Política

Reforma a la justicia, en la mira del próximo cuatrienio
Autor: Claudia Patricia Toro Vasquez
8 de Junio de 2014


Las últimas razones por las cuales no se ha puesto en marcha una reforma a la justicia, las sustentó el ministro Alfonso Gómez Méndez en la falta de un anteproyecto; mientras que el Colegio de Jueces y Fiscales, en que no existen recursos suficientes para tramitarla.


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El debate sobre una reforma a la justicia ha estado presente en los últimos gobiernos. El más reciente fue en el año 2012, durante la Presidencia de Juan Manuel Santos, quien pretendió instaurar algunas modificaciones que, por la crítica ciudadana y otras circunstancias, no tuvo éxito y terminó con la renuncia del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.


La administración de justicia, el manejo que se le ha dado a la tutela, la descongestión judicial, entre otros aspectos, hacen necesaria una revisión de fondo para mejorar estas circunstancias. Sin embargo, según Asonal Judicial, “los últimos intentos han fallado porque se ha pensado en mejorar al órgano en beneficio del Estado y no del ciudadano”.


Estando próximos a un nuevo mandato, EL MUNDO hizo una revisión a las propuestas de los candidatos, para hacer una proyección de cómo estará la justicia durante los cuatro años siguientes. De esta manera, Santos ubica en primer lugar al tema de la seguridad jurídica y Óscar Iván Zuluaga habla de un Ministerio de Justicia ejecutivo y eficaz. 


Santos: más justicia


Luego de cuatro años de mandato, Santos destacó que logró un restablecimiento del Ministerio de Justicia, porque “solucionamos la interinidad en la Fiscalía General de la Nación, se retomó el diálogo institucional con las Altas Cortes, se empezaron a aplicar los nuevos códigos, como el Código General del Proceso, para la agilización de la justicia. Además, aumentamos las partidas presupuestales para el funcionamiento de la Rama Judicial y, con el Marco Jurídico para la Paz, establecimos las bases de la Justicia Transicional para la terminación del conflicto”.


Sin embargo, reconoció que falta mucho por hacer y entre ello se encuentra el acceso oportuno a la justicia, lo cual requiere que se le otorgue rapidez y respeto al debido proceso. Señaló así: “la justicia no funciona bien y podemos mejorarla. Es una tarea pendiente a la que le daremos toda la relevancia. Para esto, tenemos cinco propósitos que son la seguridad jurídica, la funcionalidad, que finalicen los juicios interminables, que la justicia tenga gerencia y que haya cero corrupción en su funcionamiento”.


Zuluaga: paz con justicia


“La reforma a la justicia tiene unos pilares esenciales que pienso radicar el 7 de agosto. En primer lugar, el tema de la politización; en segundo, la formación de los jueces que son la base de un sistema judicial; el tercero, es cómo lograr una justicia que esté cerca al ciudadano de a pie, que sea pronta y eficaz. Lo cuarto, son los delitos económicos que se valoran en cerca a 20.000 millones de dólares. Un gran reto para la justicia”, indicó Zuluaga.


Otro de los focos centrales del programa de Gobierno de Zuluaga es la resocialización del sistema carcelario, porque, según afirmó, “el 70 % de los presos reincide en delitos y congestionan la justicia”.


Por otra parte, indicó que “el Ministerio está llamado a promover una mejor capacitación técnica de los funcionarios de la rama, construir infraestructura tecnológica que facilite la celeridad en la administración sectorial, propiciar el análisis de los factores que detonan y aceleran la criminalidad, con el objetivo de identificar medidas preventivas y punitivas; acompañar el proceso de descentralización de los servicios judiciales con los mejores estándares de desempeño y servicio al ciudadano”.


Pasado, presente y futuro


Santos aseguró mejoras en su Gobierno: “creamos el Ministerio de Justicia porque no lo teníamos. Luego, hicimos unas reformas en el Congreso de la República que se aprobaron para que los códigos y el estatuto fueran una realidad. Eso fue una revolución silenciosa en la justicia”.


“Me complació ver, porque he estudiado los programas de todos los candidatos, que todos tienen los elementos de la reforma que nosotros presentamos ante el Congreso y que infortunadamente, por las razones que el país conoce, se frustró. Esa reforma la vamos a volver a presentar porque tiene todos los elementos de los candidatos y de la intención del Gobierno en materia de seguridad jurídica, acceso y descongestión. Tenemos muy claro para dónde vamos y estoy de acuerdo con despolitizar la justicia, esa es una de las reformas que estaba contemplada que es quitarle la función nominadora a los magistrados para que se dediquen exclusivamente a los fallos”.


Por su parte, Zuluaga visualiza al Consejo Superior de la Judicatura y a todo el sector justicia modernizado desde su estructura institucional. Igualmente, indició que “la sistematización ordenada de los despachos judiciales, la gestión de información en tiempo real y el acceso a jurisprudencia y doctrina por parte de jueces y fiscales es central para una mayor eficiencia de la rama. Sin duda este proceso debe ser acompañado de programas de capacitación e innovación y una nueva política de identificación de talento y gestión de recursos humanos hacia el futuro”.



Juicios interminables y funcionalidad

Para agilizar los trámites, Juan Manuel Santos pondrá en marcha las normas del Nuevo Código General del Proceso para establecer la oralidad. Esto debido a que antes del 2017 ningún proceso se podrá demorar más de un año en la primera instancia y más de 6 meses en la segunda instancia.


“Aplicaremos las sanciones ya previstas en la ley para los jueces que no cumplan estos plazos y asignaremos los recursos necesarios para el establecimiento y funcionamiento de las salas de audiencias con la última tecnología”, indicó el presidente Santos, quien aspira a una reelección.


En otro lugar, se encuentra el deseo de que la justicia funcione como debe ser y para esto propone descongestionar la justicia teniendo en cuenta:


-Aplicar la figura de terminar los procesos por inactividad de alguna de las partes (desistimiento tácito), con lo cual podrían terminarse 500.000 procesos.


-Buscaremos “tutelizar” la administración de justicia, es decir, que los jueces ordinarios adelanten los casos ordinarios con la rapidez propia de la tutela.


-Cambiar la designación de jueces de descongestión por la creación de cargos permanentes.


-Fortalecer un verdadero “ejército de conciliadores” para que faciliten la solución de diferencias.


-Capacitaremos a los funcionarios de la Rama Judicial en TIC. Y los expedientes digitales podrán ser consultados en línea.


-Crearemos 50.000 nuevos cupos en las cárceles para facilitar la resocialización y garantizar la seguridad de la población.




Descongestión judicial

Al respecto, Óscar Iván Zuluaga expresó que Colombia enfrenta altos niveles de congestión judicial concentrada principalmente en la jurisdicción ordinaria en las áreas penal y civil. Este fenómeno se hace crítico puesto que la carga procesal de los juzgados afecta la pronta administración de justicia. Por tal razón, expresó que se ha fijado como meta una disminución de la descongestión judicial cercana al 50 % y llevarlo a cabo demandará: 


-Hacer más eficientes los sistemas de procesamiento y decisión de casos de menor complejidad mediante la creación de “jueces de competencia general”, que permitan a los jueces municipales hacer un mejor uso de sus atribuciones, concentrándose en casos de mayor cuidado. 


-Adelantar las reformas de carácter procesal que se requieran para evacuar de manera eficiente y sin sacrificar la calidad en la prestación del servicio judicial procesos que por características de cuantía, tipología y relevancia deban ser atendidos con prelación y con personal técnico experimentado. 


-La puesta en marcha de juzgados móviles que atiendan la demanda judicial en los lugares más apartados del país. 


-Aumentar la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos para que, a través de la conciliación, se resuelvan pleitos de manera efectiva sin requerir la atención del aparato jurisdiccional. 


-Desarrollar el concepto de Justicia Comunitaria para que la población pueda consolidar instrumentos de resolución de conflictos basados en valores colectivos. Este instrumento estará limitado por tipo de disputas, montos y sanciones. 


-Estimular la creación de centros privados de conciliación con el apoyo de universidades, Cámaras de Comercio y otras organizaciones de la sociedad civil. 


-Hacer más abierta la veeduría ciudadanía frente a la calidad de la administración de justicia y definir con claridad estándares de gestión que permitan medir el desempeño de los funcionarios de la rama. 


-Definir mecanismos procesales adecuados para hacer más eficientes la investigación y resolución de procesos ejecutivos que representan, según cifras oficiales, más del 70 % de la carga procesal civil y más del 30 % de la carga procesal de la jurisdicción ordinaria.