Editorial

Solidaridad y responsabilidad
20 de Mayo de 2014


EL MUNDO se suma a esta iniciativa e invita a sus lectores para que a trav閟 de esta y otras expresiones reclamen de los padres mayor cuidado a sus hijos y de las autoridades, diligencia.

Colombia ha sido nuevamente sacudida por hechos contra la infancia que merecen la mayor atención y claman por ser esclarecidos, pues en ellos se hacen evidentes no solo la desidia del Estado, sino la de la sociedad en general y, aunque duela mucho decirlo, la de sus familias en particular. 


En el corregimiento Chilví, de Tumaco, Nariño, la muerte de dos menores de edad, al parecer uno de ellos obligado por las Farc a lanzar contra la Policía una granada, puso en evidencia la tragedia de la utilización y  reclutamiento de menores de edad que Farc y bacrim realizan en la costa Pacífica, desde Buenaventura hasta las bocas del río Mataje. El horror se intensificó, cuando las autoridades de Tumaco y Nariño descorrieron el velo que oculta lo que hay detrás de este crimen de guerra. En testimonio al diario El País, de Cali, el obispo Gustavo García Higuita denunció el masivo reclutamiento que Farc y bacrim hacen de niños abandonados o entregados por sus padres a las garras de criminales que les pagan, si así se puede llamar a este horror, $300.000 mensuales. El dato fue corroborado por el director del Bienestar Familiar en Nariño, doctor Héctor Fabio Quiroz, quien denunció que el 23 % de la niñez de Tumaco está en condición de abandono y el 16 % padece de desnutrición crónica. La Defensoría del Pueblo denunció el reclutamiento, este año, de 119 menores de edad en la región Pacífico de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Expertos en la materia coinciden en señalar que en la gran mayoría de los casos estos menores ya han sido vícitmas del abandono y el desamor en sus propios hogares.


Con publicidad en algunos medios de comunicación, tal vez incrédulos ante tanta barbarie, las familias de los niños muertos por la explosión de la granada, organizaron una protesta que encontró respaldo en el personero, doctor Alex Castillo. Con ella buscaban desmentir al obispo, el comandante de Policía y el alcalde que ratificaron que al menos uno de los menores había sido obligado a llevar la granada que se le explotó al lanzarla contra los policías que descansaban, provocando heridas a ocho de ellos y la muerte de otro niño de 13 años de edad. Si las familias quieren, justamente, levantar el estigma sobre estos niños, que bajo cualquier óptica solo pueden ser considerados como víctimas, o si buscan ocultar su corresponsabilidad, es interrogante que la Fiscalía deberá aclarar en sus investigaciones y que la Mesa de Conversaciones deberá abordar cuando enfrente las substanciales discusiones sobre verdad y víctimas.


En Fundación, Magdalena, la explosión de un bus-trampa que había circulado durante dos años sin cumplir requisitos legales y que se usaba regularmente para transportar niños, dejaba, al cierre de esta edición, 32 niños muertos y 18 más heridos, mientras que no es posible confirmar si algún adulto los acompañaba. Aunque las versiones sobre las edades de los niños varían entre uno y doce años (¿por qué estaban tantos niños tan pequeños, solos?), se sabe que habían salido de un oficio religioso de la iglesia pentecostal de Colombia, cuyos pastores asumieron el transporte de los menores entre niños, acción para la que contrataban regularmente al conductor de 56 años, que no tenía licencia de conducir y debía multas por casi 500.000 pesos, y a su bus, un vehículo sin Soat, salidas de emergencia o revisión técnico-mecánica actualizada. El bus, como ocurre con muchos en la zona norte de la Costa Atlántica, tenía una bodega con pimpinas de gasolina contrabandeada; según testimonios, el conductor manipulaba esas pimpinas cuando ocurrió la tragedia que hoy enluta al país. 


Sin pretender restarle responsabilidades a los directamente relacionados con los hechos acaecidos en Tumaco y en Fundación, hoy queremos enfocar nuestra atención en el deber de protección y resguardo que tienen los padres o acudientes sobre sus hijos, pues el abandono de la niñez en algunos casos puede darse mediante acciones vulneratorias concretas, y en otros se esconde detrás de faltas reiteradas de cuidado que sin el más mínimo dolo, de todas maneras pueden conducir, como en los casos reseñados, a desenlaces fatales.


La Sociedad Colombiana de Pediatría ha convocado a una manifestación digital el próximo miércoles a fin de que los colombianos, vestidos de negro, nos hagamos fotografías para divulgar en las redes sociales a forma de rechazo al abuso de la infancia. EL MUNDO se suma a esta iniciativa e invita a sus lectores para que a través de esta y otras expresiones reclamen de los padres mayor cuidado a sus hijos y de las autoridades, diligencia para suplir a quienes no puedan atender sus obligaciones y decisión para vigilar y castigar a quienes abusan de esas ausencias para causar daños a infantes y adolescentes.