Editorial

Sombras y luces en la OEA
8 de Junio de 2014


Los defensores de los derechos humanos y la libre expresión no pueden bajar la guardia para garantizar que se preserven los principios que la doctora Botero ha defendido haciendo gala de templanza y responsabilidad democrática.

Aunque fue convocada con el tema “desarrollo con inclusión social”, la 44 Asamblea General de la OEA que concluyó el jueves en Asunción quedó atrapada por las tensiones recurrentes entre los países democráticos y los del Alba, cuya vocería en estas sesiones fue tomada por Ecuador, país que presentó sendas resoluciones que pretendían menguar la Relatoría de Libre Expresión, propuesta que no lograron imponer por la reacción oportuna de la comunidad mundial, y la capacidad de intervención del organismo y los estados miembros en defensa de la democracia, que fue presentada a última hora y aprobada en su integridad. Como ha ocurrido desde hace quince años, para salvar instituciones y garantías fundamentales, los demócratas cedieron en principios substanciales.


La arremetida contra la Relatoría de la Libertad de Expresión, organismo que hasta el próximo octubre estará dirigido por la valiente abogada Catalina Botero, colombiana, fue denunciada por el periódico La Nación y organismos de derechos humanos costarricenses. Gracias a esa alerta, que recogieron otros medios de comunicación y organismos defensores de los Derechos Humanos en el continente, los gobiernos democráticos lograron que la Asamblea General entendiera los riesgos que corrían si aceptaban sacar a esta dependencia de la sede de la OEA en Washington, dar potestad a los gobiernos para hacer una revisión previa a sus informes sobre el estado de la libre expresión y limitar su financiación mediante programas de cooperación internacional, que son la principal fuente de apoyo a las actividades del organismo.


El proyecto de Ecuador fue modificado por una resolución que determinó crear un fondo receptor de ayuda de cooperación internacional, del que pueden nutrirse las relatorías adscritas a la Cidh; la resolución permite además, que la Relatoría para la Libertad de Expresión pueda sesionar fuera de su sede. La acción limitó, por ahora, el alcance de la propuesta del Gobierno de Rafael Correa para despojar de potestades y capacidades al organismo que vela porque los gobiernos americanos cumplan sus responsabilidades en la promoción y protección del derecho de personas, organizaciones y medios de comunicación, a no ser molestados en razón de sus opiniones, y garantiza a los ciudadanos a recibir información de medios de comunicación que los gobiernos no pueden limitar en su capacidad de buscar y publicar información.


Dado que, tras la Asamblea General de 2013, el Gobierno ecuatoriano se había comprometido con no insistir en su afán de pretensión de minar las potestades de la Relatoría de Libre Expresión, a la que persigue desde 2011, y que en el próximo mes de julio se debe elegir el nuevo titular de esa dependencia, los defensores de los derechos humanos y la libre expresión no pueden bajar la guardia para garantizar que se preserven los principios que la doctora Botero ha defendido haciendo gala de templanza y responsabilidad democrática. Alertamos, porque entre los cinco aspirantes a asumir esa delegación desde el mes de octubre, tiene cierto vuelo el uruguayo Edison Lanza, quien, en línea con lo actuado por los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, en materia de libertad de prensa ha defendido “que los gobiernos tomen medidas contra la concentración de medios en pocas manos” para “restituir el pluralismo”.


Ecuador fracasó en su intento, apoyado por los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, de despojar a la OEA de uno de sus principales instrumentos de defensa de la democracia. A cambio de ello, y con la complacencia de los gobiernos, consiguió la aprobación por unanimidad de una resolución que abusa de los principios de respeto por la soberanía y no intervención en los pueblos, clásicos del Derecho Internacional Público, para imponer a la OEA y sus estados miembros la obligación de “superar situaciones de tensión y a la solución de crisis, con pleno respeto a la soberanía de los estados”. Sin darse cuenta, y arropados bajo el manto de la democracia  y el afán de buscar “la resolución pacífica de conflictos”, los países limitaron la capacidad de la OEA o de sus miembros para intervenir en situaciones extremas defendiendo la democracia formal, pero también la real, en los países miembros. Por ahora, la resolución comentada entrega patente de corso al Gobierno de Nicolás Maduro y la justicia a su servicio para que sigan realizando persecuciones políticas con el arma poderosa de la justicia penal y la amenaza de prisión. Manes de la democracia, ¡querido Pablo!