Editorial

Amenaza ambiental
17 de Junio de 2014


Con el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, Colombia podr韆 generar la energ韆 que necesita para el bienestar de las comunidades, su desarrollo industrial, y exportar este preciado bien a pa韘es vecinos.

La protección de las fuentes de agua y la justa compensación a grupos de población afectados por proyectos de aprovechamiento o extracción de recursos naturales, demandan la atención y protección de ciudadanos organizados y autoridades gubernamentales. Su exageración, o abuso intencionado, son tan problemáticos como el abandono. Colombia ha recibido juiciosos informes de organismos técnicos del Gobierno Nacional sobre los avances de nuevas centrales hidroeléctricas y el estado del Páramo Santurbán, en Santander, donde se limitó la minería para cuidar las aguas. En estos campos han coincidido intentos institucionales de generar desarrollos mediante el aprovechamiento racional de los recursos naturales y las presiones de grupos de interés, que reclaman no construir las centrales o no explotar recursos naturales porque, dicen, se afectarían la calidad de vida de habitantes tradicionales y recursos naturales de enorme importancia, como el agua.


A propósito del Fenómeno de El Niño, la Unidad de Planeación Minero-Energética del Ministerio de Minas ha denunciado el retraso en los cronogramas de diez proyectos de generación de energía eléctrica, entre los que no cuenta al suspendido Porce IV. Entre las centrales, hidroeléctricas y térmicas, con dificultades en su avance destacó a Hidrosogamoso y El Quimbo, que, de haber cumplido sus cronogramas, habrían aliviado las cargas económicas impuestas a los ciudadanos por el aumento en generación de las centrales térmicas; así como a Hidroituango, que sufre un retraso de ocho meses en su construcción. En estos casos, el regulador señaló la confluencia de “conflictos sociales y minería ilegal” como causas del freno de proyectos de interés nacional. Este organismo no ahondó en daños ambientales en las zonas donde se ha limitado el desarrollo sostenible a cargo de las generadoras.


Los tres proyectos referenciados, como sucedió con la suspendida central Porce IV, avanzan en medio de dificultades por su compromiso con la subasta eléctrica, que define los proyectos de generación a construir e impone multas a los incumplidos, también porque las generadoras que los construyen son estatales (EPM) o mixtas, con participación mayoritaria del Estado, que es el caso de Emgesa, constructora de El Quimbo, y de Isagén, responsable de la accidentada construcción de Hidrosogamoso, cuya entrada en operación vuelve a ser incierta, debido a un nuevo conflicto con la beligerante población que busca aprovechar errores técnicos en el llenado de la presa como motivo para obstaculizar, una vez más, su funcionamiento. 


La Agencia Nacional Minera presentó en la primera semana de junio los resultados de visitas de campo para controlar la minería en el Páramo de Santurbán, Santander, cuya área protegida fue aumentada en 15 % el pasado mes de marzo, en determinación del Ministerio de Ambiente. La medida frenó el proyecto de explotación de la empresa canadiense Grey Star y el uso de títulos mineros que se entregaron previamente. No detuvo, sin embargo, la minería ilegal. Según el análisis, en el páramo 400 mineros, incluidos niños, están explotando oro en 255 explotaciones ilegales; estas usan mercurio para lavar el mineral en ríos y quebradas, levantan la capa vegetal sin restituirla, no cumplen con norma alguna laboral o de seguridad, son una de las peores formas de explotación infantil y no retribuyen con regalías a las regiones que sacrifican sus minerales.


Los grupos ciudadanos residentes, o emergentes, que han presionado la ampliación de la zona protegida en Santurbán, la suspensión de Porce IV y las movilizaciones contra El Quimbo, Sogamoso e Ituango, son apoyadas por la ONG Censat, que en su trayectoria de quince años pasó de formar en salud ocupacional a desarrollar acciones ambientalistas asociada con Ríos Vivos y Friends of the Earth, parte de un movimiento internacional contra las hidroeléctricas, financiado, entre otros, por las fundaciones Friend, Fair and Global, una coalición de ONG, y la fundación Isvara, que opera en la reservada Suiza. Colombia tiene un potencial de generación de 100.000 megavatios, de los cuales apenas está aprovechando, hoy 10.000 megavatios. Con el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, podría generar la energía que necesita para su desarrollo industrial y el bienestar de las comunidades y exportar energía a países vecinos ávidos de este bien común e insumo básico para todo proceso industrial. Ese sueño de desarrollo integral debe superar la arremetida de oscuras organizaciones con intereses políticos y económicos que se amparan en nobles causas e ingenuos militantes y en la indecisión de quienes pudieran develarlas.