Columnistas

Por una Contraloría diferente
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
16 de Mayo de 2014


Con el inicio del proceso de elección de nuevo Contralor General de la República, lo que se debe iniciar es la discusión sobre el futuro del funcionamiento de los organismos de control.

Con el inicio del proceso de elección de nuevo Contralor General de la República, lo que se debe iniciar es la discusión sobre el futuro del funcionamiento de los organismos de control, en especial de los encargados  de ejercer el control de la gestión fiscal que adelanta la administración.


Aunque en los últimos días se ha puesto de presente la necesidad de adelantar una revisión de las  funciones que ejercerse  la Procuraduría General de la Nación,  como organismos encargado de ejercer la potestad  disciplinaria, es urgente y de conveniencia nacional que se desarrolle una revisión sustancial del ejercicio de las competencias de la totalidad de los organismos que ejercen control sobre la administración, lo que incluye además del disciplinario,  el de policía administrativa [las superintendencias], el control interno, y el control fiscal que sin duda es el que requiere de una más rápida y profunda transformación.


Se ha cuestionado el nivel de eficiencia de los organismos de control, en particular el de la Contraloría, ello es una consecuencia de la falta de claridad en relación con la determinación del objeto de tutela de protección de este tipo de controles, pues en algunos casos se entiende que la Contraloría es sustancialmente un organismo anticorrupción, en otros se entiende que se limita a ser un organismo con competencias indemnizatorias patrimoniales, que busca el resarcimiento del daño patrimonial que los gestores fiscales le ocasionan al Estado, y finalmente, en otros se piensa que se trata de un instrumento que busca que el Estado actué de acuerdo con reglas de gerencia pública.


Aunque se ha evidenciado que el sistema de control fiscal en Colombia, no corresponden a un patrón definido, el tema no se abordado como ha debido hacerse desde hace varios años. En Colombia debe transformarse sustancialmente el ejercicio del control fiscal, debe adoptarse un modelo definido y debe ponerse el ejercicio del control fiscal al servicio del mejoramiento de la administración y de la protección de los derechos de los ciudadanos.


Los cambios que requiere la Contraloría son sustanciales, pues están dirigidos a modificar la razón de ser de su existencia y la forma como se desarrolla el proceso de responsabilidad fiscal, pues esta función debe ser entregada o compartida con los jueces, pues no es nada conveniente, ni justo con el país, que la Contraloría pueda disponer de cinco años para expedir un acto administrativo, que una vez en firme puede ser objeto de control judicial por un periodo que aún puede resultar más largo.


Lo que sucede es que el asunto está mal planteado y debe revisarse, en adelante la Contraloría debería dedicarse sustancialmente a sus labores de auditoría y debería ejercer una modalidad de potestad sancionatoria sobre los servidores públicos y particulares que malgasten, derroches o desvíen el recaudo o la destinación de los recursos públicos, pero no deben ejercer la competencias punitivas, ni resarcitorias patrimoniales, pues las primeras le corresponden a la procuraduría y las segundas a los jueces. 


En otras palabras, la Contraloría debe sancionar la gestión indeficiente de las entidades del Estado o de los particulares que no cumplen las metas u objetivos asignados con recursos del Estado. El mayor valor de la actividad de las Contralorías debe encontrarse en el control a la gestión por los resultados, el contralor debe ser el garante de la adecuada ejecución de los planes y programas de la administración y en el pleno cumplimiento de los objetivos Estatales.


Una vez la contraloría detecte que se está ocasionado un detrimento o daño patrimonial al Estado, no debe iniciar un proceso administrativo de responsabilidad fiscal, sino que lo que debería es tener la oportunidad de adelantar un procedimiento en el que recauda pruebas del daño causado y con ellas acudir al juez administrativo para que el mismo decida con fuerza propia de las sentencias si concurren los requisitos legales para que se obligue al servidor público a resarcir el perjuicio causado.


No obstante los actuales esfuerzos por mejorar los niveles de eficiencia del control fiscal ellos no son suficientes, pues lo que se requiere no es ampliar la nomina de contraloría, ni mejorar sus instrumentos punitivos, ni los resarcitorios patrimoniales, sino entender que deben existir organismos de control que se ocupen de garantizar que se cumplen real y materialmente los fines del Estado y con ello se protegen los derechos ciudadanos.


El nuevo paradigma debe ser: al Contralor le va bien,  cuando a la administración le va bien, y a la administración le va bien,  cuando se cumplen con el objetivo para los que ha sido elegida.


En materia de control fiscal debe hacerse un alto en el camino, para repensarse, ponerse al servicio de la sociedad y convertirse en un mecanismo de concreción de las instituciones propias del Estado Social de Derecho, ese es el reto institucional propio de nuestra época.


*Docente y asesor