivir en lugares remotos están condenados a la desnutrición,  educación de mala calidad o al reclutamiento forzado.  O los que viven en las zonas pobres de las ciudades  donde campea el embarazo precoz,  el trabajo infantil o la amenaza de la violencia urbana.  


El Pnud en su informe del 2014 sobre el cumplimiento de las Metas del Milenio, la mayoría de ellas referidas a las condiciones de vida de la niñez y las mujeres,  dice precisamente eso, que la disparidad es el principal reto.  Para muestra un botón: La pobreza es 5 veces mayor en el Chocó que en Bogotá y eso, sin duda, afecta directamente a los menores de edad.  


Ese hacer más con la paz tiene que empezar por la niñez para que, de verdad, el país les cumpla y quede a su alcance.