Editorial

El precio del manirrotismo judicial
22 de Mayo de 2014


A pesar de que fue dotada con amplias capacidades y recursos, la Agencia de Defensa no ha garantizado un cambio en la tendencia creciente de condenas al Estado.

En el año 2013, el Estado colombiano pagó  por indemnizaciones y conciliaciones judiciales la suma de $1.242.285 millones de pesos; en 2003, esa clase de sanciones le habían costado $251.040 millones. Significa, entonces, que en tan solo diez años, el gasto público por decisiones judiciales ha crecido 395 %, cifra superior al valor del aumento del presupuesto de gastos en cualquier otra área de inversión pública. En estos diez años, el Estado, es decir, los colombianos, hemos pagado indemnizaciones por $6’683.400 millones, cifra que supera en un billón de pesos al presupuesto más alto de Medellín en toda su historia, debido al ingreso de recursos por la fusión UNE-Tigo. 


El miércoles pasado, la Contraloría de la Nación entregó un completo balance sobre indemnizaciones pagadas por el Estado, los principales afectados por las sentencias y conciliaciones y las demandas presentadas en los dos últimos años, que no significan, sentencias contra el Estado. Sorprende la indiferencia general ante la denuncia de un hecho demostrado que impone pesadas cargas al Estado, limitando su disponibilidad de recursos que garantizan equidad en el acceso a los derechos fundamentales. También inquieta la mentalidad de despilfarro de jueces al impartir sentencias y de autoridades del Ejecutivo, que conceden generosas indemnizaciones, así no existan sentencias que las impongan, y que son, o deberían ser, garantía de justicia en la reparación y equilibrio en el gasto.


EL MUNDO ha alertado sobre el “manirrotismo judicial”, que ha tenido como actor de primer orden a la justicia contencioso-administrativa. Un ejemplo de esa postura es el reciente fallo que impuso al Congreso de la República pagar $831’931.000 a la firma Good Year. El daño fue calificado, atribuido y valorado por el consejero Enrique Gil Botero, que declaró la cuantiosa indemnización a cargo no de la Dian, que recibió los recursos, sino del Congreso, cuyo presidente y secretario General han guardado cómplice silencio no obstante que la determinación viola el sagrado principio de la inviolabilidad del voto parlamentario, como lo hizo notar el domingo pasado el columnista Jorge Arango Mejía, exmagistrado de la Corte Constitucional.


Esa sentencia reciente es bastante ilustrativa de prejuicios y errores de apreciación recurrentes en decisiones de magistrados del Consejo de Estado y de los tribunales superiores, que tratan al Estado colombiano como irresponsable actor que procura daño en sus asociados, tesis sin principio de realidad y con graves riesgos para la institucionalidad. Para decidir la jugosa indemnización a una compañía que pagó una tasa establecida en ley aprobada previo cumplimiento del trámite reglamentario en el Congreso, el alto tribunal recogió la declaratoria de inexequibilidad de la norma por la Corte Constitucional y la certificación del pago de la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, Tesa, entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 2001 y determinó, con base en jurisprudencia de España, no de Colombia, que la inconstitucionalidad tenía efectos retroactivos a favor de quien pagó una tasa vigente cuando hizo los desembolsos.


La indemnización impuesta al Congreso será pagada dentro de la categoría “otras”, listada en el juicioso listado que hizo la Contraloría sobre las entidades que más demandas reciben, que son las superintendencias de Sociedades y Financiera, y aquellas que resultan llevando el mayor peso de las condenas por parte del Consejo de Estado y los tribunales superiores: en primer lugar los organismos de seguridad y el Ministerio de Defensa, seguidos por la Fiscalía General de la Nación y por los organismos responsables de la construcción de infraestructura.


En 2012, el país asistió a la creación, con bombos y platillos, de un organismo adscrito al Ministerio del Interior, y dedicado a la protección del Estado frente a las demandas. A pesar de que se ofrecía como panacea frente al crecimiento de sentencias contra las instituciones públicas y de que fue dotada con amplias capacidades y recursos, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado no ha garantizado un cambio en la tendencia creciente de condenas al Estado. Baste con señalar que entre 2011 y 2013, los pagos por sentencias y conciliaciones pasaron de valer  $879.993 millones a costar $1’242.285 millones, y en la cifra no se cuentan las decisiones administrativas.