Editorial

Un debate pendiente
7 de Mayo de 2014


Ni siquiera el amplio despliegue de los medios locales de comunicación a la visión de dos diputados que discuten los resultados de la Fábrica de Licores de Antioquia en el primer trimestre de 2014...

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Ni siquiera el amplio despliegue de los medios locales de comunicación a la visión de dos diputados que discuten los resultados de la Fábrica de Licores de Antioquia en el primer trimestre de 2014, permite ocultar las falencias de su enfoque para discutir la reducción en ventas de la compañía. Fallan los doctores Gómez y Palacios cuando limitan su análisis a criticar las estrategias de mercadeo o las de control pero eluden analizar el comportamiento general de las ventas de licores, a pesar de que existen suficientes datos, y el impacto de recientes decisiones, que también han sido comentadas por los analistas. Sus posiciones se apartan de las conclusiones que la Asamblea produjo sobre este debate hace ya varias semanas. 


Por la precariedad de argumentos de los diputados en cuestión, lo revelado en los medios hace temer que se quieran imponer miradas sesgadas ¿o intereses particulares? en la discusión de una circunstancia que amenaza convertirse en problema estructural y que, por tanto, amerita nuevos debates de fondo por la Asamblea Departamental, para profundizar en datos serios sobre el comportamiento estructural del mercado, sobre la situación financiera actual y pasada de la FLA, y revisar así su situación general con la responsabilidad que exige considerar su presente pero, especialmente, comprender los riesgos de la más importante industria departamental.


Los diputados que iniciaron el escándalo han buscado juzgar la Gerencia de la FLA por la disminución en 32 % de las ventas de licor durante el primer trimestre del año. Tal resultado debe ser motivo de preocupación para un departamento que obtiene el 26 % de sus ingresos por las ventas de la licorera, y que hoy es el único de Colombia que sigue contando con tan altos ingresos por la venta de sus licores. Lo que resulta incongruente es proponer ese análisis sin considerar otros factores como la oportunidad de la medición y la vigencia de la ley sobre conductores ebrios, que, según los análisis del mercado, ha impactado entre 30 y 35 % la venta de bebidas alcohólicas y embriagantes, al tiempo que ha generado mayor tranquilidad en las vías públicas. 


En tanto avanza en la aprobación de leyes como la de conductores ebrios y en la vigilancia al cumplimiento de aquellas más antiguas como la que impone el control a la venta y consumo de bebidas embriagantes por menores de 18 años, el Estado intensifica sus intervenciones en el desarrollo de proyectos educativos y culturales que ofrecen nuevas opciones de aprovechamiento del tiempo libre. Todas estas políticas apuntan a un consumo más responsable y por lo tanto a una disminución del mismo.


El contrabando y la apertura comercial han venido transformando el mercado legal del sector y propinando fuertes golpes a las industrias licoreras oficiales, que entre 2011 y 2013 vieron decrecer las ventas de aguardiente de 48 millones de botellas de 750 cc anuales, a 40; el mercado del ron se encuentra aún más resentido, con una caída en las ventas de 23 a 11 millones de botellas, presentada apenas entre 2007 y 2013. En contraste con estos resultados, las ventas de vino han pasado de 24,4 millones de litros en 2007 a 39,2 millones en 2012, un crecimiento del 61 % que por supuesto ha afectado a los productores oficiales. Estas cifras de la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras no recogen las ventas de contrabando y menos las de licor adulterado, dos fenómenos que siguen amenazando la industria de licores.


Dadas las cifras generales del mercado de licores, yerran, pues, los dos diputados al pretender enjuiciar una gestión que demuestra mejores resultados que los que tienen los restantes actores del mercado de bebidas con alcohol. Lo que sí se precisaría de la junta directiva del Departamento, que es el papel de la Asamblea, es un análisis a profundidad sobre las amenazas crecientes para la venta de alcohol en el país y los impactos para una empresa oficial como la FLA, que sigue siendo la mayor vendedora de licores y se preserva como la única licorera departamental con estabilidad financiera suficiente, pero que por su naturaleza pública va perdiendo competitividad en un mercado que se globaliza.


En estas condiciones, el debate a la FLA no es por los resultados de un trimestre, sino sobre las decisiones que con visión de futuro deben tomar la Gobernación, la Asamblea y los antioqueños respecto de un activo que hoy es su mayor fuente de ingresos, pero que a futuro puede perder valor, además de presentar una enorme contradicción para un “Estado cantinero” que depende de la cantidad de licor que venda para invertir en salud, educación y cultura. Ese debate, que necesariamente tiene que blindarse de la politiquería que para defender intereses particulares lo presenta como una venta del patrimonio público, es el que esperamos abra la Asamblea en sus sesiones a partir del 1 de junio.




Comentarios
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Jorge
2014/05/07 05:37:01 pm
¿Por qué el editorial no menciona por ningún lado que el desempeño de la FLA fué peor en el periodo que el de las otras licoreras nacionales? Es bastante curioso que desde la tribuna en la que se ha defendido la privatización de la FLA se salga a criticar a quienes estamos llamando la atención y prendiendo alarmas para buscar salvarla.