Editorial

Congresistas que no legislan
7 de Junio de 2014


De a pocos, como notificando al Gobierno y buscando aplauso entre los malquerientes de la iniciativa...

e a pocos, como notificando al Gobierno y buscando aplauso entre los malquerientes de la iniciativa, algunos representantes a la Cámara  de la Comisión Séptima, le anunciaron a los medios de comunicación el agotamiento del tiempo para debatir y aprobar el proyecto de reforma a la Salud, en las rondas tercera y cuarta del debate parlamentario. El miércoles en la noche, una de las representantes declaró, sin ocultar satisfacción, que no habrá ponencia para cerrar dignamente el ciclo del proyecto que buscó modernizar las estructuras y afinar la operación del sistema de salud. Como consecuencia, será preciso proponer un nuevo proyecto y reiniciar un trámite que desde ya se anuncia difícil.


Con la importante declaración de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Salud, ocurrida el pasado 29 de mayo, se establecieron las obligaciones del Estado y los prestadores con la garantía del derecho fundamental a la salud, el Gobierno obtuvo algunas herramientas para aumentar el control a abusos en el sistema, y al ciudadano se le preservó la tutela como instrumento de garantía, en caso de fallar los regulares. Los avances son importantes y han dado al país la tranquilidad de que el aseguramiento le representa la prestación del servicio en toda circunstancia y bajo la premisa de que la prioridad es su salud. Para realizarlos se requiere de un sistema fortalecido en su gestión y transparencia, como buscaba el proyecto de ley hundido por el Congreso. 


En materia de protección en salud, Colombia ha logrado ofrecer aseguramiento casi universal a través de los regímenes contributivo y subsidiado. Este paso representa un avance trascendental frente a la situación de 1993, cuando se aprobó la reforma a la salud, pero se ha quedado corto. Las necesidades de una población que se ha ido envejeciendo; los abusos y derroches de algunos actores, y la crisis financiera de las EPS, conspiraron para debilitar el sistema, llevándolo a una situación que exige una reforma que reorganice, modernice y corrija errores que se hicieron notorios con el paso del tiempo. El Gobierno y el Senado lo entendieron, se arriesgaron y tramitaron el proyecto de ley que asumía esa transformación hasta llevarlo, en octubre del año pasado, a la Cámara de Representantes.


El ingreso a la Comisión Séptima era la esperada oportunidad para concertar, como se hizo, las molestias de las facultades de medicina y los médicos especialistas con la propuesta de formar especialistas en los hospitales; para definir mecanismos de medición de indicadores que fueran comunes a todos los agentes y, sobre todo, para dar voz a la inconformidad de pacientes, prestadores de salud, cotizantes y Gobierno con el rol cumplido por empresas prestadoras que recibieron cuantiosos recursos y los derrocharon en lujos y gastos inaceptables. 


Pero desde que el proyecto de ley llegó a la Cámara fueron notorias las presiones interesadas sobre los representantes y el poco afán de los miembros de la Comisión Séptima por dar un debate responsable, transparente y a la altura de las necesidades de los colombianos. El primer acto del presidente de la Comisión, abogado Pablo Aristóbulo Sierra León, del Partido de la U, fue designar a los 18 congresistas como ponentes ante la célula, lo que hizo a sabiendas de que cuatro o cinco de ellos habían anunciado su rechazo al proyecto. A pesar de esa demostración de desinterés, más tarde ofreció apoyo para modificar el proyecto del Senado reduciéndolo a la creación de Salud Mía y la organización de los mecanismos de financiación. En abril, se promocionaron acuerdos que ofrecían la aprobación del nuevo organismo y la reorganización del sistema, mientras se anunciaban avances en propuestas para honrar las deudas y garantizar la prestación de los servicios. La esperanza pronto fue derrotada por la terquedad de los representantes que ni siquiera redactaron ponencia.


Estudiar, debatir y decidir si el proyecto de reforma era el apropiado, y merecía aprobarse con algunas modificaciones; si debía ser modificado para adecuarlo a las exigencias del sector, o si tenía tales fallas que convenía negarla, era la responsabilidad que tenían los 18 representantes de la Comisión Séptima, la mayoría miembros de la coalición gobiernista. Ellos prefirieron, sin embargo, dejar que el tiempo pasara para que, inexorable, se llevara una iniciativa que deja a la salud en circunstancias administrativas iguales o peores a las que tenía antes del inicio del trámite. Flaco favor le hicieron a la salud los interesados en este fracaso.