Nacional

Defensoría del Pueblo pide intervención estatal en minería ilegal
1 de Mayo de 2014


Según la entidad, cerca de 1.500 personas que viven de la explotación aurífera ilegal en Santander de Quilichao son vulnerables no sólo por las condiciones de informalidad laboral, sino también por la influencia de actores armados como las Farc y bandas criminales, en esa actividad.


La Defensoría del Pueblo pidió hoy una intervención estatal para evitar que se repitan accidentes como el ocurrido en las últimas horas en una mina ilegal de oro en el suroeste del país que habría dejado al menos tres personas muertas y entre 20 y 30 atrapadas.


La entidad dijo en un comunicado que en diversos escenarios "había advertido sobre la necesidad de contener el fenómeno de la minería ilegal en ese sector", en referencia a la zona rural de San Antonio, del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, donde se produjo la tragedia.


El derrumbe en la mina se produjo en la noche del miércoles y hasta el momento han sido rescatados tres cadáveres y ocho personas heridas, mientras que según versiones de lugareños, puede haber entre 20 y 30 más atrapadas.


La Defensoría pidió a los ministerios de Minas y Energía, de Medio Ambiente y a otras autoridades "que se adopten medidas de fondo y se realice una intervención preventiva y correctiva, a fin de evitar tragedias como la que hoy se presenta en el municipio de Santander de Quilichao".


La Defensoría recordó que hace dos meses el entonces secretario de Gobierno de Santander de Quilichao, Ricardo Cifuentes, "fue amenazado luego de una diligencia para incautar la maquinaria que operaba ilegalmente en ese sector".


El pasado 25 de febrero, la Policía y la Fiscalía hicieron una operación en minas de la zona para incautar maquinaria pesada ilegal "y horas después Ricardo Cifuentes recibió amenazas contra su vida y renunció al cargo".


Según la Defensoría, los organismos de seguridad del Estado investigan informaciones según las cuales miembros del sexto frente de las Farc "participan de esa actividad mediante el cobro de cuotas por el ingreso y operación" de maquinaria pesada, como las excavadoras usadas en las minas.