Editorial

Desproporción e indiferencia
13 de Junio de 2014


Es difícil entender la noción de justicia que guió a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia del proceso penal, a emitir tan alta condena contra un militar al que encontraron no responsable de crímenes, su instigación o de corrupción.

Desde 1999, cuando la Fiscalía General lo vinculó a su investigación por el asalto contra el poblado de Mapiripán, Meta, el general Jaime Humberto Uscátegui ha buscado justicia y claridad sobre el ataque cometido por paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1997, hecho que dejó decenas de muertos y grandes interrogantes sobre la actuación de algunos miembros de la Fuerza Pública. Su esfuerzo ha sumado sinsabores y sembrado dudas sobre la objetividad de la justicia colombiana y de los organismos internacionales de derechos humanos que han conocido el proceso y actuando con desproporción. 


En la instancia de casación, cinco de nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, determinaron que el general no fue cómplice ni coautor de crímenes execrables, también reconocieron que carecía de jurisdicción y mando, e incluso estaba sometido a veda, para desplegar una acción que permitiera frenar el horror que él conoció en forma tardía, según lo ha señalado en múltiples testimonios. A pesar de esas condiciones, los magistrados lo acusaron de “indiferencia” porque “debió comunicar la gravedad de la amenaza para que se coordinaran acciones dirigidas a proteger a los pobladores de Mapiripán”. Sobre estos hechos, los togados declararon que el general es “autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples” cometidos en Mapiripán. A partir de esto, y a pesar de haberlo declarado libre de conexiones con el paramilitarismo, lo condenaron a 37 años de prisión. 


Es difícil entender la noción de justicia que guió a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia del proceso penal, a emitir tan alta condena contra un militar al que encontraron no responsable de crímenes, su instigación o de corrupción. ¿La emitieron, acaso, con la aspiración de cuidar a la sociedad de un hombre mayor que durante los últimos quince años ha permanecido en prisión, o será que los alienta un noble afán de ofrecer reparación a las víctimas de tan horrible tragedia o la aspiración de responder las muchas preguntas aún sin esclarecer? 


Ahora, esta no es la única injusticia que soporta el general Uscátegui. Desde el año 2003, o sea hace once años, el doctor Juan José Uscátegui, su hijo, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha buscado con ello motivar un proceso que aclare los alcances de las acciones de la Fiscalía General y el Tribunal de Bogotá, pues el juez penal que conoció el caso lo había exonerado. También busca aclarar los móviles de algunas ONG, interesadas política y económicamente, que tomaron el caso como causa propia, llegando al extremo de fabricar falsas víctimas. A pesar de la urgencia de la situación, el querellante solo ha encontrado indolencia y silencio de un organismo que, en contraste y en situaciones como la del alcalde Gustavo Petro, ha actuado con sospechosa diligencia. 


Qué contraste el de la desproporción del alto tribunal y la indiferencia de la Cidh con la laxitud que ya algunos miembros de la Rama Judicial, como el fiscal General, están ofreciendo a los guerrilleros que se desmovilizarían si hay acuerdo de cese el conflicto armado con sus grupos. No hay respeto ni puede haber paz si el culpable de una “omisión” es sometido a la justicia draconiana mientras los culpables, ya condenados, por crímenes de lesa humanidad, encuentran ofrecimientos de penas de prisión aun menores que las que se impusieron a los paramilitares, objeto de protestas por mínimas frente a los hechos perpetrados, o, peor aún, a castigos en libertad. 


Y no se trata, como se insinúa, de ofrecer justicia transicional a quien sufre una condena desproporcionada, injusta y tendenciosa, sino de exigir justicia para un servidor público decente que pudo haberse equivocado en la valoración de una amenaza, pero que jamás delinquió, como ya declararon hasta quienes lo condenaron.


Una solicitud de revisión, que resuelven los magistrados que emitieron la condena; una acción de tutela contra sentencia judicial, y la insistencia por un pronunciamiento de la Cidh interpuesta ayer por la Cancillería de Colombia, son las esperanzas del general Jaime Humberto Uscátegui tras la condena. Su consuelo es la solidaridad de sus compañeros, los militares retirados, y la que empieza a ofrecerle el Gobierno Nacional, con el llamado a darle prioridad a un caso que la merece. Son escasas oportunidades para quien ha luchado para exigir lo que todo ciudadano tiene derecho a recibir, justicia con transparencia, oportunidad y proporción.