Editorial


Orangután contra la Alianza del Pacífico
27 de Abril de 2014


Con el lento paso parlamentario, Colombia ya era el último de los cuatro países en aprobar el proyecto. Ahora no solo será el rezagado sino que ha comenzado a convertirse en el obstáculo.

Cuando el senador Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, declara que la Alianza del Pacífico es “la apuesta más importante en política exterior que se ha hecho en la última década” parece comprender los alcances del acuerdo que busca constituir y consolidar un área de integración profunda entre países que comparten sus convicciones sobre “la vigencia del Estado de Derecho y de los respectivos órdenes constitucionales, la separación de los poderes del Estado y la protección y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, según lo consagraron en la Declaración de Mérida, del 4 de diciembre de 2011. 


La claridad del congresista contrasta con las confusiones de la canciller María Ángela Holguín, quien en entrevista en febrero pasado destacó la Alianza como “iniciativa que busca construir un área de integración para avanzar hacia la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios”, olvidando que ella también promete “convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico”. 


La ministra de Relaciones Exteriores es la proponente del proyecto de ley 625 de 2012, presentado el 19 de septiembre de 2012. El proyecto inició su tránsito hasta la aprobación en cuarto debate, el 14 de mayo de 2013, y su sanción presidencial el 22 de mayo de ese año. Durante el trámite parlamentario, la doctora Holguín y los ponentes, senadores Roy Barreras Montealegre, Édgar Espíndola Niño y Guillermo García Realpe, y representantes Pedro Pablo Pérez Puerta, Juan Carlos Sánchez Franco y Albeiro Vanegas Osorio, no se percataron de que el proyecto de ley no había incluido dos artículos del acuerdo, lo que significa que el sesenta por ciento de los legisladores que aprobó la ley no la conoció. 


 


Esta semana, la sala plena de la Corte Constitucional certificó el vicio de trámite imposible de subsanar, razón por la cual declaró inexequible la Ley 1628 de 2013. La decisión, obligatoria para el Alto Tribunal porque los tratados internacionales deben ser aprobados sin modificaciones, implica que el Gobierno debe volver a presentar un proyecto de ley que incluya el texto íntegro del acuerdo del Pacífico y tratar de recuperar la confianza de sus aliados, que ya cumplieron plenamente con los pasos exigidos para dar vida plena al acuerdo de integración profunda. 


El trámite no es tarea sencilla. Hace trece meses, el doctor Eduardo Frei-Tagle, el expresidente y senador chileno, tuvo que viajar a Colombia para promover la aprobación del proyecto de ley 625 de 2012. Su presencia movió al 60 % de los legisladores a aprobar la ley, pero no impactó al 30 % que se abstuvo de participar en las sesiones ni al 10 % que la negó. Con el lento paso parlamentario, Colombia ya era el último de los cuatro países en aprobar el proyecto. Ahora no solo será el rezagado sino que ha comenzado a convertirse en el obstáculo.


Mientras la canciller Holguín, única ministra que puede presentar proyectos de ley en materia de tratados internacionales, calla sobre este traspié atribuible a su desidia frente a la Alianza del Pacífico, el ministro de Comercio ha anunciado que “se presentará un proyecto de ley que tendrá que cumplir con los cuatro debates en el Congreso de la República”. No aclaró el doctor Santiago Rojas si la nueva iniciativa llegará en esta legislatura agonizante o si la pospondrán para que nuevos congresistas y nuevo gobierno den aval pleno a la iniciativa. 


No hay que dejar pasar inadvertido el contraste en las actuaciones de la canciller Holguín frente a leyes que involucran su gestión. La diligencia para dar inicio al proceso de transmutación del Parlamento Andino en una corporación similar en el seno de Unasur, órgano del eje castrista, contrasta con el descuido ¿intencionado? en el esencial proceso de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del acuerdo que nos permite profundizar las relaciones con los aliados en el continente. ¿O será que este es el precio oculto que Colombia tiene que tributar a los gobiernos de Nicolás Maduro y Fidel Castro para que sigan manteniendo la discutida mesa de negociaciones con las Farc en La Habana? El Congreso queda a cargo de develar las razones ocultas tras el orangután del que fue tan víctima como el país y como los países que han depositado su confianza en la buena voluntad de Colombia con la Alianza del Pacífico.