Columnistas

Servicios públicos y programas políticos
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
9 de Mayo de 2014


Sin duda alguna la prestación de los servicios públicos, no es, ni puede ser, un asunto de politiquería partidista, pues, el “clientelismo político” es uno de los factores que más puede llegar a afectar la administración de las empresas...

Sin duda alguna la prestación de los servicios públicos, no es,  ni puede ser,  un asunto de politiquería partidista, pues,  el “clientelismo político” es uno de los factores que más puede llegar a afectar la administración de las empresas, los derechos de los usuarios y la prestación de los servicios; eso explica,las drásticas transformaciones que la Ley 142 de 1994 hizo a los servicios públicos  con el fin de garantizar que su administración sería  técnica y ajena a intereses partidistas; pero de allí, ha excluir el modelo de prestación de los servicios públicos de los debates programáticos de los candidatos presidenciales, la diferencia es sustancial.


Asuntos como el nivel de intensidad con que el Estado interviene en el sector de los servicios, la orientación de la regulación tarifaria, en particular el énfasis en orientar la tarifa al precio o incluir factores de solidaridad y redistribución de ingresos, la reglamentación de los derechos de los usuarios y la orientación de inversión sectorial a garantizar la universalización de los servicios, son temas propios de la agenda política nacional y deben hacer parte de los programas de los Candidatos a la Presidencia de la República.


En una campaña como la que se adelanta para la Presidencia, era esperable que se presentarán propuestas atractivas en materia de servicios públicos, orientadas a promover la protección de los usuarios, la universalización de los servicios y el reparto equitativo de las utilidades o excedentes públicos que se generan en este sector,  pues,  tratándose de actividades inherentes a la existencia del Estado Social de Derecho, era apenas natural, que este tipo de temas fueran centrales en la agenda de los candidatos.


Sin embargo no todos vemos el entorno político de la misma manera, ni nos preocupan los mismos asuntos; y ante la ausencia de un debate programático de fondo, nos hemos visto abocados a discusiones y noticias mediáticas, que en nada resultan  útiles para ilustrar a los ciudadanos de las decisiones económicas y sociales que una vez elegidos pretenden adoptar los candidatos.


Es posible que los temas asociados a la prestación de los servicios públicos,  no revista interés entre la mayoría de los candidatos, pues los ven de la misma manera,  y no existiendo diferencias notorias, mal podría pensarse que este puedan ser un tema de debate; seguramente  para esos candidatos no hay servicios, sino mercados;  no hay tarifas sino precios, no hay usuarios, sino clientes, no hay protección para los vulnerables, pues solo existe el libre mercado y la competencia.


Aunque era de esperar que algunas campañas recogieran las banderas que hasta ahora ha defendido la Corte Constitucional en relación con (i) el acceso al mínimo vital en servicios públicos domiciliarios; (ii) la protección de la población discriminada y vulnerable como es el caso de los recicladores; y (iii) la necesidad de promover los diferentes derechos de los usuariosen particular el derecho al debido proceso antes de la suspensión de cualquier tipo de servicio público;  la realidad es que no ha sido así,  y que,  quienes se ocupan del tema lo hacen ante todo, con frases genéricas e indeterminadas y como asunto meramente publicitario.


No se ve claro, como pueda pasar inadvertido en una campaña electoral como la que se adelanta asuntos tan relevantes como:  (i) las notorias fallas del servicio de agua potable y saneamiento básico; (ii) la usencia de la adopción de medidas afirmativas a favor de la población recicladora en gran parte de los municipios del país; (iii) las continuas reclamaciones de los usuarios por fallas del servicio y mala atención por los operadores de telefonía móvil celular; (iv) las negativas y exclusiones en la prestación de los servicios de salud por partes de las EPS; (v) el desconocimiento del derecho de los usuarios más pobres a tener acceso al mínimo vital en todos estos servicios; (vi) la no entrega al Estado de las redes de telefonía celular que deben revertirle conforme a la sentencia C-555-13; y, (vii) temas afines que afectan la vida cotidiana de los colombianos. 


Frente a la inexplicable indiferencia de los partidos políticos, para que el  Congreso y del Gobierno, lideren este tipo de asuntos, finalmente han sido los jueces, en especial la Corte Constitucional  quien han venido a llenarlos y ha sido la acción de tutela el mecanismo idóneo y único de protección del derecho al que pueden acudir los ciudadanos; por ello,  resulta particularmente extraño,  que en lugar de salir en la defensa de tan importante instrumento democrático, por el contrario se escuchan voces que buscan modular o restringir sus efectos y posiblemente terminarlos.


Así las cosas,  vamos a acudir a elecciones sin saber que piensan los candidatos sobre temas muy sensibles para la vida económica y social de los colombianos.


*Docente y asesor